El Tribunal Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ha resuelto reabrir la causa de Santiago Maldonado para investigar a personal de Gendarmería por abandono de persona, entre los señalados está el gendarme Emmanuel Echazú, principal sospechoso cuyo sobreseimiento ha sido revocado. Tras el cierre de la causa en 2017 quedaron pendientes numerosas medidas de prueba, se denunciaron aprietes a jueces y peritos, la autopsia fue deficitaria y el juez Lleral determinó arbitrariamente que Santiago "se hundió solo sin que nadie lo notara" contra toda lógica.

En un fallo de 15 páginas el Tribunal Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resolvió reabrir la causa Santiago Maldonado para investigar a efectivos de Gendarmería por presunto abandono de persona. Las pesquisas apuntan desde 2017 contra el subalférez Emmanuel Echazú, que fue sobreseído en noviembre de 2018 por orden del juez Gustavo Lleral, quien concluye en su informe que Madonado "se hundió solo sin que nadie lo notara". No obstante, los camaristas Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman cuestionaron la decisión del Lleral por no considerar otras líneas de investigación que no fueran el abandono de persona. Al trascender la noticia la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia declaró que "es muy importante porque demuestra la arbitrariedad con que se cerró la causa".

Tras una autopsia muy deficitaria y plagada de irregularidades, se dejaron fuera del peritaje numerosos elementos de prueba como el DNI de Maldonado, o los billetes que había en su billetera (poco menos de 60 pesos) cuyo deterioro es incompatible con haber estado sumergidos por más de 70 días, a temperaturas bajo cero como plantean desde el oficialismo. Asimismo, tampoco quedó claro dónde estuvieron los responsables de los escuadrones 35 y 36 de Gendarmería Fabián Méndez y Emmanuel Echazú entre las 10.00 am, hora en que se desarrolló la represión durante la que desapareció Santiago y las 5.45 am hora en que reportan su regreso al cuartel.

El caso Maldonado está lejos de cerrarse. Como proceso habla claramente de la grieta que separa también a la justicia, y reabre una discusión cuyas implicancias están directamente relacionadas con la solvencia y la imparcialidad con que el aparato judicial aborde este caso en que, sin mayores artificios narrativos, sabemos que un joven murió tras un operativo represivo del estado comandado por destacados dirigentes del ministerio de Seguridad.