Como hace siete años, el colectivo que organiza la Marcha por el Derecho a la Salud Mental teje redes para poner en agenda la situación de las políticas públicas en este ámbito. El diagnóstico colectivo generado a partir de relatos de diferentes instituciones y oganizaciones, evidencia el panorama desfavorable que atraviesa a la salud en Córdoba en estos tiempos pandémicos, y es por ello que continúan las apuestas organizadas frente a los muros y el abandono estatal.
Desde hace 7 años, organizaciones de usuarixs de servicios salud mental, familiares, profesionales, estudiantes universitarxs, artistas, entre otrxs, se nuclean en este colectivo, con el fin de poner en las calles los reclamos que avanzan por la senda de la desmanicomialización y la lucha por la plena implementación de las Leyes de Salud Mental.
El año pasado la consigna elevada fue "Frente a los muros y el abandono, puentes hacia la comunidad" como mensaje que recalca el trabajo de base necesario para afrontar la desidia estatal. Contrario a esto, y sin cambios que den pié a un horizonte esperanzador, el gobierno de Juan Schiaretti continúa implementando la precarización laboral, la falta de recursos y la lógica manicomial del sufrimiento y el encierro en los hospitales monovalentes. Abajo exponemos el registro de las minutas construidas a partir del diagnóstico colectivo durante las reuniones organizativas.
Desde los primeros meses del año, se viene denunciando una situación de vaciamiento, despidos y reubicación de personal. Se dieron de baja algunos convenios con organizaciones sociales, con el consecuente cierre de espacios que estaban funcionando para la promoción y asistencia de los consumos problemáticos. Los espacios que continúan funcionando están siendo sostenidos en su mayoría por trabajadorxs en condiciones de precariedad laboral. Es llamativo que la provincia haga publicidad con una de las Secretarías más precarias en cuanto a los modos de contratación de trabajadorxs, con escaso personal de planta.
Hay acuerdo en la existencia de un discurso cínico por parte de
esta Secretaría: se respaldan en el discurso de los derechos humanos y de la Ley de Salud Mental, pero en los hechos han demostrado hacer exactamente lo contrario. Se denuncian situaciones de cierre de dispositivos, despidos, traslados, destrato y maltrato a trabajadorxs y
usuarixs. Durante la pandemia, se han tomado decisiones que lejos de avanzar, retroceden cada vez más en el cumplimiento de la Ley de Salud Mental: se produjo un desmembramiento de los EAC, de las camas de internación en Hospitales Generales, de Hospitales de Día y de
dispositivos sustitutivos. Por el contrario, se ha reforzado el núcleo duro de las internaciones en instituciones monovalentes, con atención centrada exclusivamente en urgencias. Para ello, se han excusado en el contexto de pandemia, a pesar de que todas las recomendaciones internacionales promueven avanzar en el proceso de desinstitucionalización y de acompañar la continuidad de cuidados en los territorios, con los apoyos que las personas necesiten. Así, las medidas adoptadas por la Secretaría de Salud Mental en el contexto de la pandemia dan cuenta de un recrudecimiento de la lógica manicomial que va a contramano de las recomendaciones nacionales e internacionales, de la Ley de Salud Mental y del compromiso asumido por Argentina de poner fin a los manicomios en el año 2020. Esto expresa un grave retroceso en relación a una mirada integral de la salud y un avance de medidas centradas en abordajes biologicista y punitivos.
En el mes de abril se cerró la sede de este dispositivo ante el reclamo del personal de salud vinculado a la falta de elementos de higiene y bioseguridad. La respuesta de la provincia fue el traslado y relocalización de los y las profesionales que componían el personal de dicha sede fuera de su área: en total fueron cuatro las relocalizaciones. En el día de la fecha (8/9), se subió a la página de prensa del Ministerio de Salud la noticia de la “reapertura” del centro comunitario de Villa El Libertador, pero sin previa comunicación ni la consecuente reincorporación de las trabajadoras trasladadas, incumpliendo el compromiso asumido por las autoridades de la provincia de reincorporarlas a su lugar habitual de trabajo en el mes de julio. Por el contrario, se ha conformado otro equipo con trabajadorxs reubicados desde otras áreas. De este modo, se
vulneran los derechos de lxs trabajadorxs y de toda la población, al desconocer la trayectoria de un equipo con 20 años de inserción comunitaria sostenida en este barrio.
