Este domingo se votará una reforma estatutaria en el Club Atlético Talleres. Sobre la superficie, puede parecer un trámite jurídico más, pero lo que se discute en el fondo es mucho más que la extensión de un mandato o la redacción de un nuevo artículo: se debate el modelo de club, el lugar del socio y la legitimidad del poder en una institución que sigue siendo, al menos formalmente, una asociación civil sin fines de lucro.

Según el anuncio oficial publicado por el club el 10 de julio, la Asamblea incluirá la consideración del balance y memoria del ejercicio 2024, la aprobación del presupuesto para 2025 y, según indica la orden 6 del día, la “Reforma parcial y Modernización del Estatuto Social”.

Esta reforma es presentada por el oficialismo como resultado de un proceso de diálogo y consulta con los socios a lo largo del año. Sin embargo, desde sectores opositores se cuestiona la legitimidad de esa participación, denunciando que el proceso fue controlado mayoritariamente por el oficialismo y que no hubo espacios abiertos para el debate plural ni para incorporar propuestas alternativas.

La Asamblea Extraordinaria que se celebrará este domingo 27 de julio en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli (CARD), en Av. Circunvalación Km 7,5, Colectora Sur, con una primera convocatoria a las 9:00 y una segunda a las 10:00, tratará, entre otros puntos, un proyecto de reforma estatutaria impulsado por la actual conducción.

En diálogo con este medio, el abogado Hugo Mariano Yagüe, integrante de la agrupación Más Talleres, es tajante: “Hoy el socio de Talleres es apenas un espectador de lo deportivo y también de lo institucional, y esa es una definición política del oficialismo”.

En paralelo a la Asamblea, agrupaciones como Más Talleres, Núcleo Centenario, Primero Talleres, La Topadora, Amor Irreversible y Resistencia 1913, convocan a un “Banderazo por Talleres” este domingo a las 9:00 en el CARD, en defensa de un club democrático, con participación real de los socios y contra una reforma percibida como hecha a medida del oficialismo.

Entre los puntos destacados del orden del día también están: la designación de responsables para cumplir con los requisitos de licencias de Liga Profesional de Fútbol, AFA y Conmebol, y la designación de socios para firmar el acta junto a los directivos.

A su vez, Daniel Quinteros, socio del equipo de barrio Jardín y referente de la agrupación Más Talleres, presentó una acción de amparo para frenar exclusivamente el proceso de reforma (orden 6 de la asamblea), donde solicita que se declare ineficaz y nulo el procedimiento, por considerar que atenta contra los principios democráticos de participación interna. El 24 de julio de 2025, el juez Pablo Pecchio desestimó el planteo.

El fallo judicial, lejos de cerrar la discusión, puso en foco una tensión de larga data: desde 2017, el club eliminó la Asamblea General de Socios, reemplazándola por una Asamblea de Representantes compuesta por 100 asambleístas. Quinteros ya había manifestado su oposición a esa modificación en 2017, proponiendo -sin éxito- que la Asamblea General no desapareciera.

El juez valoró que, frente a la próxima reforma, el reglamento vigente se estableció mediante una asamblea sin que existan nulidades ni impugnaciones oportunas.

Asimismo, descartó que el sistema de representación afecte los derechos de los socios, calificándolo como una instrumentación adecuada y razonable, especialmente en una institución con miles de asociados. Finalmente, recordó que cualquier reclamo vinculado al procedimiento debe dirigirse a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas (IPJ), órgano encargado de fiscalizar a las asociaciones civiles.

La reforma de Talleres: más asambleístas, menos participación

En la víspera del encuentro entre Talleres y Godoy Cruz en el Kempes por la tercera fecha del campeonato, se espera aprobar una carta orgánica para la T, que puede marcar un antes y un después en la vida institucional del club. Bajo el lema de la “modernización”, el oficialismo impulsa una reconfiguración del estatuto que no amplía derechos. Al contrario, los restringe, condiciona y concentra.

“El socio de Talleres hoy es meramente un espectador de la vida institucional que realizan otros”, advierte Hugo Yagüe. Y no es solo una metáfora: para votar, proponer o incluso recorrer el predio que financia con su cuota, el socio necesita más que voluntad, necesita plata.

La reforma propone que cualquier persona que quiera ser presidente de Talleres deba acreditar un patrimonio equivalente al 5% del presupuesto anual del club (más de dos millones de dólares) o garantizarlo con avales. En otras palabras, se habilita a millonarios y se excluye al resto.

Al mismo tiempo, se elimina la exigencia de haber integrado órganos de gobierno, una condición que ya era restrictiva porque solía favorecer solo a miembros del espacio oficialista, pero que ahora se reemplaza por un filtro económico.

¿Quiénes quedan habilitados? Personas con apellido y capital. Uno de los principales beneficiarios es Sebastián Fassi, hijo del actual presidente. La eliminación del requisito político y su reemplazo por una exigencia patrimonial allanaría el camino a una posible sucesión familiar en la conducción del club.

“Ni Amadeo Nuccetelli podría ser presidente de Talleres hoy, bajo ninguna de las dos versiones del estatuto”, ironiza Yagüe.

