El día de ayer, la Facultad de Ciencias Sociales (UNC) a través de la Comisión Interclaustro de Derechos Humanos, realizó un conversatorio invitando a participar junto a Viviana Alegre, madre de Facundo Rivera Alegre, desaparecido el 19 de febrero de 2012 hace ya 10 años, y Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, desaparecido y posteriormente asesinado en agosto de 2017. También estuvieron presentes integrantes de organizaciones como La Garganta Poderosa y el Frente Antirrepresivo en Lucha (FAL).
La actividad se realizó en el marco Día Nacional de lucha contra la violencia institucional*, conmemorado el pasado 5 de mayo, un título conmemorativo que se llevó sus discusiones en la actividad, ya que la fuerte complicidad entre las fuerzas institucionales represivas, judiciales y políticas que se evidencia en los casos Maldonado y Rivera Alegre, entre muchos otros, corresponde a una estructura estatal integral, más que institucional diseccionada, según se discutió en el encuentro. Se habló entonces también de represión estatal.
El 5 y 12 de agosto fueron las dos oportunidades en que se hicieron rastrillajes para hallar a Santiago Maldonado, de quien desde un principio se señaló que había desaparecido forzadamente durante un operativo de Gendarmería. Los rastrillajes contaron con 400 efectivos, un helicóptero con cámara, equipos de comunicaciones, drones y hasta personal de Bomberos. Aún así, recién el 17 de octubre de 2017 encontraron su cuerpo sin vida.
Después de un fallo judicial emitido en noviembre de 2018 por el juez federal de Rawson Gustavo Lleral, la causa se cierra sentenciando que Santiago Maldonado "se había ahogado" en el Río Chubut, absolviendo al único gendarme imputado, Emanuel Echazú.
De manera muy reciente, al caso Maldonado se agregó un ingrediente clave para la causa, una nueva testigo, que con su testimonio viene a dar vuelta todo. “La testigo no cae del cielo. Así como las víctimas de violencia de género tienen ciertos plazos para denunciar los casos, por ejemplo, la testigo personal de salud de Gendarmería Nacional tampoco deja de ser una víctima que pasó por amenazas y persecuciones, y quiere hablar después de 5 años”, refirió Sergio sobre el tema.
Al otro día de este suceso, la testigo afirmó escuchar a los gendarmes "detuvimos a un hippie, lo llevamos a un puesto de Gendarmería para sacarle información", puesto que se encuentra en la Estancia Leleque, propiedad del magnate Luciano Benetton. La información que se habría querido sacar a Santiago, eran datos sobre quiénes realizaban las acciones de resistencia en el marco del conflicto del multimillonario italiano con la lof (comunidad) mapuche en Resistencia, a la que el joven de 28 años había decidido apoyar, por desgracia hasta su muerte.
“El 7 de agosto llega un gendarme de apellido Escola (Juan Pablo)”, continuó reconstruyendo el relato Sergio. Este gendarme era el segundo en la línea de mando de Gendarmería y “quien mantenía contacto directo con Patricia Bullrich (en ese entonces ministra de Seguridad de la Nación) a quien le iba reportando todo lo que sucedía ahí, también es quien entregó una caja con armas, celulares y trajes”. Pasados los días, según la testigo el comentario de los gendarmes fue "se nos fue", en referencia a que Santiago murió.
Tras el testimonio constatado por el fiscal, ahora se espera que la causa continúe y tome un nuevo rumbo, pero mientras tanto se encuentra paralizada y esperando que se asigne un juez. “Desde el 29 de noviembre de 2018 hasta la fecha no se hizo absolutamente nada en la causa, ni una reconstrucción de lo que pasó el 1° de agosto de 2017, ni todas las presentaciones sobre los puntos de pericia de la autopsia, no se peritaron los billetes que Santiago tenía en el bolsillo, ni sus prendas”, contó Sergio, esto sumado a la inconsistencias de encontrar su cuerpo en un lugar donde se realizaron dos rastrillajes.
