Por Cocó P.S para Enfant Terrible
Esta semana la Cámara de Diputados retomó en comisión el debate del proyecto que busca crear un nuevo régimen penal juvenil nacional, que incluye, entre otras reformas, la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años. Si diputados y senadores aprueban esto, todos los adolescentes a partir de esa edad podrán ser imputados, acusados y detenidos, en el marco de un régimen especial.
Los fundamentos de la iniciativa hacen eje en la inseguridad y la creciente participación de adolescentes en el delito y el derecho de las víctimas. En el debate público, el primero de los argumentos es refutado por las experiencias de otros países donde aún bajando la edad de imputabilidad de los adolescentes no menguó la comisión de delitos.
El proyecto aclara, además, que no se apunta sólo al aspecto punitivo de los jóvenes sino a “medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”. En este sentido, uno de los aspectos que enciende alertas es dónde serán alojados los adolescentes detenidos.
En el sistema penitenciario para mayores hay sobrepoblación carcelaria, en el sistema federal y en los provinciales. Particularmente la justicia de Córdoba es la que más prisiones preventivas dicta, por lo que es una de las más abarrotadas. Los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país se reunieron con la Corte Suprema de Justicia y manifestaron preocupación por la situación de las cárceles, advirtiendo así que el gobierno debe tener presente, antes de aprobar la ley, los espacios físicos en los que se cumpliran las penas.
Según la base de datos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de la Corte Suprema, los informes estadísticos de los primeros semestres demuestran que en los últimos años crecieron las intervenciones judiciales en adolescentes.
Si bien la discusión nacional está centrada en la edad de imputabilidad, la problemática abarca múltiples aspectos: actualizar el régimen penal juvenil, llegar a tiempo para prevenir el agravamiento de la situación, dónde alojar a los niños que delinquen porque no pueden estar en las cárceles con adultos, cómo tratar las adicciones a las drogas, cómo contener ante la ausencia absoluta de vínculos familiares y cómo evitar que reincidan. Es claro que la situación social y económica agravará aún más el cuadro actual.
En nuestra provincia cuando son detenidos por la policía quedan bajo custodia e instructiva de los jueces penales juveniles, quienes ordenan el encierro en el Complejo Esperanza, entendido no como cárcel sino como espacio socioeducativo. Los más grandes pueden permanecer seis meses, prorrogables a un año. Si son chicos, ordenan su externación antes de ese plazo (es ilegal la detención si tienen menos de 16 años) y piden que la Senaf (Secretaría de Adolescencia y Familia) lo devuelva a su familia con un seguimiento estricto.
Se supone que reciben asistencia social, psicológica y los controles necesarios para que no reincidan en el delito.
Pero la realidad demuestra que la mayoría de los jóvenes consumen drogas. Y a su vez se observa una inmensa ausencia de adultos que los contengan. En el mejor de los casos en que existan padres, muchas veces también se encuentran privados de su libertad; las madres están solas, no cuentan con los medios para ejercer el rol paternalista y/o los círculos familiares son considerados violentos. Si la falencia está en en esos eslabones previos e institucionales, es difícil imaginar frente a todas esas ausencias que lo único para ofrecer sea sacar al estado del medio. En vez de tender puentes para que esos jóvenes se desarrollen funcional y sanamente en sociedad se los pena, ¿estamos realmente mejorando su calidad de vida? ¿Le estamos dando herramientas para cambiar ese estilo de vida, que entendemos dañino, para el mismo joven y para quienes lo rodean?
El Complejo Esperanza, único espacio para adolescentes en conflicto con la ley penal en Córdoba, actualmente alberga aproximadamente a 164 jóvenes, con una ocupación del 77% teniendo una capacidad total de 212. Esta cifra incluye sólo a dos mujeres, destacando una marcada desproporción de género.
Si bien desde el Gobierno Provincial remarcan que, a diferencia del sistema penitenciario de adultos, el Complejo Esperanza no se encuentra sobre poblado, la situación podría cambiar significativamente si prospera esta propuesta del Gobierno Nacional.
Hasta ahora, en 2024, se han registrado 181 causas judiciales contra menores de 16 años. Estos adolescentes, al ser no imputables, son tratados bajo la intervención de la Senaf. De tener indicación de encierro en menos de la mitad de esos casos, ya estaría excedida la capacidad del Complejo Esperanza.
Este límite, que comentaba anteriormente, de seis meses dentro del Complejo, es parte de la ley 9944 y permite una rotación de jóvenes, por lo que en el transcurso del corriente año han accedido 423 adolescentes, lo que representa un aumento del 30% en comparación con el mismo período del año anterior. Este año, un 52% de los involucrados ha sido acusados de delitos contra la propiedad, siendo el robo el más común.
