El viernes pasado, el fiscal de la causa, Sergio Cuello, hizo lugar a la solicitud del cese de prisión preventiva que presentó la defensa del acusado. El pedido fue presentado en varias oportunidades pero la justicia se negaba a otorgarle la libertad Bustos mientras se lleva adelante el juicio que dictaminaría o no su culpabilidad.

Cabe destacar que la querella había pronunciado apenas iniciado el juicio que "con el estudio del caso no hay pruebas certeras que vinculen a la persona que está imputada -Lucas Bustos-, con el femicidio".

A pesar de diversos indicadores que señalan que en el femicidio de Cecilia Basaldúa estuvieron involucrados miembros de la policía e hijos del poder de Capilla del Monte, el único imputado por el caso es Lucas Bustos, un joven albañil que tiempo antes habría sufrido violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad.

Semanas atrás, el Tribunal decidió suspender las audiencias por la aparición de nuevas pruebas y de la investigación de ADN, que finalmente fueron insuficientes: "Desde esta parte entendemos y hablando con nuestra perito de parte, que el motivo por el cual una muestra de sangre no puede servir después de dos años, es porque la cadena de custodia no ha estado bien realizada y es por esto que las muestras se deterioran e impiden que podamos tener un ADN nuclear, que es el que sirve para cotejar con las partes o incluso con otros posibles ADN", expresó Giselle Videla, abogada y ayudante de la querella. 

La audiencia se retomará el 1 de julio a las 9 de la mañana, con la declaración de Florentina Bustos, perito de control que sumó al cuestionamiento de las tomas de muestra genética.

La acusación contra Bustos contó con múltiples irregularidades que ponen en evidencia la vocación de la justicia por encubrir a los verdaderos culpables del caso. A más de dos años del femicidio aún no se ha tocado al principal sospechoso que fue Mario Mainardi, propietario de la casa en la que paraba Cecilia y quien la vio por última vez. Además, fue ignorado el testimonio de una testigo que aseguró la participación de Mainardi y de miembros de la policía de Córdoba.