El pasado 3 de junio se cumplieron 9 años del primer #NiUnaMenos y las cifras constatadas en los informes no arrojaron datos alentadores. Según un informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2023, se registraron 250 femicidios directos, es decir, 1 femicidio cada 35 horas en Argentina, datos que representan un 11% de aumento respecto de 2022.

Asimismo, en el último informe del Observatorio Nacional Mumalá quedó registrado que ya hubo 89 femicidios de mujeres, lesbianas, travestis y trans en lo que va del año. Es decir, una muerte cada 40 horas sólo en el primer semestre.

A pesar de esta problemática que está lejos de disminuirse, y aún más lejos de tener fin, el gobierno de Javier Milei, como continuidad del plan motosierra del Estado, tomó la decisión en la misma semana del #NiUnaMenos, de disolver la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género, que estaba en la cartera del superministerio de Capital Humano. Esto era lo poco que quedaba del degradado ex Ministerio de Mujeres y Disidencias de la Nación, para prevenir y también asistir a víctimas y familiares.

En este marco, distintas organizaciones se pronunciaron para exigir “al Poder Ejecutivo que esté a la altura de la urgencia y designe inmediatamente una estructura adecuada para dar respuesta a un problema que no cesa”. El comunicado está firmado por Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundeps, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Asociación Civil Generar Políticas, el observatorio Data Género y el medio periodístico LatFem; y adhieren cientos de espacios y personalidades del movimiento feminista en Argentina.

En referencia a las cifras, las organizaciones plantean que “la violencia letal por razones de género está lejos de ser resuelta. El problema es real y no ideológico. A estos datos de letalidad hay que sumar los 124.000 llamados a la línea 144, una política de estado que lleva 10 años de existencia y que es nodal para la prevención”, agregan.

A su vez, recuerdan que “las políticas públicas para la atención de los casos de violencia de género son parte de un compromiso que el Estado argentino tiene históricamente en el marco de acuerdos internacionales y por eso hace casi 40 años se crearon institucionalidades de género que las llevan adelante. Argentina ocupa un rol privilegiado en el cumplimiento de esos acuerdos y ha sido pionera en la toma de medidas contra la discriminación y la violencia contra mujeres y personas LGBT. Es tomada como ejemplo a nivel internacional”, insisten.

Debido al desagüe de la estructura del Estado para abordar, prevenir y erradicar la violencia machista, no sólo se estarían quitando fuerza a las políticas públicas, sino que también se estarían incumpliendo con obligaciones internacionales, al estar adherido a la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) otorgándole rango constitucional, advierten:

“Con el cierre de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género el Estado argentino se retrotrae a tiempos previos a 1987 cuando se creó la primera subsecretaría de la mujer y desanda un camino de avance progresivo que logró en estos últimos 37 años”.

Asimismo, se incumple con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem do Pará) fijada a través de la Ley N° 24.632, sancionada en 1996.

En este sentido, en relación a las políticas de ajuste que lleva adelante el gobierno con su obsesión por el déficit cero a base de motosierra, plantean: “El ordenamiento fiscal no puede hacerse a costa de las muertes y otras formas de violencias discriminatorias hacia la población. Nuestra sociedad ha construido un consenso frente a la violencia de género. No es una opción dar marcha atrás con cuatro décadas de avances”, remarcan.

“Exigimos al gobierno que esté a la altura de la urgencia y designe inmediatamente una estructura adecuada para dar respuesta a un problema que no cesa. Instamos al Congreso a observar que las leyes que define para la protección social sean ejecutadas”, insisten al final del comunicado.

Nuestra Constitución Nacional otorga rango constitucional a la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) comprometiéndose a la elaboración de políticas encaminadas a eliminar la discriminación contra las mujeres por todos los medios apropiados y sin dilaciones y consagra la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem do Pará) en 1996 a través de la Ley N° 24.632. Con el cierre de la Subsecretaría, los compromisos dejan de tener autoridad de referencia para el diseño de políticas y presupuesto y la Ley N° 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres dejará de tener autoridad de aplicación. 

Foto de portada: Julio Pereyra para Enfant Terrible