El ex Potenciar Trabajo, ahora “Volver al Trabajo” -que representaba durante la gestión de Alberto Fernández la mitad de un salario mínimo, $78.000- se encuentra congelado desde que pasó a la órbita del Ministerio de Capital Humano en 2024. El mes pasado se anunció por Boletín Oficial que se eliminaría el ingreso, dejando a 950.000 personas sin un salario, que aunque ínfimo, le permitía cubrir gastos imprescindibles.

Organizaciones de trabajadores de la economía popular, piqueteros y cooperativas de trabajo, realizaron reclamos ayer 31 de marzo en diferentes puntos del país. En Buenos Aires, la UTEP fue hasta la casa de country donde reside Adorni -comprada siendo funcionario y que no está en los registros de la declaración jurada- a protestar por un ingreso que dejaría a casi un millón de personas en situación de indigencia, de las cuales el 60% son mujeres que trabajan en comedores comunitarios.

“Mientras investigan a Adorni por viajes millonarios y escándalos de corrupción, a los sectores más vulnerables nos sacan un ingreso básico que hoy sostiene comedores, cooperativas y espacios de cuidado en todo el país”, sostuvo la UTEP.

No es trabajo, ni tampoco un ingreso

La eliminación implicaría un ajuste directo de $72 mil millones mensuales, más otros $90 mil millones por el desenganche del salario mínimo. Según las organizaciones, se trata de unos USD 1.500 millones que el Estado destinará a financiar cursos de capacitación dictados por empresas privadas, “sin garantizar contrataciones posteriores”.

Para Nación estos números representan solo el 0,1% del PBI. Más que ahorro fiscal, es un desguace a las políticas públicas, teniendo en cuenta, además, a las 300.000 personas que quedaron desocupadas por el cierre de 23.000 mil fábricas en estos últimos 3 años.

Desde las organizaciones sospechan sobre la implementación del nuevo sistema de vouchers, ya que por un lado se prevé que hay un 30% de pobreza, sumada la masiva desocupación, no creen que el Ministerio de Capital Humano junto a las empresas que “prestan servicio”, capaciten y contraten a más de un millón de personas.

Además de las movilizaciones iniciadas ayer 31, se espera una movilización federal para el martes 7 de abril. Dejar sin trabajo a trabajadores comunitarios, retener alimentos en galpones hasta que se echan a perder y desindustrializar, más que generar nuevos puestos de trabajo, profundiza la desregulación de una economía que produce deuda y morosidad.

Fotografía de portada: Rodrigo Savoretti