En abril del 2021, el abogado ultraconservador Aurelio García Elorrio presentó un recurso de amparo para frenar la aplicación de la ley 27.610 en Córdoba. Por este motivo, las organizaciones civiles Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, la Clínica de Litigio de Interés Público (CLIP) y Fundeps se presentaron como terceras interesadas en el juicio, para defender la plena vigencia de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Luego de dos años de dicha presentación, la Cámara Contencioso Administrativo 1° de Córdoba dictará la sentencia que estaría disponible a partir de las 13hs. Por esto, las organizaciones convocan a Tribunales I (Caseros 551 - Ciudad de Córdoba) desde las 12hs, a realizar un Pañuelazo con la consigna #ESLEY.

Lo judicial, ese campo de batalla

Según el reporte ImplementAR IVE-ILE del año 2022 realizado por la Dirección Nacional de Salud Sexual Reproductiva (DNSSR), desde la sanción de la Ley 27.610 se han presentado 37 causas judiciales contra dicha normativa, en las cuales, en todas se solicita la inconstitucionalidad de la misma, ya sea por vía de amparo o de acciones de inconstitucionalidad en distintas modalidades.

Hasta el día de la fecha las cámaras judiciales han rechazado 26 de esas demandas. Del resto de las causas, 4 se encuentran esperando un pronunciamiento judicial; 4 fueron archivadas; y las 3 restantes son causas reservadas, por lo que la DNSSR no tiene acceso directo al expediente. No obstante, hasta el momento no hubo ninguna sentencia de fondo que avale las impugnaciones contra la Ley 27.610.

Sin embargo, aunque si se pueden producir confusiones acerca de la vigencia de la normativa y la posibilidad del acceso al derecho de abortar, es importante remarcar que la judicialización no obstruye la posibilidad de abortar, por lo que las atenciones se siguieron realizando.

Por ejemplo, Córdoba es la tercera jurisdicción del país con mayor cantidad de efectores que realizaron IVE/ILE en 2022, con un registro de 180 según las cifras oficiales, después de Buenos Aires (549), Santa Fe (371). Y el mismo balance se observa en relación a la cantidad de ILE/IVE, con 1.558 casos en el municipio capitalino y 3.015 en el resto del territorio provincial.

Un posible cierre de ciclo

En diálogo con Enfant, la abogada e integrante de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) Mayca Balaguer contó que la presentación de este recurso sucedió en medio de una “seguidillas de acciones en contra de la ley apenas entró en vigencia, que en este caso se abrió -la causa. Pero no significó nada porque no se dictaron las cautelares, no interrumpió la aplicación de la ley, más allá de lo que mediáticamente significa ver titulares que dicen que se presentó un amparo en contra de la ley, que generaba confusión, parecía que se estaba deslegitimando la norma”.

Respecto a los argumentos en la presentación de Elorrio, la abogada fundamentó que “el actor no tiene legitimación, no hay un caso concreto, y así es como se hacen las evaluaciones de constitucionalidad. Acá Elorrio se arrogó la representación en abstracto de 'todos los niños no nacidos y no deseados de Córdoba'. Eso no es un caso concreto”.

Haciendo un breve repaso histórico, Mayca recuerda que 2021 se observaron muchas presentaciones con argumentos en abstracto: “se atacaba la ley con amparos, acciones declarativas de inconstitucionalidad, contra la ley en general”. Pero en 2022, cuando ya había un año de vigencia de la ley, por ejemplo en Córdoba, sucedió la detención de socorristas y médicas en la localidad de Villa María: “observamos otro tipo de procesos, criminalización a médicas, a socorristas, incluso a usuarias”. Es que, en el marco de la ley incluso, “siguen habiendo cuestiones criminalizadas, porque fuera del plazo y fuera de las causales sigue siendo un delito y es investigado. Agarrándose de eso se sigue criminalizando” explicó Mayca.

En función de la mayoría de antecedentes de rechazo a los amparos antiderechos, Mayca indicó que se espera una resolución que vaya en ese sentido, “lo cual nos parece importante porque es una forma de dar un cierre a ese período de judicialización de la ley” indicó. A su vez, Balaguer advierte que “en Córdoba ya le hicieron lugar a este tipo de planteos, como pasó con la Guía de aborto no punible” resistida por la asociación civil antiderechos Portal de Belén durante 7 años en el ámbito judicial.

“Por eso hacemos el Pañuelazo, para estar firmes y que el rechazo sea un hecho político”.

A su vez, el Portal de Belén también mantiene la denuncia a nivel Federal del Poder Judicial y es una de las que sostiene las denuncias por inconstitucionalidad.

“El escenario de lo judicial no deja de ser donde los antiderechos van a dar las batallas, como lo hacen en todos los escenarios, porque también están en los centros de salud, en los espacios académicos, y en el Poder Judicial nunca dejaron de estar”, completó Balaguer.

Actualización:

La Cámara Contencioso Administrativo 1° de Córdoba rechazó el amparo para frenar la aplicación de la ley 27.610 presentado en abril de 2021 por el ultraconservador Aurelio García Elorrio.