
Defensa del Consumidor recuperó más de mil millones a favor de los consumidores
Durante el año, la Dirección logró más de 1.265 acuerdos conciliatorios, beneficiando a más de 1.520 consumidores.
Es mediados de abril de 1985. El vuelo Nº 955 de Iberia procedente de Buenos Aires aterriza en Madrid. Sentado en primera clase, el Mayor Gustavino toma whisky importado. Ostenta un rango inventado, igual que su identidad. Su nombre real es Raúl Guglielminetti, torturador civil del Batallón 601 de inteligencia del Ejército Argentino.
A pesar de no pertenecer a las fuerzas armadas, Guglielminetti alias Gustavino integra el órgano rector de la represión clandestina de la dictadura. El 601 es una división especial que incluye espías, policías, militares y civiles instruidos por la CIA en la Escuela de las Américas para la “lucha antisubversiva”, cuya finalidad real es secuestrar, torturar y desaparecer a estudiantes, sindicalistas y militantes populares.
La cabeza con entradas pronunciadas, los ojos dos cuencas negras con ojeras de años ocultas tras unas rayban de marco grueso. El espía menos secreto de la dictadura siguió en activo tras el regreso de la democracia e incluso se infiltró en el grupo de custodios del presidente Raúl Alfonsín. La democracia nacía tutelada.
La primavera se abría paso en la España post franquista. Guglielminetti bajó del avión en el aeropuerto de Barajas y declaró en la Aduana española unas pocas pertenencias. También llevaba un millón de dólares americanos en metálico. Según el expediente que obra en poder de la Audiencia Nacional española, parte de ese dinero (entre 200 y 300 mil dólares fueron depositados en el banco catalán La Caixa).
“Los vieron pero no los contaron” dirá años más tarde, en referencia al dinero, frente a la jueza Servini de Cubría (que instruye actualmente la querella argentina contra los crímenes del franquismo). Entonces fue detenido por primera vez, aunque no por los crímenes de lesa humanidad que acumulaba sino por blanqueo de capitales. Concretamente de los capitales robados a sus víctimas durante años.
Guglielminetti alias “Gustavino” ofició como verdugo en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, La Escuelita y Bahía Blanca. Secuestró, robó y asesinó a decenas de militantes sociales durante la década del 70. De probados vínculos con la Contra nicaragüense y el narcotráfico, fue detenido en 2004 y procesado, al fin, por crímenes de lesa humanidad. Fue indultado por Menem en los años noventa y desde 2003 permanece detenido en el penal de Olmos.
En abril 1997 el periodista argentino Norberto Bermúdez declaró frente al juez Baltasar Garzón que poco después de la detención de Guglielminetti, el Sindicato de Vigilantes Privados de España denunció a “una compañía de transporte de caudales que ingresaba en la aduana de Palma, sacas con moneda extranjera procedentes de la península una hora después del cierre de la aduana”. Luego esa misma compañía “embarcaba las sacas en un vuelo que partía del aeropuerto de Palma de Mallorca rumbo a Suiza”. La denuncia nunca fue investigada.
Ese mismo año, el general Antonio Domingo Bussi transfirió la titularidad de su cuenta en Suiza a su hijo Ricardo, actual diputado por la provincia de Tucumán. Según la banca helvética Credit Suisse hasta 1996 existían casi un centenar de cuentas cuyos nombres estaban vinculados a los más ilustres represores y genocidas de la dictadura: Alfredo Astiz, Jorge “el tigre” Acosta, Adolfo Scilingo, Carlos Alberto Lacoste, Guillermo “el carnicero” Suárez Masón, largo etcétera. Se calcula que más de 70 millones de dólares de la época en joyas, cuadros, coches, inmuebles y dinero en efectivo, pertenecientes a detenidos desaparecidos fueron apropiados por los verdugos del “Proceso de Reorganización Nacional”.
Durante el año, la Dirección logró más de 1.265 acuerdos conciliatorios, beneficiando a más de 1.520 consumidores.
La reciente demolición de un monumento en honor a Osvaldo Bayer en Santa Cruz, ordenada por el Gobierno Nacional, generó una ola de indignación y debate. Sin embargo, sabemos que una máquina no puede destruir el legado y la figura de una de las personalidades más influyentes de la historia argentina reciente.
El lunes pasado, el fiscal Guillermo González imputó y ordenó la detención de cinco efectivos policiales por el homicidio de Guillermo Bustamante, quien fue ingresado a la fuerza al patrullero y golpeado hasta fallecer en las inmediaciones de una estación de servicio