Mañana la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara de Diputados presidiada por Silvia Lospennato (PRO) comenzará a investigar la visita a los represores de la última dictadura condenados por crímenes de lesa humanidad, que hizo la comitiva de diputados libertarios en el penal de máxima seguridad de Ezeiza, el pasado 11 de julio.

La visita que encabezó Beltrán Benedit (Entre Ríos) y acompañaron Rocío Bonacci (Santa Fe), Alida Ferreyra (CABA), Guillermo Montenegro (Buenos Aires), Lourdes Arrieta (Mendoza) y María Fernanda Araujo (CABA), implicó una reunión con personajes como Alfredo Astiz y Mario Alfredo Marcote, alias “El Cura”, considerado por los sobrevivientes de la dictadura como “el violador serial del Servicio de Informaciones”.

La foto del encuentro generó un escándalo y de inmediato algunas diputadas como Arrieta y Bonacci intentaron excusarse aduciendo haber sido "engañadas" por sus compañeros de bloque, versión que sí favorece a la santafesina, ya que no figura en la foto. Quien también se expresó al respecto en el equipo libertario, aunque no estuvo en la comitiva, fue la diputada libertaria Lilia Lemoine, quien afirmó que se trató de una "visita humanitaria a gente que está, en algunos casos, ilegalmente detenida".

Lo importante, es que la investigación por la visita podría llegar hasta la propia Patricia Bullrich, ya que el Servicio Penitenciario Federal depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. También podría ser un puntapié para investigarse las otras visitas a represores en la Unidad 34 de Campo de Mayo, que hicieron hombres de Luis Petri, ministro de Defensa, y que involucra a otros funcionarios del Gobierno Nacional.

En medio del escándalo por la visita en Ezeiza, trascendió que el objetivo la misma fue acercar un borrador de proyecto para alivianar las penas que pesan sobre los detenidos en cárceles comunes, brindándoles el beneficio de la prisión domiciliaria, que habría sido elaborado por el cura Javier Olivera Ravasi, hijo de un represor condenado y activista de derecha.

En este marco, la semana pasada Olivera Ravasi fue expulsado de la diócesis de Zárate-Campana, donde residía -aunque proviene de la Diócesis de San Rafael, provincia de Mendoza- luego de que se conociera su vínculo con el proyecto y por “numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano”, explicaron desde el Obispado Zarate Campana.

Además de los diputados y de Olivera Ravasi, también estuvieron involucrados abogados defensores de la dictadura militar y la jueza Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura y ex asesora del ministro de Justicia del macrismo, quienes integraron un grupo de WhatsApp para organizar la visita.

Foto de portada: Abuelas de Plaza de Mayo