A principios de esta semana, la familia de Pablo Grillo anunció que el joven fotógrafo, herido de gravedad durante la represión del 12 de marzo, inició el proceso de rehabilitación neurológica en el Hospital Manuel Rocca. Lo hace bajo el principio de plasticidad cerebral, con un enfoque interdisciplinario que busca reparar lo que el disparo del gendarme dañó en su cabeza.

El camino será largo, advierten, y requiere paciencia. Pero hay algo que aún no ocurre: el autor del disparo, el cabo primero Héctor Jesús Guerrero, sigue sin ser indagado.

Grillo recibió un el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la frente mientras registraba la protesta con su cámara. Cayó al suelo. Perdió masa encefálica. Estuvo más de dos meses internado en terapia intensiva. El disparo no fue un exceso. Fue directo, ilegal y ejecutado en línea recta al rostro.
Hoy, con pruebas acumuladas, peritajes incorporados y responsabilidades identificadas, la causa judicial está lista para avanzar. Pero no avanza. La querella, impulsada por la familia junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), advierte sobre una estrategia de encubrimiento institucional y una justicia que, por acción u omisión, legitima la violencia estatal.

“Está todo probado. Fue Guerrero. Fue un disparo ilegal. Puso en riesgo cierto y serio la vida de Pablo. ¿Qué más falta para que lo citen a declarar?”, se pregunta Agustina Lloret, abogada del CELS.

Un caso reconstruido con pruebas oficiales y civiles

El ataque a Grillo ocurrió durante una nueva manifestación frente al Congreso de la Nación en defensa de los jubilados y las sistemáticas represiones que ya venían padeciendo por parte del brazo armado del Estado que responde a Patricia Bullrich.

Pablo no estaba arrojando piedras ni cortando calles: estaba sacando fotos. Asistió por cuenta propia, como fotógrafo freelance, cubriendo la marcha desde su mirada personal y profesional, como tantos trabajadores de prensa que registran las calles por laburos o “en defensa de la patria”, como cuentan algunos colegas.

Fue alcanzado en la cabeza por un cartucho disparado por una escopeta lanza gases. Las imágenes muestran al gendarme arrodillado, apuntando en línea recta, y disparando. Ese gendarme fue identificado como Héctor Jesús Guerrero, de la Unidad Móvil 6 de Gendarmería.

“La prueba es abrumadora. Videos del Mapa de la Policía, registros de testigos, reconstrucciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y ahora también peritajes médicos. Todo indica que fue Guerrero y que el disparo fue absolutamente prohibido”, explica Lloret.

El informe del Cuerpo Médico Forense, elaborado con participación de peritos de la querella, de la defensa y del equipo oficial, fue concluyente: la conducta de Guerrero puso en riesgo cierto y serio la vida de Pablo Grillo.

Según explicó Agustina Lloret, ese era uno de los elementos que el juzgado necesitaba que quedaran formalmente plasmados en la causa. Sin embargo, pese a la contundencia del informe, la indagatoria aún no fue convocada.

Además, la propia Gendarmería reconoció, al enviar su reglamento, que ese tipo de disparo está expresamente prohibido por normativa interna, por estándares nacionales y por principios del derecho internacional de los derechos humanos.

“La causa está madura para avanzar. No se puede seguir esperando”, insiste Lloret.

Encubrimiento estatal y responsabilidades que suben

A la par de las pruebas judiciales, las omisiones del Ministerio de Seguridad trazan el contorno de un encubrimiento deliberado. Ante el pedido de la querella para saber si el cabo Héctor Guerrero había sido suspendido, sumariado o apartado de su cargo, la única respuesta oficial fue un expediente vago, sin nombre, sin detalles y sin consecuencias.

“Dijeron que habían abierto un legajo para investigar lo que pasó ese día. Pero no dijeron nada sobre Guerrero. No adjuntaron una sola hoja que demostrara que lo están investigando. Nada. Fue una respuesta vacía”, explicó Lloret.

Ese legajo genérico funcionó como un escudo administrativo, un expediente sin sustancia que sirve para aparentar acción sin ejercerla. Un documento que no menciona al agresor, no evalúa su conducta, ni establece si sigue o no en funciones.

