Hoy a las 09:30 horas las Comunidades indígenas Unidas de Córdoba realizaron una conferencia de prensa en Art Decó (Humberto 1º 401) invitando a una nueva Caminata de los Pueblos Indígenas, que se realizará el próximo viernes a las 14:00 horas, con actividades que iniciarán desde el 10:30 horas desde el Paseo Sobremonte.

Las actividades se vienen impulsando en el marco de la destrucción de "patrimonios arqueológicos" ancestrales, el conflicto por la autovía en Punilla y Paravachasca, la persecución e imputaciones a integrantes de las comunidades indígenas y defensores ambientales, el desalojo ilegal en Molinari y la situación actual en Pluma Blanca, Camchira y Chavascate.

En la conferencia, Mari Castro, representante de la comunidad Nueve Lunas de Punilla e integrante de la organización Kami Henen, denunció que

“Están criminalizando a nuestros comuneros, nosotros somos preexistentes al Estado y estamos diciendo que nuestros derechos no están siendo respetados. Estamos defendiendo el territorio, donde están los lugares sagrados”.

Luego tomó el micrófono Gabriela Taborda, comunicadora e integrante de la Mesa Provincial por los Derechos Humanos, quien ha sido imputada y detenida por el conflicto en Punilla: “Las máquinas empezaron a invadir los sitios ancestrales, hablamos de bosque nativo, de arroyos y del Río Yuspe. A raíz de esa visibilización y de caminar los territorios la Policía nos persigue. Hay un hermano comunero que estuvo muchas horas desaparecido”.

En relación a la violación de los derechos humanos, la abogada Eugenia Scarpinello caracterizó como "muy grave" la situación en Punilla: “Están desapareciendo personas por horas, no sabemos dónde están, a cargo de quién; y luego nos enteramos, una vez que los podemos ver, que han pasado horas esposados, sin acceso a medicina, comida, agua o siquiera hablar con su defensor legal”. También caracterizó los procedimientos de la Fiscalía de Kelm y los policiales como “violatorios de todas las leyes provinciales y nacionales vigentes. Los abogados también hemos sufrido destrato no dejándonos entrar en las comisarías, dándonos información incompleta, sin poder ejercer nuestra profesión”.

Luego de reiteradas denuncias hacia el Poder Judicial de Córdoba por las detenciones ilegales ante las manifestaciones pacíficas, se dictó un Habeas Corpus preventivo: “El Poder Judicial de Córdoba ha dado una respuesta, un habeas corpus colectivo y preventivo, pero a pesar de que esté vigente hoy tenemos una veintena de imputados, criminalizados. Todos han sido víctimas de violaciones de derechos humanos y el Ejecutivo ha llamado a desobedecer este Habeas Corpus”, comentó preocupada Scarpinello .

“Llamo a mis colegas, al Colegio de Abogados y al Poder Judicial de Córdoba a manifestarse a favor de esta marcha y de los derechos humanos.
No sean cómplices de esto que podríamos catalogar como 'terrorismo de estado moderno'. Si dijimos Nunca Más, que sea Nunca Más”.

A raíz de la ilegalidad de la autovía en Punilla, organizaciones y comunidades presentaron un amparo colectivo ante el TSJ de Córdoba para que cese la obra. Sobre este punto, Cecilia Carrizo, politóloga y docente universitaria comentó: “Hay un silencio Cámara Segunda y Cámara en lo Contencioso Administrativo, que son quienes tienen el amparo respecto a la autovía de Punilla. En ninguna de las páginas responden a las violaciones, a la Ley de Información Pública, al Convenio OIT y la situación de los Pueblos Indígenas en la Ley de Bosques. Hay una omisión absoluta con respecto al derecho indígena”.

Con respecto a estratos más alto del Poder Judicial como es a nivel federal, Carrizo precisó: “Ya hay un 'no' por parte del juez Vélez Funes en relación a la protección de los derechos indígenas de la comunidad Ticas en Bialet Massé”.

En el caso de la comunidad pluriétnica de Chavascate, la comunera Marina Molina denunció que está habiendo un avance sobre una reserva hídrica y vestigios arqueológicos por parte de un especulador inmobiliario quien avanza con la construcción de cabañas sobre un sitio ceremonial, haciendo pozos sobre un cementerio indígena.

Por otro lado, Maira, integrante de la Mesa de organizaciones, comunidades Indígenas Unidas y asambleas socioambientales, quien fue víctima del accionar ilegal de la policía de Córdoba en el acampe del obrador en Molinari, comentó que “en Córdoba tenemos más de 140 causas ambientales cajoneadas en la Justicia. Sumarse -a la movilización- es una forma de fortalecer los vínculos, reclamar lo que nos pertenece”.

Fuente: retransmisión de la conferencia por Radio Panamericana FM 99.3.