En el Hospital Iturraspe no se están produciendo internaciones prolongadas, aunque se denuncia la falta de preocupación y de atención para muchxs usuarixs que llegan al sistema de salud mental. El servicio de salud mental del Hospital cuenta con 8 profesionales menos que hace algunos años (por jubliaciones o retiros que no fueron cubiertos). Se menciona que este hospital también recibió traslados interdepartamentales de personas usuarias provenientes del hospital Santa María de Punilla, sin previo aviso de ello. En el ámbito privado se registran actualmente más de 70 personas internadas. En la localidad
son escasos los centros públicos y privados de salud mental comunitaria y no se desarrollan acciones de promoción de la salud mental. Sumado a esto, preocupa la insuficiencia de dispositivos sustitutivos: no hay actualmente espacios socio-laborales públicos funcionando ni se han creado dispositivos alternativos. Se señala que los pocos espacios que continuaron funcionando están sostenidos por residentes, “como un hospital de día improvisado con residentes”. A su vez, preocupa un aviso de recorte a las becas de las Residencias Interdisciplinarias de Salud Mental, donde además se registra una tendencia a la centralización hospitalaria y un cuestionamiento a las prácticas territoriales y comunitarias.
Se trata de una institución que desde hace 9 años se sostiene por voluntad de trabajadores, usuarixs y colaboración de algunos sectores. Durante la pandemia, el Municipio de Las Tapias solicitó el desalojo del espacio físico en que funcionaba el Hospital de Día, quedando éste sin un lugar para desarrollar sus actividades. A su vez, el hospital perdió el 30% de sus trabajadorxs, debido a que los cargos que quedaban vacantes no fueron cubiertos. Preocupan además las condiciones de contratación precarias de lxs profesionales que se desempeñan en este centro: se denuncia que la única trabajadora que quedó del equipo es una coordinadora que factura como monotributista y que no se han dado nuevas becas para residentes. Por tal motivo, lxs residentes que están actualmente desarrollando tareas en este Hospital serían lxs últimxs designadxs en esa sede hasta que culmine su beca y el Hospital se quedaría sin gran parte del personal de salud mental que está efectivamente trabajando.
El día 7 de septiembre se conoció el resultado positivo para coronavirus de una persona usuaria en situación de internación. A partir de ello, se decidió realizar testeos para usuarixs y trabajadorxs los cuales dieron negativo. Se manifiesta que en este hospital se pone en tensión lo “urgente” (la coyuntura y situación actual) y lo “importante” (la pelea estratégica por el cumplimiento de la ley, que se viene denunciando desde hace años). A su vez, se denuncian malos tratos por parte de las autoridades y directivos de la institución, así como la inexistencia de instancias de apoyo a les trabajadores.
Se mantiene a 6 personas en aislamiento dentro del internado, lo que lleva a cuestionar estas dinámicas de aislamiento dentro del aislamiento. Se plantea que el blanqueamiento de murales en el HNP significó más que pintar las paredes y que se vincula a una tendencia al borramiento de las prácticas singulares y de acompañamiento en el terreno.
Durante la pandemia fueron ganando espacio las prácticas generales y asistenciales, desde una concepción de “uniformidad” de las problemáticas. Se suspendieron los permisos y salidas de las personas internadas. Frente a esto, el Área de Rehabilitación armó un dispositivo para acompañar a las personas durante la internación, mediante estrategias de lxs trabajadorxs orientadas a que las personas usuarias pudieran sostener alguna comunicación con familiares. Aquí surge la pregunta ¿Quién cuida a lxs trabajadorxs? ¿Quién cuida a lxs que cuidan? Se plantea que lxs trabajadorxs se encuentran en un clima de mucha presión y con un cansancio muy grande y que, sin ellxs, no es posible brindar una atención de calidad e integral a las personas usuarias. Se manifiesta que la directora del HNP tiene una modalidad de vinculación autoritaria que dificulta aun mas esta tarea.
En el mes de abril se realizaron traslados interdepartamentales compulsivos de personas usuarias a los hospitales de Oliva y San
Francisco, en una situación intempestiva y de absoluta desinformación. En el mes de julio, debido al brote de coronarivus que se registró en la localidad de Oliva, se realizaron traslados desde el Hospital Emilio Vidal Abal hacia Santa María y ahora están regresando nuevamente al nosocomio de Oliva. Esta trans-institucionalización se produjo a contramano de los derechos de personas usuarias y trabajadoras. Al mismo tiempo, en el Hospital de Santa María se produjo el cierre de servicios y la reducción de algunos equipos de trabajo, mientras que el
área de mayor funcionamiento se concentró en el servicio de atención a urgencias. En esta coyuntura, se produjo la apertura de una casa de medio camino, aunque fue ubicada en el mismo predio del hospital psiquiátrico (de manera contraria a lo que establecen los marcos normativos vigentes).
En la provincia, una de las preocupaciones en relación a las residencias es que una vez egresadxs lxs residentes formadxs en servicios a lo largo de 4 años, no son incorporadxs en el sistema público de salud. Con motivo de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud de Córdoba decidió prorrogar hasta diciembre las becas de lxs residentes que deberían culminar en junio, de aquellas especialidades consideradas “esenciales”, excluyendo de esta medida a las residencias en salud mental. Lxs residentes presentaron los reclamos pertinentes al considerar a esta medida restrictiva, posicionándose también en defensa de la RISaM en sus pilares de perspectiva comunitaria e interdisciplinaria, ante intentos de resquebrajar esta modalidad de formación. Consideramos que la perspectiva comunitaria y el trabajo interdisciplinario se defienden y que son conquistas que no pueden retroceder.
