El proyecto presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, titulado "abordaje integral del crimen organizado", obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados este miércoles, con 137 votos afirmativos, 92 negativos y 0 abstenciones, gracias a los votos de La Libertad Avanza y sus aliados del PRO, la UCR, el bloque Hacemos Coalición Federal que lidera Pichetto y la Coalición Cívica. Ahora resta que la trate el Senado.

Si bien el argumento principal del proyecto es “brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales” a través de la modificación del Código Penal, sectores de la oposición cuestionan que se contradice de lleno con las garantías constitucionales relacionadas a la libertad de organización y el derecho a la protesta.

En principio el proyecto define como “organización criminal” a todo grupo de tres o más personas que -criterio del gobierno- se reúna para cometer determinados delitos, entre los que aparecen figuras que hoy son utilizadas para ir en contra de las manifestaciones públicas. En este sentido, el diputado Juan Marino (UxP) en su alocución durante el tratamiento del proyecto en la Cámara Baja, expuso que “en esta ley no hay nada que pueda tipificar a qué sujeto está persiguiendo. Tiene inconsistencias jurídicas, supone fundamentos que no aborda”.

Marino puso de ejemplo la utilización de la figura el Artículo 89 del Código Penal utilizado por el fiscal Carlos Stornelli, para perseguir a quienes se movilizaron el 12 de junio contra la Ley Bases. En aquella fecha, la Oficina del Presidente de la Nación emitió un comunicado en el que felicitaba a las fuerzas que actuaron en el protocolo antiprotestas por reprimir a “grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina”. La palabra "golpe" y el eufemismo de grupos terroristas se asocia a la protesta social.

Otra figura que señaló Marino fue la de extorsión: “Ahora está siendo utilizada por el fiscal (Gerardo) Pollicita, en coordinación con el gobierno para perseguir a las y los dirigentes del Polo Obrero. Esa figura también es utilizada para atacar sistemáticamente a los sindicatos en nuestro país”.

A su vez, el proyecto determina que si un miembro de una organización señalada como criminal comete un delito grave, todos los demás miembros de la organización recibirán la misma pena, considerándolos cómplices necesarios del delito. En relación a este punto, Marino señaló que “literalmente colocan que cualquier persona que integre la organización que está siendo perseguida, pueda ser condenada por el delito más grave del que se acuse a esa organización, independientemente de si esa persona participa o no de los hechos en cuestión. Y a esa persona se le puede imponer una pena de entre 8 y 20 años de prisión“.

Además, la ley también crearía las llamadas "Zonas de Investigación Especial", en las que el Ministerio de Seguridad tendría potestad para detener sospechosos sin orden judicial, así como realizar pinchaduras telefónicas o espiar las conversaciones privadas en redes sociales también sin un aval de una autoridad judicial.

“Están generando un andamiaje jurídico para perseguir la organización popular. Esas acusaciones que han hecho no han tenido elemento probatorio suficiente alguno y sin embargo se han valido de ellos para montar una persecución que con este proyecto de ley, si se llega a aprobar, se va a agravar muy fuertemente”, agregó el diputado de Unión por la Patria.

Este proyecto se aprobó en un contexto donde se incrementan las expresiones de reclamo en las calles por parte de diversos sectores, afectados por las políticas de ajuste que implementa el Gobierno Nacional, en su a todo o nada por el déficit cero, por lo que desde el Ministerio se buscarían incrementar el margen de acción de las fuerzas federales que maneja Bullrich.

De hecho, en la previa de la Marcha Federal Universitaria de este jueves, Bullrich dijo en una entrevista para TN que hay “grupos” que están preparando “un golpe para noviembre o diciembre”, motivo por el cual endurecieron el protocolo antiprotestas. A pesar de estas graves acusaciones, la ministra no dio precisiones acerca de a cuáles grupos se refería y sólo arrojó un enunciado que, a futuro, le posibilita justificar y/o profundizar el accionar represivo que viene implementando.

Además, la normativa aprobada por Diputados viene acompañada de otros proyectos, por ejemplo, el que propone la modificación de la Ley de Seguridad Interior, presentado por Bullrich y el ministro de Defensa, Luis Petri, para que las Fuerzas Armadas puedan participar en operativos junto a las fuerzas federales, en los casos que el oficialismo considere pertinente. Así como la Ley de Orden Público que apunta de manera expresa contra los cortes de calle, amplía la “legítima defensa” para las fuerzas de seguridad, aumenta las penas para los delitos de “atentado” y “resistencia a la autoridad”, y tipifica el bloqueo a empresas.

El contexto que aprovechó el gobierno para impulsar este paquete de leyes fue en el marco de la escalada de violencia en la ciudad de Rosario que ocupó la tapa de los diarios varios días. En aquel entonces se enviaron militares del Ejército para que colaboren con la logística de los operativos de las fuerzas de seguridad. Aquí también fue la primera vez que Patricia Bullrich habló de “narcoterrorismo”.