El Gobierno de Javier Milei, a través de Luis Petri (Ministerio de Defensa) y Patricia Bullrich (de Seguridad Nacional), profundiza la utilización de las fuerzas militares para situaciones que atañen a la seguridad interior, algo logrado a través de decretos y propuestas de leyes, que tienden a desdibujar, cada vez más, la división de roles entre las fuerzas de seguridad interior y las fuerzas armadas para la defensa exterior.

A principios de septiembre, Defensa movilizó a 10.000 militares en el autodenominado “Operativo Julio Argentino Roca”, con la excusa de combatir el narcotráfico. Dicho operativo -a contramano de la campaña que consolidó la conquista de Argentina sobre la Patagonia- consistió en retirar a las Fuerzas Armadas de esta región, y llevarlas al NOA, hacia pasos fronterizos ubicados al norte y noreste de la provincia de Salta, en la frontera con Bolivia.

Esta sería la versión militar del llamado “Plan Güemes” que desde 2024 impulsa el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, junto al gobernador salteño Gustavo Sáenz, que inició al poco tiempo de firmarse el Decreto 1107/2024, el cual habilitó el ingreso de los militares a cooperar con la "seguridad interna".

Como puede verse en la resolución 347/2025, firmada por Petri y publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno interpreta la letra de la Ley de Defensa Nacional para justificar que el narcotráfico representa una amenaza exterior y así mover las tropas para “garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes”.

Cabe preguntarse si acaso las Fuerzas Armadas no tienen tareas más importantes como mantener el control territorial en la Argentina austral, con las Islas Malvinas y otras áreas ocupadas por el Reino Unido, sumado a su creciente interés por la Antártida, junto con Estados Unidos, que se interesa cada vez más en instalar una base militar en Ushuaia.

La “espectacularización” narcoterrorista

Una parte clave de esta avanzada castrense es la introducción del “narcoterrorismo” en el discurso político. Pero, ¿qué es el narcoterrorismo? Si se busca el término, aparecen distintos contextos en los cuales se lo aplica, pero en todos ellos supone un escenario de intervención militar en la seguridad interior para combatir el crimen organizado transnacional. Si bien hay distintas experiencias geolocalizadas, todas residen en países latinoamericanos como Colombia y México, donde en el primero se emplea a partir de los años 80, mientras que en el segundo se consolida a principios de los 2000.

Al respecto de Argentina, la aplicación reciente de la figura narcoterrorista en el plano local sucede luego de los hechos violentos ocurridos en Rosario, durante los primeros meses de empezar el Gobierno de Javier Milei, según explica Tabaré Echeverría, editor de Revista Mate y militante por la reforma de las políticas de drogas, en diálogo con Enfant.

“A partir de la serie de asesinatos que hubo en Rosario a principios del 2024, luego con el video que se viralizó donde encapuchados con armas largas amenazaban al Gobierno Provincial y Nacional, se pudo ir argumentando una lógica de narcoterrorismo, para sacar decretos de reglamentación de leyes de seguridad interior y de defensa nacional que fueron permitiendo la participación de los militares en tareas que no les son propias”, argumentó el periodista.

A su vez, -narcoterrorista- es la misma denominación que utiliza Trump para referirse a los objetivos que ataca en las inmediaciones del territorio marítimo perteneciente a Venezuela, donde Estados Unidos incrementa sus ejercicios militares desde principios de septiembre. Asimismo, el llamado «Cartel de los Soles» que supuestamente involucra a funcionarios, políticos y militares venezolanos, también ha sido declarado como “organización terrorista” por el Gobierno argentino.

Para Tabaré, estas políticas “responden a la continuidad de los intereses de la DEA y la Embajada de los Estados Unidos para garantizar su control en nuestro territorio”, sostiene. En este sentido, Bullrich ya ha tenido varios gestos y menciones de cooperación con la Administración del Control de Drogas (DEA) estadounidense por medios de viajes, así como recibimientos de autoridades como Kristi Koem, su homónima en Seguridad del gobierno trumpista. De aquí que podría explicarse la alineación casi inmediata de Argentina con el país norteamericano en cuanto a la cuestión Venezuela.

En síntesis, según Echeverría, la utilización del término se emplea para “justificar despliegues securitarios que tienen una clara orientación punitiva”, con una finalidad política para “hacer demagogia con la mano dura sin apuntar a problemas reales”. El imaginario de terror del fenómeno se “infla” y se acompaña por una “espectacularidad”, a través de los medios y las redes sociales.