Durante este contexto de pandemia, se puso de manifiesto la dificultad de las personas usuarias para acceder a internet, celulares, computadoras o tecnologías que posibiliten sostener sus tratamientos de manera remota, así como su participación en espacios alternativos de salud mental que tiendan a garantizar la continuidad de cuidados. Además de estas barreras de acceso al sistema de salud/salud mental, la vulneración del derecho a la comunicación también se tradujo en una profundización de la invisibilización de las voces de las personas usuarias -históricamente acalladas e invisibilizadas-. También se planteó una profunda preocupación respecto de las personas en situación de calle, así como en relación a la discontinuidad en el funcionamiento de dispositivos sustitutivos por no considerarlos esenciales, lo que lleva a preguntar ¿qué es lo esencial para la provincia en materia de salud mental?
Este dispositivo funciona hace 8 años como un hogar en donde se genera ciudadanía, donde las personas usuarias se autogestionan y viven su vida, con un acompañamiento terapéutico de profesionales que asisten dos o tres veces por semana. El principal objetivo es que lxs habitantes de la misma se reencuentren como ciudadanxs. Desde el 2018 la Secretaría de Salud Mental oficializa este dispositivo y pagó el alquiler sólo hasta el mes de mayo. Actualmente, se encuentran buscando alternativas para lxs habitantes de la casa ya que la solución que propone la directora del Hospital Neuropsiquiátrico es institucionalizar a cada persona en lugares con lógicas manicomiales.
Se expresa una dificultad en sostener el acompañamiento de esta población en las circunstancias actuales debido a una modificación permanente de las modalidades de trabajo de los equipos. Se manifiesta
que desde los gremios debieron realizar reclamos a la provincia para poder contar con medidas mínimas de cuidados y elementos de bioseguridad (tales como alcohol, barbijos, etc) ya que carecían de estos al comienzo de la pandemia y la emergencia sanitaria.
Se expresa una preocupación frente a esta situación crítica
que afecta las condiciones de existencia de vecinos y vecinas en las comunidades, y que agudiza condiciones de vulnerabilidad previas a la pandemia. Se plantea que hay una fuerte invisibilidad de las comunidades en las políticas adoptadas por los gobiernos y una ausencia de medidas que permitan un abordaje integral de la salud y la salud mental en los territorios. A su vez, muchas comunidades se encuentran con barreras de conectividad, de tiempos y de herramientas tecnológicas que profundizan las brechas de acceso al sistema de salud y el ejercicio de otros derechos.
Se plantea que en los territorios se pusieron de manifiesto
problemáticas muy difíciles para las personas y comunidades. Se considera que en el primer nivel de atención no se diseñaron respuestas que pudieran adecuarse al contexto de pandemia. Por el contrario, se desarmaron algunos equipos comunitarios y no se propuso un plan alternativo más allá de realizar abordajes vía telefónica, a pesar de que es muy limitada la escucha que se puede ofrecer desde un teléfono. A su vez, se expresa que el paro de colectivos volvió aún más inaccesible al Hospital Neuropsiquiátrico, lo que implicó que algunas personas debieran caminar más de 50 cuadras para poder acceder a atención en salud mental. Por otra parte, se plantea que la pandemia no se vivió de igual manera en los distintos sectores sociales. En algunos barrios, la pandemia agudizó las desigualdades y problemáticas pre-existentes, tales como la violencia o la falta de trabajo. Se insiste en que las estrategias sanitarias se limitaron sólo al cuidado físico de carácter infeccioso y que no se diseñaron abordajes intersectoriales para abordar la pluralidad de problemáticas que impactan en la salud mental de las personas. Aquí cabe preguntarse ¿Qué otras cosas tienen que ver con la salud y la salud mental que no sean el barbijo y el alcohol en gel? ¿Qué otras cosas para estos sectores que ya están castigadxs desde siempre? Un vecino de un barrio expresaba “¿sabe qué pasa? Que nos vamos a morir de otra cosa”.
Luego de que Cristina anunciara que hablará el sábado en Quilmes, se supo que el gobernador de Buenos Aires encabezará un acto el mismo día a las 11:00, para hablar sobre el dragado del canal fluvial, clave en la comercialización naval.
Los días 26 y 27 de abril se llevará a cabo en la capilla del Paseo del Buen Pastor, el Primer Campeonato de Swing de Argentina, en el marco del Día Internacional del Jazz.
La ex presidenta y ex vicepresidenta anunció que hablará el próximo sábado 27 de abril en Quilmes “para reflexionar sobre este particular momento de la historia argentina” refiriéndose de lleno a Javier Milei
