Hoy jura Gerardo Morales la reforma de la Carta Magna aprobada de la noche a la mañana en medio del conflicto salarial docente -aún irresuelto- desatando el “Tercer Malón de la Paz”.
Las comunidades indígenas y docentes, al frente de una fuerte resistencia en distintos puntos de la provincia, se oponen a la modificación constitucional, ya que no respeta la letra de la Constitución Nacional que adhiere al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en lo que refiere al derecho a los artículos de de Tierras Fiscales (art. 94), Régimen de Aguas (art. 75) y la prohibición de cortes de rutas y calles (art. 67).
Debido a las manifestaciones tras casi dos semanas de conflicto, el Gobierno de Jujuy inició una cacería contra las manifestaciones registradas en distintos puntos de la provincia. Las represiones más duras se han registrado en las localidades de Humahuaca y Purmamarca, sobre todo en esta última, en los cortes de las rutas 9 y 52, donde incluso manifestantes detectaron y retuvieron policías de civil infiltrados.
Docentes indígenas autoconvocadas denuncian que se inauguró una nueva etapa represiva en Argentina, con disparos de balas de goma al rostro -tal como sucedió en el estallido social de 2019 en Chile- donde cientos de personas perdieron un ojo. En el caso de Jujuy, la primer víctima de este mecanismo represivo es Mijael Lian Lamas, joven indígena de 17 años de la comunidad Chalala, quien perdió su ojo derecho tras un disparo recibido el pasado 18 de junio.
Debido al escenario crítico que se vive en la provincia norteña, aunque también en solidaridad a la resistencia que impulsa el pueblo de Jujuy (que a esta altura exige la renuncia del gobernador y pre candidato a presidente, Gerardo Morales) en distintos puntos del país, diversas organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos convocan a un “Jujeñazo nacional” este martes 20 de junio, en las Casas de Jujuy que hay en las distintas provincias.
Fuentes: Telesisa
En la previa del segundo gran paro general contra el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales aliados, el Bloque Piquetero Nacional -conformado por UTEP, Polo Obrero y el FOL- realizó cortes y movilizaciones en 500 puntos del país.
Organizaciones y referentas feministas y de la comunidad LGBT hicieron hincapié en el contexto vigente, donde los discursos de odio se han convertido en política pública por parte del Gobierno Nacional.
Dirigentes sociales se encuentran imputados por participar de una protesta social contra el hambre en Argentina. ATE cuestionó la causa calificándola de “armada” y apuntó al fiscal De Aragón, el juez Fernández López y la Cámara de Comercio.