Mientras tanto, Guerrero cuenta con abogados pagados por el propio Ministerio. La defensa legal institucional al gendarme que disparó, se suma al silencio de los superiores que estaban en el operativo y a la negativa de entregar pruebas internas.

“Es una política de Estado. A Guerrero no lo investigan. Lo protegen”, advierte Lloret.

La querella sostiene que no se puede hablar de un caso aislado. Este, como el resto de los gendarmes en el operativo represivo, fueron acompañados durante todo el operativo por jefes de grupo, que se los puede ver en los videos siguiendo su desplazamiento y dándole indicaciones. Algunos portaban cámaras GoPro. También estuvo presente el Director Nacional de Gendarmería y el jefe regional. Todos identificados. Todos en silencio.

“Hay una responsabilidad operativa y otra política. Desde lo discursivo se legitima la represión. Y cuando pasa algo como esto, el Estado no investiga: protege al responsable”, señala Lloret.

La abogada también recuerda que el operativo del 12 de marzo no dejó solo a Pablo herido. Una jubilada fue derribada y 114 personas fueron detenidas, muchas sin motivo alguno. Fue una escena de represión sistemática. “Te pegan un tiro en la cabeza por sacar una foto. Eso no puede quedar impune”, expresa la entrevistada.

La represión como doctrina y la justicia como última trinchera

El caso de Pablo Grillo no puede leerse fuera del marco político general. Desde la asunción de Javier Milei, la protesta social fue convertida en delito mediante una resolución ministerial conocida como el “protocolo antipiquetes”, impulsado por la ministra Bullrich.

Desde ese momento, cada marcha es una zona liberada para la represión, cuasi un Estado de Sitio. Y ahora también lo es para disparar. El CELS litigó la inconstitucionalidad del protocolo en el fuero contencioso administrativo federal, en un expediente que tramita ante el juez Pablo Cayssials McCormick.

Tras el ataque a Grillo, el CELS solicitó una medida cautelar específica para proteger a periodistas y reporteros gráficos, argumentando que se han convertido en blancos sistemáticos. El juez aceptó la propuesta de monitorear personalmente una marcha. Lo hizo. Ese día no hubo represión. Cuando saben que los están mirando, se cuidan. Cuando no, disparan. Así de claro.

La querella también señala que el disciplinamiento llega incluso al interior del Poder Judicial. Recuerda el caso de la jueza Karina Andrade, quien liberó a los 114 detenidos de ese mismo 12 de marzo. Al día siguiente, le abrieron una causa penal por supuestos delitos como prevaricato y encubrimiento.

El señalamiento en la acusa es de actuar arbitrariamente, sin analizar bien las pruebas, y de intervenir donde no debía. Andrade, en cambio, defendió su decisión con la Constitución en la mano: priorizó el derecho a la protesta y la libertad de expresión, algo que para ella estaba por encima de la lógica represiva. Pero la justicia no fue fácil: la denuncia pasó por diferentes fueros, con rechazos y desplazamientos, reflejando la confusión política y judicial que rodea el caso.
La querella advierte que esta persecución no es sólo contra manifestantes o activistas, sino que el disciplinamiento llega hasta el propio Poder Judicial. “Ni siquiera los jueces que hacen bien su trabajo están a salvo”, señala.

Para el CELS, la ofensiva represiva también apunta a quienes la registran, la documentan y la denuncian. “Este gobierno te saca los derechos. Y además te quiere sacar el derecho a quejarte de que te los sacan. Eso es lo que está en juego”.

Y por eso, el caso de Pablo Grillo no puede archivarse como otro expediente más. Porque no se trata solo de un disparo, solo de un fotógrafo o solo de un gendarme. Se trata del intento de dejar sin testigos a una parte de la sociedad que ejerce su derecho a la protesta. Se trata de la violencia como mensaje y proyecto, y la impunidad como norma y orden.

“Es fundamental que esta causa avance. Si la impunidad gana, lo que sigue es el silencio”, concluye Lloret.