El día de ayer, vecines de Dique Chico registraron un "mosquito" fumigando con agroquímicos a metros de sus hogares, con la presencia del Ministerio de Cultura y Ganadería y la Policía de la Provincia Córdoba, algo que en realidad es moneda corriente para los pueblos que no tienen protección entre los alambrados y los campos de maíz y soja. Desde la Asamblea del Valle de Paravachasca denunciaron que “nuevamente y con un tremendo viento del sector sur durante todo el día, los mosquitos fumigan a metros de las viviendas en el ingreso a Dique Chico”.

En noviembre de 2017, tras una movida comunal autoconvocada contra la aplicación masiva de agrotóxicos en Dique Chico, se logró que se emitiera una resolución 242/17 restringiendo las fumigaciones a 1.000 mts del pueblo y de la escuela, tanto aéreas como terrestres, así como recomendaciones para lograr una transición hacia la agroecología. Esto despertó la reacción de los productores y su posterior "encadenamiento" en las puertas de la comuna, con apoyo del lobby sojero, conformando la posterior organización “Productores Autonconvocados Altos Fierro”, logrando que la vigencia de la resolución durara tan sólo un mes.

La resolución desembocó en un proceso judicial que inició en diciembre de 2017 en la Cámara Segunda en lo Contencioso Administrativo a cargo de la Jueza María Inés Ortiz de Gallardo, ya que los productores consideraban que se estaba vulnerando su "derecho al trabajo, disponer de la propiedad privada y ejercer una industria lícita". Un consorcio de 20 productores presentaron el pedido de una medida cautelar para continuar fumigando, otorgado por la jueza un mes después de ser solicitada.

Esta causa todavía está en curso, encontrándose entre las 150 causas ambientales que no obtienen resolución en la órbita la Provincia, donde el Ministerio de Agricultura es parte actora junto a los productores.

En 2018 estudios confirmaron la presencia de los químicos del glifosato en 6 niñes. Debido a esto la jueza dispuso una zona de 500 mts de resguardo para la Escuela Bernardo de Monteagudo. El mismo estudio se realizó en 2021, ahora con 20 niñes, confirmando nuevamente la presencia de daños genéticos y el metabolito AMBA -derivado del glifosato-, pero esta vez no se dictaminaría una nueva zona de resguardo para los hogares.

Esta problemática que le otorga a la localidad la característica de "pueblo fumigado" se ha intensificado a raíz de la aplicación intensiva de los químicos, ante la que incluso el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha reconocido hace unos días como una problemática, a raíz de los 580 millones de litros de fitosanitarios vertidos por campaña en Argentina, es decir, entre 14 y 15 litros por habitante.

“Cuando llegas al pueblo ves un lugar hermoso, donde parece que no pasa nada. Ves las camas elásticas de los chicos al lado del alambrado y donde cruza ves el verde soja y ese campo no tiene fin”.

Diana era vecina de Dique Chico y parte del grupo que se opone hasta el día de hoy a las fumigaciones, sin embargo debió tomar la decisión de irse de su casa por consecuencia de éstas: “Apenas me mudé tuve mi sexta neumonía, tenía una por año, cuando arrancaba la temporada de fumigaciones”, comentó a este medio.

“Es muy difícil vivir en el pueblo cuando vos escuchas la máquina desde tu casa y sabes que están vertiendo todos esos litros de veneno, me ha costado un montón emocionalmente, había atravesado un proceso muy doloroso”, agregó luego Diana, quien criticó la demora de la justicia en la causa: “Sus tiempos no son los tiempos de nuestras vidas, cuando inició esta causa mi hija tenía cinco años y jamás se veló su salud, ni por la mía, ni por la de más vecinos que también perdieron la vida en este camino”.

Además de las tardanzas, apuntó a las complicidades con lo que son grupos empresariales: “No estamos hablando de pequeños productores”. En este sentido, cabe remarcar el vínculo de “Productores Autonconvocados Altos Fierro” con los tractorazos que iniciaron este año en la Provincia de Córdoba contra las retenciones, manifestaciones un tanto ridículas que se dan en un territorio cuyo Gobierno Provincial apoya abiertamente dicho reclamo, incluso sectores del Poder Judicial local como el Juez Ricardo Bustos Fierro.

En relación a un panorama más amplio que el de la localidad, Diana visualizó que a tan solo 3 kilómetros se está construyendo la autovía de Paravachasca, la cual se realiza sin aprobación de la mayoría consultada y está destruyendo el monte nativo a medida que avanza. En este sentido, destacó que la obra atraviesa los campos fumigados, lo cual evidencia que lejos de planificarse para el turismo, es funcional al transporte de los commodities.