“El ajuste de Milei es el avance del narcotráfico”

Así describió Nerea, psicóloga y coordinadora nacional del movimiento social «Ni un pibe ni piba menos por la droga», al resultado de las políticas de ajuste que desde septiembre comenzó a implementar el Ministerio de Salud a través de la Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas), tras dar de baja 32 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) en distintos puntos del país.

Las CAACs están contempladas en Ley Nacional 26.934, como parte del Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, y tienen entre 10 y 15 años en funcionamiento, según su inauguración.

“Lo importantes es que están arraigadas en lo más profundo de los barrios, entonces llega a lugares donde el Estado la gran mayoría de las veces no llega. Donde llegan los pibes más rotos, y empezas a ver las necesidades de cada persona, donde comen, donde tramitar el DNI, donde tienen atención profesional y desde ahí se va complejizando la modalidad de acompañamiento desde una mirada integral. Se vuelve un espacio de contención”, explica la psicóloga.

Al igual que con los comedores comunitarios, las casas están gestionadas por los movimientos sociales, como Ni Un Pibe Menos por la Droga, Vientos de Libertad en el MTE, la Red Puentes, Casa Pueblo Movimiento Evita, la Iglesia Católica, entre otras organizaciones de la sociedad civil. Es por esto que el ajuste no sólo implica la quita servicios de atención, sino que también golpea a las organizaciones populares.

Lo llamativo es que la motosierra pasa por estos espacios, mientras el Gobierno instala su narrativa de combatir al narcotráfico. Es decir, debilita las organizaciones que están en los mismos territorios donde, si no están ellas, ni el Estado, ¿quién entonces?

“Si vos desfinancias a los espacios que contienen a todos los chicos, si todo eso se corre y el Estado no está, lo que avanza es el narcotráfico en los barrios, porque es terreno liberado para los narcos. El Estado no está, las organizaciones sociales son demonizadas, es dar lugar a que el narcotráfico pueda meterse más en los barrios”, sostiene Nerea.

Ajuste y degradación de las Fuerzas: violencias a pequeña y gran escala

La política de desregulación y ajuste que implementa el Gobierno también afecta a los militares. Por un lado, la crisis salarial -como uno de los principales motivos- ha generado que más de 18.000 efectivos hayan decidido retirarse de las Fuerzas Armadas. A esto hay que sumarle la quiebra del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) -una de las OS más grandes del país- que acumula deudas, déficit y bajas en las prestaciones. Estos dos problemas, pueden entenderse como la punta del iceberg del récord en desinversión en defensa que vive Argentina.

Este es el marco en el cual se pretende que los militares “combatan” al narcotráfico.

Pero hay otro elemento que, según Tabaré, genera descontento entre los soldados para realizar este tipo de tareas, que tiene que ver con un antecedente clave en la historia argentina: “saben que el día de mañana, quienes paguen los platos rotos por los problemas que puedan surgir de ese involucramiento, van a ser ellos, como sucedió en la sangrienta dictadura cívico militar que tuvimos en nuestro país”, plantea.

Las consecuencias de degradar a la función policial a las fuerzas, están a la vista. En Ciudad Juárez, México, tras el despliegue de 45.000 soldados y agentes de la policía federal para combatir a los carteles de la droga, durante la presidencia de Felipe Calderón, los asesinatos subieron de 182 y 340 asesinatos entre 2006 y 2007, a más de 1300 en 2008, y para 2010 ya alcanzaban los 3000 asesinatos anuales.

Mientras que, en Colombia, aún tiene vigencia el fenómeno de los 'falsos positivos', donde población era asesinada y disfrazada con botas militares y uniformes, para hacerlos pasar por integrantes de organizaciones guerrilleras.

Por su parte, Nerea coincide en que las consecuencias del involucramiento de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior son “mayor tensión y violencia” en los barrios. En este sentido, advierte sobre la profundización de este fenómeno, con el reciente lanzamiento del programa de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes, que sostiene la lógica de “seguir buscando perseguir a los pibes que caen en el narcomenudeo y no al narcotráfico real, que es el gran problema”. 

Por último, el Echeverría llama a “no perder de vista que el señalamiento de estos nuevos enemigos internos responde a una lógica de seguridad nacional que tiene antecedentes en la implantación de las dictaduras a lo largo de América Latina como parte del Plan Cóndor y de el involucramiento de las Fuerzas Armadas, formadas por el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos y de esa manera poder asegurar control territorial y aplicación de determinadas políticas a partir de ese control represivo, que son políticas de saqueo”.

La política de ajuste está clara, pero falta ver que aquí se esconden intereses más grandes. La violencia que se lleva a los barrios a través del narco y la política punitiva, es sinónimo de la dominación que se ejerce en un plano internacional y geopolítico.

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