Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se efectuó una solicitud para ser querellante del proceso judicial del caso de Rafael Nahuel. El joven mapuche fue asesinado violentamente por la espalda por una bala de un miembro del "Grupo Albatros" de la Prefectura Naval Argentina. Fue en noviembre del 2017, durante un operativo por un conflicto territorial con el pueblo ancestral Mapuche. La idea principal es precisar quienes fueron los responsables del crimen y poder seguir visibilizando los hechos de violencia institucional que acontecen actualmente en Argentina.

El caso fue pasados tres meses de la desaparición y subsiguiente muerte de Santiago Maldonado. Todo apunta a la responsabilidad del Ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich. La anterior ministra a través de comunicados públicos defendió a rajatabla a las fuerzas federales de seguridad y desmintió que el principal acusado hasta el momento Francisco Pintos, haya sido el culpable de la muerte de Rafael. Esto se contrapone a las pericias que determinaron que la bala era coincidente con las armas del escuadrón de prefectos.

De Roca a Bullrich el Estado es responsable:

A través de un operativo que estuvo a cargo de la unidad Albatros en Villa Mascardi, Río Negro, seis agentes llevaron adelante una persecución que tuvo como consecuencia principal su muerte. En las últimas instancias del proceso judicial en 2019 se dio la anulación del procesamiento del prefecto Francisco Javier Pintos quien era el principal acusado del asesinato. Los magistrados comunicaron que se trató de un fallo "arbitrario" y el recurso de casación sostuvo que "los oficiales fueron agredidos por integrantes de un grupo que días antes ya había demostrado una elevada hostilidad que incluso culminó con policías heridos de gravedad".