Si bien estos índices tienden a alarmar, la realidad es que en la provincia se contabilizan 227,919 jóvenes de 13 a 16 años por lo cual la tasa de causas penales se mantiene baja, con 0,79 casos por cada mil jóvenes. Sin embargo, aún faltan cifras detalladas sobre detenciones por edad, limitando un análisis más profundo de las tendencias delictivas.
El crecimiento de la población juvenil en conflicto con la ley exige una respuesta coordinada y efectiva para abordar no sólo los aspectos legales, sino también las profundas causas sociales que subyacen a este fenómeno teniendo a la crisis económica, la deserción estudiantil, las adicciones en temprana edad y nuevas problemáticas como la ludopatía infantil como factores trascendentales para analizar.
En este sentido, el Gobierno de Córdoba ya había enviado una propuesta “intermedia”. Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano -del cual depende Senaf- proyectan un espacio de recuperación que funcionaría como un establecimiento-granja, que permita alojar y abordar de manera integral a los jóvenes que no pueden estar en el Complejo Esperanza, no tienen círculos familiares a los que ser reinsertados o posibilidad de convivir con otros niños y adolescentes con medidas protectivas en espacios como las residencias. Desde la Provincia sostienen que si el Tribunal Superior de Justicia no aprueba la viabilidad de esta alternativa, será imposible llevarla a la práctica.
La realidad es que se esperan cambios más rotundos por parte de la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, que tiene bajo su jurisdicción a la Senaf y que mientras ocupó el lugar de legisladora provincial fue una de las principales impulsoras de controles y cambios en el Complejo Esperanza.
Antes de llegar a diputados y senadores, el proyecto se discute en comisiones donde, además de los legisladores, exponen profesionales afines a la temática abordada para dar sus puntos de vista tanto a favor como en contra de los diversos proyectos que se presentan.
Legisladores y sus intervenciones en comisión:
Ricardo López Murphy del bloque Encuentro Federal advirtió que según la Convención de los Derechos del Niño 1989, los menores de 16 años “no son punibles”. Remarcó que actualmente “el menor no está protegido por la ley y es necesaria una nueva que contenga a la convención”. “El Estado no cuida a los menores y quedan a merced de organizaciones criminales comandas por adultos”, denunció y adelantó que su proyecto propone “imponer la edad de imputabilidad a 14 para que el menor se encuentre dentro del sistema jurídico y así proteger la seguridad pública y promover la reinserción”.
Diego Santilli, diputado del PRO: “Sólo Argentina y Cuba tienen edad de imputabilidad en el rango de 16 a 18 años”. Y enumeró una serie de cifras sobre delitos en la Provincia de Buenos Aires: “los robos agravados han crecido un 33%; y hubo un 18.6% más en portación de armas”. Sumó que “los grupos delictivos se llevan mano de obra joven”. “El mundo va para un lado y nosotros no avanzamos ni un metro y el menor que delinque tiene que rendir cuentas de sus actos”, continuó Santilli. “El menor que delinque debe reparar el daño causado a las víctimas y a la sociedad, tiene que haber castigo y luego reparación”. Respecto a las penas propuso que se contemple “una máxima de diez años, salvo en los casos de homicidio y delito sexual que allí tendrán una máxima de 15 años”.
De la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli aseguró “no alcanza con la baja de imputabilidad” porque “los jueces hablan de escasez de lugares a donde poner a esos menores” y agregó: “No quiero ver a niños de 13 y 14 años en las cárceles”.
Roxana Reyes, diputada de la UCR y presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, brindó detalles de su proyecto: “Viene a establecer un nuevo régimen juvenil aplicable con limite en 14 años, donde se baja la edad porque hay un universo de chicos que cometen delitos y quedan sin responsabilidad penal”. El régimen penal juvenil vigente abarca a adolescentes de entre 16 y 17 años. Para Reyes, la falta de una normativa más amplia en cuanto a la edad de los menores “afecta a la víctima, a la sociedad y a los propios chicos que empiezan tempranamente una carrera criminal”.
De todas maneras, la legisladora radical remarcó que “no se puede restringir derechos por debajo de los 14 años” porque los menores son “inimputables” y “el juez no puede hacer nada penalmente sin un debido proceso”. Además, dijo que si se plantea imponer penas a adolescentes menores de 14 años como propone el oficialismo “con cualquier chico o chica menor de 14 años sometido a cualquier privación de derechos, vamos a ser condenados nuevamente por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”.
