Ha pasado mas de un año desde que la intendenta de Juárez Celman Myriam Prunotto ordenara el violento desalojo de las 120 familias que vivían desde 2014 en Bº Parque Esperanza. Vecinxs desalojadxs realizaron una protesta frente al ministerio de Desarrollo Social exigiendo la entrega de los 33 lotes de tierra prometidos por el gobierno y denuncian que aún viven en la capilla municipal sin agua ni luz.
La mañana del 1 de junio de 2018 varios cientos de efectivos de la Guardia de Infantería bloquearon los accesos al Barrio Parque Esperanza, situado en la localidad cordobesa de Juárez Celman. La intendenta de reconocida filiación macrista, Myrian Prunotto acordó con el gobierno provincial el desalojo por la fuerza de 120 familias que vivían en aquel predio, cuya licitación fue adjudicada en 1990 a la empresa URBANOR SA, que nunca llevó a cabo el proyecto inmobiliario pretendido.
Más de un año después, muchas de las 120 familias cuyas viviendas fueron incendiadas por la Policía de la Provincia o destruidas por las topadoras continúan viviendo en la capilla municipal.
En diálogo con Enfant Terrible unx de lxs vecinxs denunció que "Nunca nos entregaron los lotes prometidos, vivimos amontonados. No hay luz, ni agua. La otra noche un cortocircuito del grupo electrógeno casi prende fuego la capilla donde vivimos hace mas de un año".
Con el cansancio a cuestas, ayer algunxs vecinxs se movilizaron a la sede del ministerio de Desarrollo Social de la provincia exigiendo el cumplimiento de las promesas que, tras el desalojo quedaron explicitadas en un acta-acuerdo entre vecinxs y gobierno. Entre otras cosas la Provincia se comprometió a entregar lotes de vivienda a 33 familias, y 45mil$ a otras diez en concepto de indemnización.
Seis policías fueron imputados por la muerte del joven de 35 años en La Falda, en julio de 2022. Fue detenido mientras sufría una crisis psicótica y llevado a la comisaría departamental, donde murió por "asfixia mecánica"
Este jueves, a las 15 horas en el Museo de Antropología iniciará un taller abierto para conocer cómo se registran los malos tratos en los contextos de encierro y luego un conversatorio sobre la creación de un mecanismo local para la prevención de la tortura estatal.
Durante las protestas frente al Ministerio de Capital Humano el pasado 10 de abril, un manifestante perdió la visión de un ojo como resultado de la represión policial
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