Luego de desatarse el escándalo por el envío de material bélico desde Argentina a Bolivia para participar en el golpe de Estado el 13 de noviembre de 2019, el Fiscal Claudio Navas Ríos imputó por "contrabando agravado" al expresidente de la Nación, Mauricio Macri, a Patricia Bullrich (ex ministra de Seguridad), Oscar Aguad (ex ministro de Defensa), Normando Álvarez García (ex embajador en La Paz) y Gerardo Otero (ex comandante de Gendarmería Nacional) entre otros integrantes de Gendarmería.
Mientras se investiga el escándalo, el expresidente se encuentra en Europa. Desde allí realizó sus primeras declaraciones sobre el caso, diciendo que trata de "hechos falsos".
Por su parte, el fiscal Navas Ríos descarta que un avión Hércules C-130 con gendarmes a bordo y 70.000 municiones 12/70, haya pasado desapercibido ante los ex funcionarios de Juntos por el Cambio (JxC). Además el tipo de munición enviado no corresponde al utilizado por el Grupo Alacrán, envío autorizado y motivo por la que se imputa a Bullrich, ya que se trata de balas antidisturbios para utilizarse en represiones a protestas masivas.
Una pista que sigue Navas Ríos es la carta hallada en la embajada argentina, donde el ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros Lara agradece a Álvarez García el envío de 40.000 municiones antitumulto y granadas a Bolivia. La principal hipótesis es que de las 70 mil balas, 40 mil quedaron en manos de las FAB y el resto fue para la Policía de Bolivia.
Otra de las pistas es la solicitud a la Agencia Nacional de Material Controlado (ANMAC), realizada el 11 de noviembre de 2019 por la Dirección Logística de Gendarmería con la firma del comandante mayor Rubén Carlos Yavorski. La autorización es para "la salida temporal de armamento, municiones y los elementos que se adjuntan como archivo embebido". El material y equipamiento al que se refiere sería el utilizado en la misión, con la excusa de proteger al embajador argentino Álvarez García durante los acontecimientos del golpe, razón por la cual después "agradeció" el comandante boliviano Jorge Gonzalo Terceros Lara, hoy detenido.
La causa abierta en el fuero penal económico, fue presentada por el ministro de Justicia Martín Soria, la ministra de Seguridad Sabina Frederic y la titular de AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) Mercedes Marcó del Pont. El juez a cargo es Javier López Biscayart. Existe otra causa en el juzgado de Alejandro Catania, impulsada por el ex juez camarista Eduardo Freiler. En ambas el fiscal a cargo es Navas Ríos, quien ha solicitado la unificación de las causas, así como su no interrupción por la feria judicial.
Existe otra investigación que viene realizando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIDEI) y se espera que, en los próximos días, den a conocer su informe al presidente Luis Arce. Este organismo fue creado por un acuerdo entre Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Todas las investigaciones en curso se acercan a vincular al empresario argentino con los hechos que llevaron a las masacres de Sacaba y Senkata y conllevaron delitos de lesa humanidad durante el golpe. Así las cosas, en cualquier momento el Estado Plurinacional podría hacer sonar las alarmas internacionales solicitando su captura.
Fuentes:
ámbito financiero
Denuncian que la empresa no acata la conciliación obligatoria ante los despidos injustificados. “Por un lado recibe beneficios impositivos y por otro pasa por encima de la conciliación”, cuestionó el cuerpo de delegados.
Axel Catriel Frías (18) fue encontrado muerto por sus familiares en un canal del barrio Los Boulevares, luego de estar desaparecido desde el 23 de abril.
“Nunca hubo anuncio de paro, pero sí hay asamblea en el lugar de trabajo, lo que implica una paralización del servicio”, sostuvo el secretario adjunto de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, Juan Carlos Schmid.
