Ya son 18 las denuncias radicadas por casos de abuso de menores en un jardín de infantes ubicado en el barrio Coronel Olmedo, al sureste Córdoba Capital. La acusada es una trabajadora de la institución que responde a las iniciales de VR.

La causa se encuentra en manos de la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual del Turno 1 Alicia Chirino, quien hasta al momento no dictó detención ni imputación.

Familiares señalan que han habido tocamientos y toma fotografías a niñxs de entre tres y cinco años, denunciaron que la directora de la institución no se comunicó, ni dió ninguna explicación sobre las denuncias y la investigación. Por dichas las irregularidades iniciaron reclamos con cortes en la Avenida Circunvalación y escraches frente a la casa de la trabajadora acusada.

Según Prensa Obrera, las víctimas serían 25 “pero sólo se receptaron 18 denuncias al considerar que el resto se trataría solo de fotografías, lo que no constituiría abuso”.

Una de las madres de las víctimas y vecina de Coronel Olmedo, compartió a Enfant Terrible que el pasado lunes se acercó SeNAF a tomar declaratorias a la plaza del barrio. A su vez, algunas madres fueron llamadas por la Fiscalía a declarar y también se citó a lxs niñxs. Sin embargo, no recibieron ninguna notificación sobre la situación de VR.

Otra vez abusos y otra vez Chirino

En Córdoba, la problemática de los abusos sexuales en las infancias alcanzó un nivel de sistematicidad alarmante. El pasado viernes 18/11 se realizaba en Córdoba una movilización en el marco del Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual contra las Niñas y Niños, donde colectivos como la Asamblea Ni Una Menos denunciaban la grave situación en la Provincia por un muy cuestionado Poder Judicial y SeNAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia).

Distintos casos como el de Collegium (2016) y el jardín municipal Casita del Hornero (2019), con 16 y 6 casos de abuso denunciados respectivamente, hasta el día de hoy no han tenido una resolución judicial concreta. La encargada de las causas siempre ha sido la fiscal Alicia Chirino, quien cuenta con varios pedidos de apartamiento e incluso un pedido de juicio presentado por el Partido Obrero en la Legislatura de Córdoba.

Chirino es conocida -a la vez que repudiada- por invocar el argumento del Síndrome de Alienación Parental (SAP), que deslegitima los relatos de lxs niñxs desde una perspectiva patologizante al considerar que se encuentran bajo la influencia de sus mayores, violando el interés superior. Este término, adoptado por el psiquiatra Richard Gardner en 1985, no tiene aval científico.

La sistematicidad con que actúa Chirino es cada vez más cuestionada por las organizaciones feministas y padres y madres protectoras, pero ¿Por qué el Estado continúa encubriendo a una funcionaria que no está capacitada para ejercer su función y por el contrario reproduce violencia institucional y revictimización?

Además, al suceder estos casos suceden en ámbitos educativos, cabe preguntarse sobre la responsabilidad de las autoridades de Educación a nivel municipal, provincial y nacional, así como la importancia de reforzar la adecuada implementación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, todavía resistida en la Provincia sobre todo por los sectores religiosos más reaccionarios.