En el cierre de las explicaciones de los diputados, la vicepresidenta de Familias, Niñez y Juventudes, Victoria Tolosa Paz, le consultó a Santilli respecto a la fijación de edad en su proyecto .“Fijé en 15 años, pero creo que debemos hacer algo con los de 12 a 15 años que cometen delitos” respondió.
El presidente del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA, Germán Onco, aportó que desde el CAD (Centro de Atención y Derivación) “el 30% de los adolescentes tiene más de dos ingresos, el 2,5% ya ha ingresado hasta diez veces y el 60% vive en otra jurisdicción”. Sugirió fijar la edad en 14 años porque “hay muy pocos casos de 13 años en el CAD”. “Esto es para que el adolescente internalice que ha cometido un delito y a través de programas del deporte y la cultura pueda llevar a cabo su reinserción”.
María Noel Costa, jueza del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, señaló que “esto no resuelve la pobreza ni la violencia que tiene la sociedad”. Añadió: “Esa imputabilidad que ustedes fijan, pasa por un juez que analiza la culpabilidad y en el derecho penal, la culpabilidad es la medida del reproche”. “No hay que tenerle miedo a estas medidas que funcionan bien”.
María Alicia Tulián, jueza de Control, Niñez y Adolescencia Penal Juvenil de Córdoba, manifestó: “No es posible tratar igual a quienes están en diferentes condiciones, y niños y adolescentes no están en mismas condiciones que adultos”. Reveló que “el 1% de adolescentes de Córdoba solo tuvo contacto penal y el 0,01 están entre los 13 y 14 años”. Con relación a otras naciones, mencionó que, en Brasil, “las penas a adolescentes de entre 13 y 18 años son 3 años, y en Uruguay son de 5”. Para Tulián el proyecto, así como está “no resiste control judicial”.
Gabriel Lerner, ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia y ex secretario de la SEDRONAR, consideró que “el proyecto del Ejecutivo arranca con una definición muy potente y muy desatinada, 'delito de adulto, respuesta de adulto' y ya entramos en un camino que nos saca de la Convención de los Derechos del Niño”. “Es una falacia que el delito cometido por adolescentes aumenta año a año. Hay que ir a un cambio, pero inspirándonos en una mirada que acompañe los procesos sociales y escuchando mucho a los que más conocen a los pibes”.
Es fundamental reconocer que la problemática del sistema penal juvenil requiere una atención urgente y multidisciplinar. La actual estrategia del gobierno nacional, que se manifiesta en el proyecto enviado y a través de un desfinanciamiento sistemático en sectores cruciales de prevención -como lo es la educación y la salud- pone en riesgo no solo el presente y futuro de miles de jóvenes, sino también el bienestar general, ya que si penamos a niños, inevitablemente nos afectará a todos. Si no es el estado el que frena la caída de esos menores vulnerables, ¿quienes se encargarán de que estos jóvenes sean adultos que participen activa y positivamente en la sociedad?
A su vez, es necesario hablar de medios materiales y de inversiones: de aprobarse el proyecto será necesario construir e invertir en nuevos edificios, ya que estos adolescentes no podrán estar en cárceles de adultos y a su vez las instituciones penales juveniles seguirán siendo para los menores inimputables. Vemos entonces cómo abiertamente se prefiere invertir dinero en la construcción de una cárcel para menores, antes que brindar las herramientas para que un niño no termine viviendo en la calle, por fuera del sistema educativo y con temprano contacto con sustancias que distorsionan el entendimiento y afectan al correcto crecimiento y desarrollo bio-psico-social.
No podemos pensar en este fenómeno como algo aislado, las consecuencias no son individuales y es necesario pensar y planear de manera integral como pretendemos que sea la sociedad donde se desarrollan nuestros jóvenes, niños y adolescentes. Actualmente estamos viendo que se necesita apoyo y contención, y deliberadamente elegimos ofrecer encierro como solución. Finalmente, la titular de la Comisión de Seguridad Interior –cabecera del plenario, Laura Rodríguez Machado, anunció que el próximo encuentro será el próximo miércoles 28 de agosto a las 16.00
Todo indica que al momento de votar la adhesión al RIGI en la Legislatura de Córdoba no habrá inconvenientes, y que los sectores concentrados del agro, inmobiliario y de la obra pública tendrán vía libre en la provincia mediterránea para continuar favoreciéndose.
En este momento, la seguridad jurídica, condición necesaria que nos da la capacidad de prever qué pasa con nuestros derechos, se ve enfrentada al modelo de gobierno propuesto por Javier Milei y su equipo, ya que su eje principal es -la reforma del Estado-.
La detención de Alejandro Mercado, quién asumió el pasado diciembre, fue en el marco de una investigación sobre una red de corrupción que involucra una financiera ilegal. ¿Quién es Mercado?
