Ángel Colazo era un joven de 16 años que padecía de consumo problemático de drogas. Durante el 2020 se había dado fugado varias veces de su hogar, por lo que desato la denuncia de su madre y desde la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Santa Fe, se encargaron de rastrearlo y recuperar al joven. El mismo fue internado sin su consentimiento por la policía en el hospital SAMCo de Villa Constitución, en donde en un estado febril constante, fue sedado, amarrado de pies y manos, en el lapso de 5 días.

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario, establecieron una denuncia por torturas el día 20 de enero ante el Ministerio Público de la Acusación, que además será elevada al Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura (CNPT). En la misma se detalla que: “En ese nosocomio es recibido por el psiquiatra Leonardo Steiner, el cual ordenó su internación, producto de esto el adolescente se altera, por lo cual lo atan a la cama de pies y manos."

La denuncia se establece que “En la madrugada del sábado 9 de enero, Ángel se altera, movilizando al personal de turno y la psiquiatra Bencivenga con miembros de la policía, lo terminan trasladando a terapia intensiva. Finalmente, el viernes 15 de enero, el adolescente tuvo un paro cardíaco que lo dejó en un coma profundo”.

"En el transcurso de su internación, su estado de salud se agravó y en la tarde del domingo 24 de enero, se produjo su muerte en la Unidad de Terapia Intensiva donde se encontraba con asistencia respiratoria. Lo que ocurrió con Ángel es claramente el desenlace fatal de políticas nefastas del Estado en la contención de jóvenes y adolescentes. Fue sometido a prácticas tormentosas y quienes ordenaron o avalaron esas prácticas tienen nombres y apellidos".

declaraciones de Federico Pagliero, abogado de la APDH.

La causa actualmente es investigada por la fiscal Analía Saravalli de la Unidad Fiscal de Villa Constitución. Se ordenó secuestrar la historia clínica de Ángel, y que la autopsia se realice bajo el protocolo "Minessota", un método que se aplica en casos de muerte en custodia estatal, orientado a evitar que los funcionarios del Estado que sean sospechosos de haber cometido crímenes de lesa humanidad puedan actuar o influir en la investigación.

“Lo que encontramos son restricciones tanto físicas como farmacológicas, lo que nos está marcando dos mecanismos de tortura que no solo están prohibidos por la ley de Salud Mental sino por normativas internacionales como las Reglas Mandela, sobre tratamiento de personas en custodia del Estado”, comentó la médica forense Virginia Creimer en representación de la familia de Ángel, que se desempeña como Directora Académica de la Consultora Pericial de Ciencias Forenses.

La violencia institucional no cesa en un mundo donde el poder psiquiátrico domina y hegemoniza todo tipo de padecer mental. Paralelo a esto, desde el 2 de diciembre del 2010, en Argentina fue promulgada la ley nacional de Salud Mental 26657°, en donde se pretende, entre otras cosas, que las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tengan todos los derechos y garantías que se establecen en la ley en su relación con los servicios de salud, entre los que están: "el derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios, con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de su salud".