Lejos de constituir un hecho aislado, la actuación de la policía mediante el uso de la fuerza en situaciones que respecta a la salud mental, son moneda corriente. En el lapso de 15 días, conocemos que hubo dos casos similares que resultaron ser mortales. El miércoles pasado, en la provincia de Entre Ríos, la policía asesinó a una joven trans de 27 años que atravesaba una crisis de salud mental. Su nombre era Victoria Nuñez. Un día antes, en la provincia de Salta, la policía mató a un joven que en pleno invierno caminaba por el Parque San Martín desnudo. Su nombre era Matías Nicolás Ruiz, y su cuerpo tenía marcas de moretones y de un borcego. 

¿Por qué la policía es la institución legitimada para intervenir en estos casos? Es cierto que en casos extremos, para la mayoría de las personas que presencian situaciones en las que alguien atraviesa una crisis de salud mental, marcar el 911 es una carta a jugar. Esa manera de proceder hace eco de aspectos estructurales de la sociedad: el uso de la fuerza y el castigo para abordar conflictos. La policía interviene para restablecer el orden donde “la locura” no está contemplada.

Por otro lado, en líneas generales la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) sancionada en nuestro país en 2010, plantea algunos ejes principales de abordaje, anexados entre sí: interdisciplina, intersectorialidad, derechos humanos, con el objetivo de trasladar las discusiones y prácticas acerca de la salud mental a un plano integral, donde la salud sea vista en relación a las instituciones, los saberes científicos y la sociedad (vínculos, familia, comunidad). De este modo, se abre el abanico de acción, donde las fuerzas policiales no ingresan bajo ningún punto de vista prioritario, porque su ingreso refuerza la mirada prejuiciosa del “loco peligroso”. Por el contrario, lo que se debe reforzar es la idea de la salud mental como un derecho, algo atinente a la dignidad humana. En este sentido, la LNSM constituye un gran avance en materia de derechos en relación a una problemática que históricamente desde las instituciones del Estado occidental se ha tratado desde la peligrosidad, el encierro y el uso de la fuerza. Por ejemplo, el artículo 4 de dicha ley contempla al consumo problemático, ya no como una incumbencia de materia securitaria, sino algo a atender desde la perspectiva sanitaria y el abordaje integral.

Además, se supone que las fuerzas de seguridad adhieren a un protocolo de intervención ante la sospecha de intoxicación o abstinencia de sustancias. El Ministerio de Seguridad de la Nación lo tiene vigente desde 2013, en consonancia con la Ley de Salud Mental. El protocolo está dirigido tanto a la Policía Federal como a Gendarmería, Prefectura y Seguridad Aeroportuaria. "Solicitar la atención inmediata del equipo de salud es la primera estrategia de mayor utilidad y prioridad en estas situaciones de urgencia, particularmente cuando la evaluación inicial permite sospechar o incluso confirmar la intoxicación o abstinencia de sustancias, o bien la presencia de otros padecimientos físicos o mentales". 

Como suele suceder, cuando aparece la policía, los protocolos se diluyen y quedan en la nada. La respuesta queda en el uso de la fuerza para “controlar” las situaciones. En ese marco, el Ministro de Seguridad de Axel Kicillof, Sergio Berni, coincide con la ex ministra, Patricia Bullrich, en solicitar las pistolas Taser. Ambos acuerdan en plantear que “Chano no estaría gravemente herido”, de haber usado las Taser, según Bullrich; y en palabras de Berni: “Si la Policía hubiese tenido una Taser, esto no hubiese ocurrido”. Es decir, Chano debería agradecer estar vivo, todavía, porque la policía no es culpable de la violencia desmedida que disparó contra su cuerpo, sino que es víctima de no tener en sus manos pistolas con descargas eléctricas.

El hecho de que las fuerzas policiales continúen actuando ante estos casos, visibiliza algunos aspectos que pueden ser pensados desde dos puntos: por un lado, la constante presencia policial que se hace efectiva ante las emergencias, incluso cuando estas tienen que ver con la salud. Es decir, se ha trasladado la visión de "seguridad" al actuar policial, invirtiendo cada vez más en las fuerzas de choque. De aquí se desprende el siguiente punto, ligado a la carencia de políticas de salud integrales de abordaje psicosocial, que permitan atender los diversos casos de salud como tales, con una atención "segura" hacia quienes se encuentran en situaciones críticas como en los casos expuestos más arriba. Algo que visibiliza este punto, por ejemplo, es la postergación para adaptar los hospitales monovalentes (hospitales que atienden un solo tipo de padecimiento o enfermedad) a los hospitales generales, plazo vencido en 2020 y postergado a 2025. En este sentido, el escenario en políticas de salud se caracteriza por el atraso.

El año pasado hubo un caso de extrema violencia por donde se la vea, que también estuvo atravesado por la problemática de la salud mental. En el barrio de Palermo, un hombre de 51 años, llamado Rodrigo Facundo Roza, agredió a un policía con 4 puñaladas que le causaron la muerte luego de unas horas. En ese momento, la víctima, Roldán, baleó a su agresor. Días después, éste también murió en el hospital. La madre de Roza declaró que él sufría brotes psiquiátricos y que había dejado de tomar la medicación. 

Constituyó un hecho lamentable, donde la violencia social y sistemática se vio plasmada en la pérdida de dos vidas. Sin embargo, los discursos que se amplificaron a raíz del caso fueron sumamente punitivos. Ganó una vez más, con la gran complicidad de los medios de comunicación, la necesidad de endurecer la actuación de la fuerza, y de brindar herramientas que aunque no sean mortales, sean brutales. Es decir, el relato de la “seguridad”, se legitima a la par de la escalada de violencia. En esos casos es difícil detenerse a pensar otro tipo de respuestas integrales, pero eso es una ilusión que nos vende el sistema: ante la urgencia reforzar la violencia.