La reforma fue elaborada a puertas cerradas, sin convocatorias abiertas, sin actas públicas, ni participación de agrupaciones opositoras ni socios independientes. “Ni siquiera las instancias que ellos mismos diseñaron fueron honradas”, denuncia el abogado, en referencia al Departamento de Interacción con el Socio, creado en 2017 por la dirigencia como parte del Reglamento del club, aunque no fue incorporado al estatuto ni puesto en marcha. Ese órgano, que debía estar integrado por un vicepresidente, dos miembros de la comisión directiva y dos socios con derecho a voto, jamás fue convocado ni activado.

La comunicación oficial sobre la reforma fue limitada: un correo electrónico sin respaldo institucional ni difusión formal. Una precariedad que contrasta con la idea de “profesionalismo” que pregona la conducción actual. “La vida política en Talleres es cero. Todo parece un agujero negro donde las cosas desaparecen”, sintetiza Yagüe.

También se ampliará la Asamblea de Representantes, de 130 (100 titulares y 30 suplentes) a 190 miembros (150 titulares y 40 suplentes), aunque sin impacto real en la representación. La minoría seguirá con apenas 15 lugares garantizados, y solo si supera el 3% de los votos. Las agrupaciones opositoras sostienen que la mayoría de los representantes actuales responden al oficialismo: familiares, empleados o proveedores.

“Lo único que buscan es garantizar la reelección, una supuesta ´gobernabilidad´ sin disidencia. No hay otra razón para semejante zafarrancho institucional”, concluye el abogado opositor.

Aunque la Justicia desestimó el amparo presentado, el debate no se cierra. Porque lo que está en juego no es solo una reforma. Es el modelo de club. Es una asociación civil contra un proyecto exclusivo.

Y aunque haya fútbol, lo que se juega este domingo no es un partido más: es el futuro institucional de Talleres.

Desde la agrupación de Yagüe se viene trabajando un paquete de propuestas concretas para democratizar el club y fortalecer la participación real de los socios. Entre sus principales planteos se destacan:

• -Elección por tramos, con representación escalonada, que permita mayor vinculación y dinamismo en la toma de decisiones.
  
• -Un sistema que garantice un asambleísta cada 500 socios, ampliando así la representatividad.
  
• -La incorporación de un protocolo de género con rango estatutario, que asegure al menos un 33% de mujeres en las listas.
  
• -La inclusión de una cláusula de incompatibilidad estatutaria para quienes tengan vínculos con otros clubes FIFA, para evitar conflictos de interés.
  
• -La convocatoria a asambleas anuales por tercios, que permita una renovación periódica y adaptada al crecimiento del cuerpo societario.

Lo que se disputa no es un cargo, es un rumbo

Para los sectores opositores, la premura en tratar la reforma no obedece a una necesidad institucional genuina, sino a una motivación mucho más concreta: la continuidad del actual presidente. Según denuncian, el estatuto vigente impide que Andrés Fassi se presente a una nueva reelección. “Cambian las reglas que ellos mismos escribieron porque el actual estatuto no les permite seguir. La urgencia tiene una sola razón: habilitar su permanencia”, plantea Hugo Yagüe.

El reclamo no se limita a una crítica política, sino que también apunta a la forma en que se llevó adelante el proceso. Desde sectores disidentes advierten que la reforma avanzó sin mecanismos claros de consulta ni instancias abiertas de intercambio institucional.

“Esto no es una reforma constitucional, no hay registro de posiciones, no hay trabajo institucional... Solo una urgencia por resolver una sucesión bloqueada”, sostiene el abogado. También incorpora que las agrupaciones de hinchas no están reconocidas o institucionalizadas en la vida política del club, por ende, no son consultadas.

A ese cuadro se suma otro factor clave: Fassi fue sancionado por la AFA con una suspensión de 24 meses para ejercer cargos dirigenciales, tras un escándalo con el árbitro Andrés Merlos en septiembre de 2024. Aunque esa medida fue suspendida de forma provisoria por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), la sanción sigue a la espera de un fallo definitivo.

Este punto abre nuevas incógnitas: si finalmente el nuevo estatuto lo habilita, ¿podrá Fassi ser reelecto aun cuando pesa sobre él una suspensión formal de la AFA? ¿Habrá intervención del organismo en caso de un intento de reelección bajo esa condición?

La agrupación también plantea una crítica de fondo al modelo de conducción actual. No se trata solo de limitar reelecciones, sino de impedir que el club funcione como una sociedad anónima sin control societario: “No queremos gerentes que anden comprando clubes por el mundo. Queremos dirigentes con pertenencia exclusiva a Talleres. Esto es una asociación civil, no una empresa con sucursales globales”, advierte Yagüe, advirtiendo de la propuesta de incluir una cláusula que impida ejercer cargos en otros clubes afiliados a FIFA.

Desde su perspectiva, lo que está en juego este domingo no es un tecnicismo jurídico, sino la identidad misma del club. Una disputa que, en palabras del abogado opositor, enfrenta dos modelos: “democracia contra concentración; un club abierto contra un proyecto cerrado”.