El juicio por el asesinato del adolescente Joaquín Paredes a manos de la Policía de Córdoba ya tenía asignada fecha de inicio el próximo martes 30 de mayo. Sin embargo, la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje decidió prorrogarlo para el 24 de julio a las 09:00 horas, con continuidad el resto de los días de julio y el 1, 2, 3 y 4 de agosto a la misma hora.

El mismo fallo indica que se ha fijado el día miércoles 31/05 para que tenga lugar la audiencia de selección de Jurados Populares que estarán presentes en el juicio, constituido por un total de ocho: cuatro titulares y cuatro suplentes.

Debido a la postergación de casi un mes, familiares de víctimas de la represión policial como Soledad Laciar, madre de Blas Correas, cuestionaron el “manoseo” de la causa y no dejaron pasar por alto la nueva fecha, que se aleja de la prevista para las elecciones provinciales, el próximo 25 de junio.

En la causa por lo sucedido en octubre de 2020 en Paso Viejo (Cruz del Eje) están involucrados seis policías, de los cuales el más complicado es Michael López, sobre quien pesa la carátula de homicidio.

El de Paredes, será el tercer juicio por represión de la Policía de Córdoba contra jóvenes que se realizará en el lo que va de año, sumado al de Valentino Blas Correas y el de Isaías Luna. En todos se evidenció la participación conjunta de los uniformados para “contaminar” las escenas del crimen, lo cual corre el foco sobre la problemática de seguridad, a la que el Gobierno de la Provincia responde con mayor presencia policial en las calles, pero en condiciones cuestionables en términos de recursos y formación.

Habilitación de una "sala espejo"

Por otro lado, en el mismo fallo la Cámara resuelve “disponer la adaptación de la sala de audiencias para poder albergar a las partes, letrados y auxiliares, e implementar una sala de audiencia espejo en el Salón de Usos Múltiples (S.U.M.), donde podrán asistir los familiares, la prensa y el público en general para presenciar el debate”.

Se trata de una resolución que había sido pedida por el Cispren (Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba) y estaba dirigida al presidente de la Cámara, Ángel Francisco Andreu, por la  “la necesidad de garantizar a sus afiliadas y afiliados, trabajadoras y trabajadores de prensa y público en general, el acceso a las audiencias”.