El paro activo, convocado por la central de los trabajadores estatales, será para este martes 9 de enero en la provincia en rechazo a los despidos por parte del Estado provincial impuestos por el gobernador Martín Llaryora.

Al día de hoy, más allá de las declaraciones públicas por parte del gobierno provincial de que no existe un lineamiento explícito con el gobierno nacional, muchas de las medidas del gobierno de Javier Milei tienen réplica también en Córdoba.

Giulini hizo mención en la conferencia, al incremento paulatino pero constante de los despidos que, hasta el momento, supera los 240 pero que día tras día, suma la pérdida de puestos de trabajo. Remarcó que “son compañeras y compañeros contratados y monotributistas con muchos años de antigüedad”.

Una postura clara dentro del discurso es que, en palabras de Juan Schiaretti, se dejó una caja con 932 millones de dólares al actual gobernador, quien dice, haciendo eco al presidente, que no hay plata. Giuliani se pregunta: “¿quién miente, el gobernador que se fue o el que está ahora?”.

Agregó también que, desde ATE a nivel nacional, están organizando actividades en todo el país para el lunes 15 de enero, donde se puedan encontrar los trabajadores y continuar promoviendo la organización de cara al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 24 de este mes.

Otros dos puntos en los que puso el foco fueron, por un lado, la “Ley Ómnibus” y la criminalización de la protesta, no solo por estar procesado, sino más bien porque el contexto de crisis tendrá manifestaciones constantemente y los protocolos de seguridad fomentan la persecución y represión de las distintas luchas.

Los diferentes protocolos que aparentan más “garantías a las libertades individuales” solo buscan habilitar la persecución y hostigamiento. Más bien, como una forma de adoctrinar. Giuliani en abril del año pasado fue imputado por “interrumpir el tránsito durante una marcha” y afirma que ese tipo de sanciones van en el marco persecutorio.

El pasado 29 de diciembre presentó, junto a Claudio Orosz en la fiscalía de Distrito 4 Turno 3, una denuncia al ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y a la Sargento Claudia Melian por violar la ley de inteligencia nacional el pasado 20 de diciembre, tras descubrir que la Sargento ejercía servicio de inteligencia para la Policía de la Provincia.

Este tipo de conductas está expresamente prohibida por la Ley 25.520. Y si bien la Provincia no adhirió al “protocolo antipiquete” de Patricia Bullrich, esta semana se vio a Quinteros junto a la ministra de nación firmar un “convenio de cooperación”.

Giuliani agrega: “Creemos que esta foto de Quinteros con la ministra no deja de dar señales de que Llaryora es uno de los principales socios de Milei. Con esto quieren disciplinar y judicializar a los luchadores sociales”.

Para cerrar, se centró en la Ley Omnibus, y remarcó la importancia de interpelar a los Diputados y Senadores cordobeses para saber qué harán a la hora de acompañar este proyecto en las distintas Comisiones y a la hora de votar. Destaca la necesidad de exigirles que "estén a la altura".

Hizo hincapié en que el gobierno nacional plantea que nuestro país se convierta en una colonia, mientras que es necesario un proyecto de país soberano.

"Esperemos que en el parlamento no sean cómplices de la entrega desmedida que hacen de nuestro patrimonio y nuestra tierra", concluyo la conferencia.