Personas con discapacidad, familiares, la Asamblea de Trabajadores de Inclusión, militantes, el Colectivo 3 de Diciembre (transportistas), se reunirán, 12h, en Plaza San Martín, para reclamar por la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, actualmente suspendida por decreto, luego de ser aprobada por unanimidad en el Congreso en septiembre. El paro está previsto hasta el viernes 24.

La gota que rebalsó el vaso sucedió el viernes 17, cuando familiares, trabajadores y el Foro Permanente Discapacidad, entraron por la fuerza al Directorio de la ANDis para solicitar la reunión con el interventor Alejandro Vilches.

Desde agosto que Vilches suspende las citaciones por parte de familiares y prestadores de servicios, sumado a la suspensión de la Ley 27.793, la cual fue vetada dos veces por el presidente, terminó con el Directorio tomado por el colectivo. Sin embargo, no recibieron más que un: “la ley está hecha para cumplirse, tengan paciencia”.

Por su parte, la Asamblea de Trabajadores de Inclusión realizó un encuentro en el Colegio de Psicólogos de la provincia, también el viernes, donde presentaron las condiciones de vida que atraviesa el sector. 

Para ellos lo que el gobierno hace es un 'genocidio por goteo': “una forma silenciosa de exclusión que erosiona la dignidad, la autonomía y el derecho a existir en condiciones de igualdad”, expresaron.

A su vez, comentaron que: “sin Estado no hay derechos, sin derechos no hay democracia y la Emergencia en Discapacidad es democracia”.

Algunas de las denuncias y reclamos de familiares y activistas son: la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la actualización de aranceles para los prestadores del sistema, el pago de compensaciones atrasadas estipuladas por la Ley 27.793 y la convocatoria inmediata del Directorio del Sistema Único.

Actualmente el 20% es pensionado

En agosto, el voceo presidencial, Manuel Adorni, anunció que el recorte de las pensiones no contributivas por “invalidez” alcanzó a un total de 110 mil personas con discapacidad.

Tras las irregularidades de las citaciones para renovar el C.U.D (certificado único de discapacidad) donde se estima que el 46% de los pensionados no se enteró, ya que no fueron entregadas, debido a las negligencias del Directorio al momento de enviar la correspondencia por no considerar la diversidad de discapacidades, las pensiones pasaron de 1.200.000 a 1.193.523.

El plan de vaciamiento tiene por objetivo reducir el acceso a las pensiones en un 40%, quedando en un total de 480 mil pensionados, cuando el número de personas con discapacidad censadas fueron de 5 millones.

Esto afecta de manera directa sobre la economía familiar. Ya que al haber caído en un 40% del valor real el salario de un trabajador y que el 80% cobra por debajo de la canasta básica, $970 mil, la quita de la pensión que, insuficiente para sostener la subsistencia de cualquier usuario -$300 mil-, suplía las necesidades mínimas: alimento, salud, servicios.

“Estos hechos no pueden interpretarse como ‘errores’, ni ‘demoras administrativas’, evidencia un proceso de desmantelamiento progresivo del sistema de apoyo y del encamado institucional que convierte la vida de las personas más vulneradas en una variable, dentro una dinámica que produce un deterioro sistemático, cotidiano y sostenido de las condiciones de vida”, declararon la Asamblea.

No es una problemática actual, aunque si se agravó con la gestión libertaria. Ya durante el gobierno de Alberto Fernández, para acceder a la pensión, el usuario debía cumplir ciertos requisitos estipulados en el Decreto 432/1997, como demostrar “incapacidad laboral” (ahora un 66%, antes el 76%) y la obligatoriedad de familiares en el sustento.

Las bajas se justificaron por los medios que resuelve el decreto, por ejemplo si la persona no alcanzaba cierto porcentaje de “invalidez laboral”, afuera. No hay personas “válidas” o “inválidas” para trabajar, menos cuando la exclusión del mercado laboral nada tiene que ver con porcentajes definidos por la medicina. Por lo que un modelo de salud basado en la asistencia y el capacitismo reduce aun más las posibilidades de autonomía de la persona con discapacidad, además de violar los derechos competentes.

Otro agravante es el asistencialismo obligatorio, donde un pariente debe asistir económicamente, aun cuando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga al Estado a garantizar el derecho a vivir de forma independiente.

“La interrupción de la pensión supone la pérdida de un ingreso fundamental para cubrir necesidades básicas como alimentación, vestido y vivienda, y también produce la pérdida de la cobertura del Programa 'Incluir Salud', poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos y el acceso a prestaciones centrales”, describen desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

Fotografía de portada: Julio Pereyra