El pasado viernes, Fernando Albareda, militante de H.I.J.O.S. Córdoba, llegó a la casa de su madre en barrio Ampliación Poeta Lugones, pero ella no atendió la puerta ni los llamados, por lo que debió saltar la tapia para ingresar a la vivienda. Allí se encontró con la mujer, Susana Beatriz Montoya, una jubilada de 74 años, sin vida en el patio y con un mensaje mafioso: «Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos», con la firma “Policía”. Aunque aún se esperan los datos de la autopsia, todo indica que la mujer sufrió una muerte violenta, al presentar signos como un golpe en la cabeza y un corte fatal con una presunta arma blanca.

En declaraciones otorgadas esta mañana a Canal 10, Fernando expresó que el crimen fue un “asesinato”, descartando el móvil de homcidio en calidad de robo. Con respecto a las responsabilidades del mismo, advirtió:  “desde el advenimiento de la democracia para acá, al no haberse depurado nunca la fuerza policial, sospecho de todo el mundo”.

El hecho no es aislado, menos si se miran diferentes episodios en Córdoba, los cuáles se enmarcan en la violencia política acrecentada desde que Javier Milei y Victoria Villarruel adquirieron mayor legitimidad con sus discursos y prácticas a favor de la dictadura genocida, como el casquillo de bala que dejaron en la entrada del local de la organización Descamisados.

Sucede que Fernando es hijo de un policía secuestrado y desaparecido en 1979 en el ex Centro Clandestino de detención conocido como "Casa de Hidráulica", ubicado a la vera del Lago San Roque, una dependencia del Departamento de Informaciones de la policía de la provincia de Córdoba (ex D2), cuyo cartel de señalización fue retirado el pasado junio de este año. Su padre, Ricardo Fermín Albareda, era subcomisario de la Policía de Córdoba, militaba en el PRT y tenía 37 años cuando fue secuestrado y desaparecido mientras trabajaba, en septiembre de 1979, por el régimen cívico-militar imperante en Argentina, según pudo determinarse en el juicio que se llamó “Causa Albareda”.

Asimismo, según CBA24n, en marzo pasado, el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Policía provincial reconocieron la responsabilidad del crimen de su padre, al otorgarle el "ascenso por mérito extraordinario". Fernando Albareda aspiraba a que las charlas sobre Derechos Humanos que brindaba en la Escuela de Cadetes se formalicen, es decir, que sean obligatorias en la currícula de ingreso. 

Fernando y su familia habían sufrido amenazas el pasado 8 de diciembre de 2023, cuando les dejaron seis balas calibre 22 largo y carteles con cruces esvásticas y los mensajes: “Te vamos a juntar con tu papito“; “Sos hijo de terrorista”; “Se te terminaron los amigos”; “No vayas más a la escuela ni a la jefatura. Vas a morir”. Este hecho fue denunciado y la Fiscalía Distrito 4 Turno 3, a cargo de Juan Pablo Klinger, quién abrió una causa bajo la carátula de “amenazas calificadas”, sin embargo, no hubo avances significativos. Ahora, el mismo fiscal tiene la responsabilidad de esclarecer el hecho del asesinato. 

Por su parte, los diferentes organismos de derechos humanos de Córdoba exigieron a la Justicia y al Poder Ejecutivo la “urgente investigación y esclarecimiento de este hecho, como así también las amenazas sufridas por todos los integrantes de su familia, denunciadas con anterioridad” y “la seguridad y protección EFECTIVA YA” para Albareda y toda su familia.