Desde el sábado 22 de febrero, Lian Fael Flores Soraire, de tres años, está desaparecido en la localidad de Ballesteros Sud, Córdoba. El niño fue visto por última vez alrededor de las 15:00, mientras jugaba en el patio de su casa. Sus padres, de nacionalidad boliviana, denunciaron su desaparición tras notar su ausencia en el hogar.

El Ministerio de Seguridad activó la Alerta Sofía, el protocolo de emergencia para encontrar menores en peligro. Las fuerzas de seguridad han intensificado los rastrillajes en la zona, caracterizada por cortaderos de ladrillos, pozos y altos pastizales. Además, un vecino informó haber visto una camioneta blanca con vidrios polarizados circulando en la zona el día de la desaparición, lo que sumó una nueva línea de investigación.

“Pienso que alguien lo tiene. Me duele mucho”, expresó Elías Flores, el padre de Lian, visiblemente afectado. “Nunca me había pasado esto, cuatro años que vivo ahí, todos los días hago el mismo trabajo, el mismo horario. Esta vez no sé qué pasó, que de una desapareció”, agregó.

Ante la urgencia del caso, se solicita la colaboración ciudadana para aportar cualquier información relevante. “Yo pido que aparezca, por favor. No sé si será alguna venganza o qué sé yo, pero que aparezca mi niño, porque es un niño tranquilo”, suplicó su padre.

La fiscalía de Bell Ville habilitó las líneas 03537 450010 y 03537 450013, y también se puede llamar al 911 o acercarse a cualquier sede policial o judicial. Podes comunicarte también al 134 de forma gratuita y anónima las 24 hs del día.

Un contexto que favorece la trata

La desaparición de Lian no es un caso aislado. Es la postal de un país donde los niños y adolescentes pueden esfumarse sin dejar rastro mientras el Estado recorta, desmantela y mira para otro lado. La vulnerabilidad de los menores ante la trata y el extravío de personas en Argentina no es una alarma nueva, pero suena cada vez más fuerte.

Según el Ministerio Público Fiscal, entre 2009 y 2023, se registraron 14.820 denuncias por trata de personas, el 44,3% vinculadas a explotación sexual. Detrás de esas cifras, hay historias que no cierran, redes que operan con impunidad y organismos que pierden presupuesto mientras las víctimas pierden el rastro.

El 53% de las desapariciones en Argentina corresponden a niñas, adolescentes y mujeres adultas. La franja de 12 a 18 años es la más afectada. En Córdoba, por ejemplo, en 2022 se registraron 57 búsquedas de menores, con un 44% de casos en adolescentes de entre 13 y 15 años. Para 2023, la tendencia siguió en aumento, con 3.115 búsquedas nacionales. No hay que ser detective para entender lo que pasa: cuando el Estado se retira, el delito avanza. Se vio con Loan, ahora se repite con Lian.

El negocio de la trata en Argentina se alimenta de la desprotección y la desidia oficial. Se manifiesta en dos formas principales: explotación sexual y explotación laboral. En el primer caso, el 77% de las víctimas son mujeres, el 19% hombres y el 4% personas trans. En el segundo, los explotados suelen ser migrantes en condiciones de extrema vulnerabilidad. Y en ambos, los responsables casi nunca aparecen.

Pero si el panorama ya era oscuro, el gobierno decidió apagar la última linterna. El 30 de enero de 2025, la Dirección Nacional de Migraciones publicó la Disposición 166/2025, donde se eliminó la obligación de las empresas de transporte internacional a la hora de verificar la documentación de menores de 18 años que viajan al exterior. Antes, al menos, las empresas debían chequear la identidad de los menores y la autorización de sus responsables. Ahora, basta con un pasaje y un pasaporte.

Mientras el gobierno recorta fondos y desmantela organismos clave, las redes de trata encuentran un terreno cada vez más fácil para operar.

Los números lo confirman: según el informe del Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) en 2023, el programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata contaba con un presupuesto de 650 mil millones de pesos, con una ejecución de 437 mil millones en el primer trimestre. En el mismo periodo de 2024, el ajuste golpeó de lleno: la subejecución de partidas implicó un recorte del 94,5%.

Con controles migratorios debilitados y organismos sin recursos, el mensaje es claro: la seguridad de los niños y niñas no está en la agenda.