En el marco de la grave situación que se está viviendo en Jujuy con detenciones arbitrarias y allanamientos a espacios populares por parte de la Policía provincial, la Comunidad Malonera de Córdoba y la Multisectorial contra la criminalización de la protesta convocan a las 17 horas para asistir a la Casa de Jujuy (Av. Colón esquina Jujuy) y exigir la libertad de las personas detenidas y solidarizarse con el pueblo jujeño.
Es que en los últimos días, el Gobierno de Jujuy, la Fiscalía de Estado y el Ministerio Público de la Acusación decidieron profundizar represión sobre dirigentes, autoridades comunales y abogados defensores de Derechos Humanos en las localidades de San Salvador y Humahuaca.
Además, la Policía provincial se hizo presente en la sede del Rectorado de la UNJU sin orden judicial ni identificación, interrumpiendo ilegalmente una sesión del Consejo Superior que debatía un pronunciamiento oficial universitario contra la reforma provincial y violando la autonomía universitaria. Esta acción fue masivamente difundida en las últimas horas, generando los repudios del Consejo Interuniversitario Nacional, del ministro de Educación nacional, Jaime Perczyk y de diversas facultades de la UBA y la UNC.
El mismo Gerardo Morales se desentendió de la cadena de mando y exigió sanciones para los policías que ingresaron a la UNJU: “Es inadmisible y condenable semejante abuso de poder y los responsables ya están pagando las consecuencias. Respetando la ley y no con autoritarismo es como se resuelven los problemas de los argentinos”, expresó en tono de campaña el pre candidato a vice presidente.
En diálogo con Enfant, Panki, integrante de la Comunidad Malonera, expresó: “Entendemos que estas prácticas forman parte del intento de Morales de instaurar un terrorismo de Estado, generando miedo a la sociedad jujeña a partir de uso ilegal y desmedido de las fuerzas represivas y de civiles armados, respaldado por un poder judicial que lejos de ser imparcial, está al servicio del régimen provincial. Denunciamos que en Jujuy no hay democracia y se están violando los derechos humanos”.
De esta manera, Gerardo Morales continúa poniendo en jaque al sistema democrático en la Argentina, desconociendo la Constitución Nacional y desoyendo los llamados de atención de reconocidos organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos.
En el día de ayer, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación libraron ordenes de detención para abogados defensores de los DDHH, Néstor Ariel Ruarte, Vicente Casas, Roberto Carlos Alemán, Alicia Chalabe y Alberto Nallar, quienes hace un tiempo atrás habían presentado un recurso de Hábeas Corpus a la Justicia Federal por la “flagrante violación a los DDHH” y su “extrema gravedad institucional”. Hasta el momento Nallar fue el único detenido y luego fue enviado a su hogar con prisión domiciliaria.
Los profesionales mencionados están desde el comienzo participando del Jujeñazo, ejerciendo la defensa de organizaciones y personas relacionadas con las protestas realizadas en la provincia. Ruarte es abogado de la Secretaría de Derechos Humano de Nación; Chalabe, es una de las representantes de las comunidades originarias que presentaron ante la CSJN un amparo solicitando la inconstitucionalidad de la reforma constitucional provincial ; Vicente Casas, Roberto Alemán y Alberto Nallar se han manifestado públicamente sobre la inconstitucionalidad de la reforma en distintos medios locales y han realizado conferencias públicas con los sectores en lucha para brindar apoyo y asistencia jurídica.
En conferencia de prensa, desde el Ministerio Público de la Acusación expusieron abiertamente las imputaciones que recayeron sobre Nallar, con quien el gobernador tiene una saña particular ya que el profesional lo había denunciado penalmente por violar la Constitución Nacional. “Incitación a la violencia, incitación a tomar el poder, ir por vías de hecho y no por vías procesales, exigir la intervención de la provincia”, expresaron los fiscales del Ministerio contra Nallar.
Esta mañana, en su calidad de Presidente del Partido Justicialista Nacional, Alberto Fernández ordenó la intervención del Partido Justicialista de Jujuy, presidido por Rubén Rivarola y Guillermo Jenefes, aliados claves de Morales en su proyecto de establecer la nueva Carta Magna. Aníbal Fernández, Ministro de Seguridad de Nación y Gustavo Menéndez, intendente en licencia de Merlo (Provincia de Buenos Aires) fueron escogidos como interventores.
“Comulgan con un pensamiento totalmente ajeno a los principios y doctrina que fundan el pensamiento justicialista y contradicen el espíritu y la letra de la Constitución Nacional”, fue el fundamento del Jefe de Estado nacional.
Por otra parte, esta mañana desde el Congreso de la Nación, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) realizaron una conferencia de prensa para sentar posición sobre la grave situación en Jujuy.
Participaron de la rueda de prensa el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Horacio Pietragalla (secretario de Derechos Humanos de la Nación), senadores y diputados oficialistas y del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad. Denunciaron como inaceptable la violación a los DDHH en Jujuy y exhibieron la nula independencia de Poderes en la provincia norteña.
A su vez, el Movimiento Nacional Campesino Indígena denunció la imputación que la Justicia ordenó contra Natalia Machaca, con quien Enfant había sostenido una entrevista hace una semana atrás. “Denunciamos la persecución que está sufriendo nuestra compañera Natalia Machaca a quien la notificaron para conocer causa de imputación penal junto a dos compañeros como son Guillermo German Alfaro y Tiberio Pablo de la Cruz Ramos”, expresaron desde la organización campesina.
Denuncian que la empresa no acata la conciliación obligatoria ante los despidos injustificados. “Por un lado recibe beneficios impositivos y por otro pasa por encima de la conciliación”, cuestionó el cuerpo de delegados.
Axel Catriel Frías (18) fue encontrado muerto por sus familiares en un canal del barrio Los Boulevares, luego de estar desaparecido desde el 23 de abril.
“Nunca hubo anuncio de paro, pero sí hay asamblea en el lugar de trabajo, lo que implica una paralización del servicio”, sostuvo el secretario adjunto de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, Juan Carlos Schmid.
