El pasado lunes se retomó el inicio de la Audiencia Pública Ambiental Digital (APAD) luego del intento fallido el pasado viernes. La presentación del proyecto estuvo a cargo del ingeniero civil Marcelo Maldonado y la bióloga María Alejandra Toya, siendo esta última la encargada de dar a conocer la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y los Planes de Gestión Ambientales destinados a evaluar, prevenir y/o amortiguar los daños ecosistémicos de la obra.

Algo que generó indignación de Alejandra Toya, fue la tranquilidad para leer su power point mientras describía cómo la obra destruiría las "zonas rojas y amarillas de bosque nativo bien conservados", con "un impacto real e irreversible del paisaje" y "en Reservas Hídricas Naturales", explicando que la traza está planificada sobre zonas de máximo, medio y mínimo riesgo paleontológico y arqueológico.

¿Pero quién es realmente Toya?¿Por qué siendo bióloga avala un proyecto que explícitamente de bio tiene poco y nada?

Trayectoria, irregularidades y delitos ambientales

Actualmente además de bióloga, Alejandra es presidenta del Colegio de Biólogos de Córdoba, institución que se encarga de regir deontológicamente a este sector profesional en la provincia, algo paradójico cuando vemos a su principal autoridad avalando un proyecto ilegal en todos sus aspectos.

El lugar que ocupa Toya en el proyecto es otorgado por su contratista, Camino de las Sierras S.A., empresa concesionaria de la Red de Accesos a la ciudad de Córdoba y en este caso también responsable técnica del EsIA; es decir, la misma empresa que contrata el Gobierno de Juan Schiaretti para gestionar los peajes, las infracciones y la construcción de rutas de acceso a la ciudad, una política muy utilizada por el recién mencionado ingeniero civil.

Pareciera que Alejandra busca sumar delitos ambientales a su curriculum, ya que durante la gestión del ex intendente Raúl Mestre por la Unión Cívica Radical se desempeñó como Directora de Evaluación de Impacto Ambiental y se involucró en dos causas, que hoy en están proceso judicial: la causa de la empresa de agrocombustibles Porta Hnos. S.A. y la contaminación con desechos cloacales del Río Suquía hasta la Laguna Mar Chiquita, en su momento ambas a cargo del juez federal Hugo Vaca Narvaja.

El rol que cumplió en cada caso es el mismo y a su vez incumple distintas normativas, aunque todo está regido bajo el Artículo 41 de la Constitución Nacional [1]. En el caso de Porta Hnos., ya es sabido que la empresa directamente no cuenta con EsIA e incumple con la Ley General de Ambiente de carácter nacional. En su momento tampoco estaba en orden con la Ley de Residuos Peligrosos 24.051, ni con la Ordenanza Municipal de Uso de Suelo 8.133, ambas reglamentaciones hoy en día modificadas por el Ejecutivo Provincial, permitiendo su estadía en el territorio.

Cuando le consultamos a Silvia Cruz, amparista y vecina donde se encuentra emplazada la fábrica, sobre el rol de Toya en la problemática, contó que: "ella con su cargo de Directora de Estudio de Impacto Ambiental de la Municipalidad ella firmó todas las auditorias y le renovó las autorizaciones a Porta sabiendo que estaba ilegal en el Uso de Suelo".

Con respecto a la problemática de la Estación Depuradora de Aguas Residuales en Bajo Grande, este hecho llevó a Mestre a decretar la emergencia ambiental y sanitaria debido a que el agua que supuestamente era tratada en la Estación, era liberada presentando niveles altísimos de escherichia colli, coliformes totales y fecales. Si bien estos químicos no llegaron hasta Mar Chiquita, si se halló presencia de fósforo por encima del nivel tolerado. En esta causa se encuentran imputados Ramón Javier Mestre, Omar Gastaldi, Matías Salum, Daniel Bardagi, Luis Grion, Gabriel Rustan, Carlos Poncio y por supuesto, Alejandra Toya.

Es justo preguntarse: ¿es posible confiar en un estudio tecno-científico de tal envergadura, cuando está coordinado por alguien como Alejandra Toya? Más aún ¿cabe confiar en la obra que defiende dicho estudio?

[1] "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo".