Tras una asamblea conjunta celebrada el pasado 23 de junio donde participaron numerosas organizaciones barriales de Córdoba, votaron iniciar un plan de lucha para exigirle al gobierno provincial una Ley de Economía Popular. También se pronunciaron contra el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional
Esta propuesta de ley implicaría que el estado provincial reconozca a las cooperativas y organizaciones barriales como un sector productivo, impulse la creación de un Consejo de de la Economía Popular, y dote a las mismas de una mayor infraestructura. Asimismo el estado se comprometería a través de esta ley a “comprar a la economía popular un 10% de lo que consume en bienes y servicios” apuntaron durante la radio abierta.
Referentes de organizaciones como el movimiento Barrios de Pie, la Federación de Organizaciones de Base o la CTEP, declararon también que:”el próximo 7 de agosto concluiremos el plan de lucha con una gran movilización el día de San Cayetano ”.
“El estado tiene que reconocer que más de un tercio de los trabajadores, tanto en la província como a nivel nacional están organizados en la economía popular”, declaró Pablo “Nori” Montes.
Todo indica que al momento de votar la adhesión al RIGI en la Legislatura de Córdoba no habrá inconvenientes, y que los sectores concentrados del agro, inmobiliario y de la obra pública tendrán vía libre en la provincia mediterránea para continuar favoreciéndose.
En este momento, la seguridad jurídica, condición necesaria que nos da la capacidad de prever qué pasa con nuestros derechos, se ve enfrentada al modelo de gobierno propuesto por Javier Milei y su equipo, ya que su eje principal es -la reforma del Estado-.
La detención de Alejandro Mercado, quién asumió el pasado diciembre, fue en el marco de una investigación sobre una red de corrupción que involucra una financiera ilegal. ¿Quién es Mercado?