La importancia que tienen les familiares en las causas por represión estatal es irreemplazable. Esto lo destaca Sergio, quien se encuentra junto a Viviana, mujer, madre y abuela que hace 10 años busca encontrar a Facundo con amenazas de muerte de por medio, de haber sido escuchada ilegalmente, sumado a los dilatados tiempos judiciales. Pareciera una plan sistemático, sin casualidades, cuando las mismas maniobras aparecen en otros casos, tal como sucede y sucedió a Sergio, quien figura en la lista de escuchas ilegales del expresidente Mauricio Macri: “Le pincharon el teléfono a un hermano que habla con la psicóloga, con la madre, un hermano que llora”.
“Buscan que te empieces a recluir para aislarte y que nadie se comprometa, que no tengas recursos”, afirmó Sergio acerca de las maniobras tras un proceso judicial en curso, que involucra al poder político-institucional, económico y hasta mediático. En este sentido destacó la importancia de la salud mental y el acompañamiento. “Tengo que delegar lo que hago porque no puedo estar siempre al frente”, confesó y destacó la importancia de “defenderse del aislamiento”.
El involucramiento de organizaciones y organismos de derechos humanos es y fue clave para Sergio, como también para Viviana. Desde Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, La Garganta Poderosa, CORREPI, la Coordinadora de familiares víctimas de gatillo fácil, entre otras, se han movilizado en distintos momentos en apoyo y sostén a estas y otras causas de represión post-dictadura. Sin embargo, también por supuesto existen intereses de otros actores que se acercan a las causas, buscando algún rédito político, aunque “son más los que se quedan que los que tienen intereses” confirma Sergio, quien agrega que “hay gente que no está en ningún movimiento u organización y con un abrazo te ayuda un montón”.
En dictadura, e incluso en tiempos inaugurales del estado-nación argentino, los planes de conquista y genocidio de los sectores oligárquicos para perpetrarse en el poder, fueron acompañados por campañas de difusión para la construcción de un enemigo interno.
Durante la última dictadura en Argentina, el autodenominado "Plan de Reorganización Nacional" tenía como enemigos a los "subversivos", eufemismo que hacía referencia al movimiento obrero-estudiantil organizado, así como a otros sectores que no respondieran a los cánones de una sociedad blanca, heterosexista, afín a los intereses de la oligarquía. Este "Plan" encuentra un antecedente en el llamado "Proceso de Organización Nacional", que tenía como uno de sus ejes el exterminio indígena y resultó por ello en la masacre llamada "La conquista del desierto" (1878-1884) contra 14mil indígenas pampa, ranquel, mapuche y tehuelche, que resultaron asesinados o esclavizados, incluyendo mujeres y menores.
En ambos casos, en un plan como en el otro, el destino fue el mismo: lograr consolidar un tipo de sociedad con la represión como uno de los medios, a través de un ejército interno, contra un enemigo interno. De los inicios del estado hasta el presente, esa represión no ha cesado y por ello toca encontrarse a Viviana y Sergio, una al lado del otro. Si bien Santiago no era indígena, murió defendiendo territorio ancestral mapuche y, si bien Facundo tampoco era indígena (o al menos no se autopercibía así), fue desaparecido con complicidad de las fuerzas de control interna como es la policía provincial, que en Córdoba cuenta con el aval del Código de Convivencia (en 2012 todavía Código de Faltas), impregnado de códigos racistas con la figura del merodeo y la portación de rostro. Siguiendo estos puntos, Sergio acota: “el desaparecido es un idioma universal”.
Del territorio ancestral a los barrios populares, las prácticas estatales de represión están sistematizadas y apuntadas a ciertas personas, al negrito, al hippie, al indio, al puto, al trava, al planero. Todos constructos que son arrastres de un modelo de sociedad diseñado hace décadas por ciertos sectores, quienes de manera constante marcan una diferencia, crean enemigos internos y justifican así la represión del estado. ¿Qué representan estas caras, estos Facundos, Lucianos, Santiagos, Yamilas, Luises, Tehuels? Al decir de Sergio Díaz, integrante del FAL, en una intervención del conversatorio:
*El Día Nacional de lucha contra la violencia institucional conmemora los asesinatos en manos de tres efectivos de la Policía Bonaerense de Agustín Olivera (26), Oscar Aredes (19), y Roberto Argañaraz (24), quienes se encontraban tomando una cerveza en la esquina de Guaminí y Figueredo de la localidad de Ingeniero Budge. Este hecho, también conocido como «La masacre de Budge» es recordado como “el primer caso de gatillo fácil” desde el regreso de la Democracia.
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