A una semana de iniciar las sesiones ordinarias legislativas en Dean Funes (elegida como sede de la apertura de sesiones 2025) en el norte provincial, las disputas entre la oposición y el gobierno provincial se hicieron públicas a partir del pedido de una consulta popular para redefinir el acuerdo o no por la licitación de los juegos de azar.

Es sabido de los acuerdos entre el llaryorismo y la Lotería de Córdoba por la regulación y ganancias millonarias que deja los juegos de azar, entre ellos: juegos de paño -póker, blackjack-, slots -tragamonedas- y apuestas online. Lo llamativo es que el proyecto presentado, es por el pedido de licitación de 7 casinos hacia el sector privado y la concesión de los slots por parte de la Lotería de Córdoba.

La estrategia para contrarrestar la avanzada oficialista fue proponer una consulta popular. La misma, se encuentra en los términos del artículo 32 de la Constitución Provincial y del artículo 13 de la ley 7.811, a los fines de que los ciudadanos de la provincia de Córdoba respondan por SI o NO a la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo con la privatización de los casinos existentes, la creación de nuevos casinos y la instalación de nuevos salones con máquinas tragamonedas?”.

Esto, según comentaron, permitiría hacer de público conocimiento una problemática que impacta directamente en el “tejido social y económico local”. A su vez, la oposición advierte que la expansión del juego no sólo “privatiza” un recurso público clave, sino que también “deja a los municipios expuestos a los efectos sociales de la ludopatía, como el endeudamiento y la exclusión familiar”, comentó Alejandra Ferrero, legisladora radical.

“El gobernador (Martín Llaryora) claramente apuesta a los juegos de azar. Ha llamado a una nueva licitación para ampliar la cantidad de casinos y multiplicar las máquinas tragamonedas. Esto ocurre mientras la mayoría de los cordobeses muestran una preocupación creciente por la proliferación de las apuestas y el avance de la ludopatía”, compartió Ferrero.

A favor y en contra de la medida

Las disputas en torno a la regulación de los juegos de azar, tanto analógicos como virtuales, vienen tensionándose desde el 2021 cuando el gobernador Schiaretti propulsó la ley 10.793 de “Regulación de Juegos en Línea”, la cual comenzó a regir a fines del 2023. En la misma, el artículo 21 delimita que los fondos sean destinados a rentas generales y financiamiento de programas sociales “a cuyo efecto el Ministerio de Finanzas de la Provincia debe darle el correspondiente reflejo presupuestario” (Art. 21). Asimismo, también permite la licitación de hasta 7 casinos por año con posibilidad de renovar el contrato.

Hasta el año pasado, los casinos adheridos formaban parte de la plataforma Playcet de los dueños Miguel Ángel Caruso y Aldo Roggio, asociados a la empresa paraguaya Darama Sum, quienes entre sus más de 40 mil usuarios registrados en las diferentes casas de apuestas, recaudaron un total de 149,1 millones de pesos en los primeros siete días de haber logrado el permiso.

De ese total, por ley, la provincia percibe el 10% mensual, sin contar los premios por bonificación que percibe la empresa por los montos que apuestan los jugadores. Ejemplo de ello es que durante enero y febrero del 2024, el Gobierno de Córdoba percibió una mensualidad de ARS 21,9 millones (USD 25.623) en concepto de canon.

De ahí el interés por parte del gobernador de mantener acuerdos de negociación. Sin embargo, si antes no había un registro fidedigno de qué se hacia con lo recaudado, menos se sabrá ahora cuando la restricción del acceso a la información pública y el paso de mando de la Lotería hacia los privados, pareciera ser un hecho consumado.

De igual modo, que la oposición utilice la carta de la preocupación por la dependencia al juego online, la cual, según el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, el 30% de la población mantiene algún tipo de vinculación con el juego y solo el 3,5% son jugadores problemáticos y 1,5% compulsivos, da a sospechar que es más un recelo de que el oficialismo relegó a Luis Juez de participar en la negociación, que una preocupación genuina.

Una problemática normalizada

La preocupación por el fácil acceso de los casinos online en la vida cotidiana, principalmente en jóvenes entre 13 a 17 años, está en alza, y el control por parte de las regulaciones que establecen las casas de apuesta es limitado.

Previo a la sanción en 2021 de la ley de regulación de juego, oficialismo y oposición estaban a favor de poner algún tipo de control sobre las casas de juego online, ya que éstas no necesitaban licitación jurídica para funcionar, únicamente era necesario que el usuario disponga de una billetera virtual y un celular. Dentro del mercado regulado de las apuestas online, solo el 15% del total de jugadores tienen menos de 18 años; el 85% restante lo hace en la clandestinidad, lo que implica un riesgo, ya que son menos los requerimientos de acceso.

Queda abierta la incógnita de qué sucederá en la primera sesión ordinaria el próximo primero de febrero y si realmente a la oposición le importa lo que sus votantes tienen para decir al respecto de las apuestas.