Tres décadas de lucha y tenemos nueva ley de VIH

El Senado aprobó la nueva Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis, Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis por 60 votos a favor y uno en contra. La exigencia social hacia los representantes políticos para hacerle frente a esta problemática, tras haber perdido estado parlamentario en reiteradas oportunidades, por fin obtuvo resultado.

El Senado de la Nación discutió y aprobó la Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis, Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis. Con 60 votos a favor y el único voto en contra del jefe de bloque de Senadores del PRO Humberto Schiavoni. La exigencia social hacia los representantes políticos para hacerle frente a esta problemática, tras haber perdido estado parlamentario en reiteradas oportunidades, por fin obtuvo resultado.

La modificación de la Ley Nacional del Sida (23.798) que fue sancionada en 1990, hace hincapié en abordar el VIH, las hepatitis, tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual de manera integral e intersectorial y desde la salud colectiva con el fin de derribar prejuicios y discriminaciones.

¿Qué significa que la ley sea integral e interseccional? A que la asistencia sanitaria otorgue una cobertura total de las prácticas preventivas y terapéuticas, incluyendo las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas, y toda otra atención de salud integral e interdisciplinaria que resulte necesaria o pertinente. Además, establece que las obras sociales, los prestadores de salud y todos los organismos que comprende la ley, deben articular con las instancias nacionales, provinciales y/o locales que provean programas para la atención de las personas con VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS a los fines de garantizar la atención intersectorial de acuerdo a lo decretado en la ley.

Por otro lado, la ley estipula el acceso gratuito y universal a la salud, por lo cual todos los organismos y agentes que formen parte del sistema de salud está obligado a brindar asistencia integral, universal, gratuita, a las personas expuestas y/o afectadas por el VIH, las Hepatitis Virales, otras ITS y la tuberculosis. Resaltando que toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal.

Al igual que la normativa anterior, la nueva ley quiere asegurar que se cumpla la privacidad del diagnóstico en los ámbitos laborales. Se busca proteger de la discriminación, así como también favorecer la empleabilidad de las personas con VIH, prohibiendo el testeo en preocupacionales en los ámbitos públicos y privados.

En esa línea, se garantizarán mecanismos para asegurar a aquellas personas en situación de vulnerabilidad acceso a las pensiones no contributivas, y para quienes viven con VIH y/o ciertas consecuencias de las hepatitis virales la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada con 20 años de aportes. La medida está pensada como una forma de reparación de derechos hacia personas que transcurrieron discriminación y exclusión a causa de su diagnóstico.

Por otra parte, promueve la investigación, la capacitación, la difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis. Dicho órgano será integrado de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en el asunto. Además, se buscará la garantizar representación federal y de géneros, cuya integración será determinada por vía reglamentaria. A su vez, creará el Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación con el fin de documentar y erradicar vulneraciones hacia personas afectadas.

Según la Fundación Huésped, la anterior ley fue pionera y muy importante en su momento, pero en 30 años cambiaron muchas cosas respecto a la epidemia del VIH puntualmente. Existen más herramientas, hay más conocimiento- por ejemplo, saber que Indetectable es igual a Intrasmisible-, y nuevas respuestas a su tratamiento. En este sentido, la nueva ley, "es una propuesta impulsada por las organizaciones de personas con VIH desde hace muchos años". Significa un gran avance "para encontrar mejores respuestas desde un enfoque de derechos a la epidemia del VIH y a las hepatitis virales y las ITS, que actualmente no cuentan con marco normativo". 

La Red Argentinas de Jóvenes Positivos (RAJAP) informó que en Argentina 140 mil personas viven con VIH. El 17% no conoce su diagnóstico, el 29,9% se diagnosticaron en un estado avanzado de la infección-por estigma, discriminación, desinformación y dificultad para monitorear su salud-. Son 65 mil personas las que reciben el tratamiento antirretroviral en el sistema público.

Por su parte, la Asociación Ciclo Positivo informó en diciembre del año pasado que, mientras la ley perdió estado parlamentario durante seis años consecutivos, fallecieron 15.000 personas a causa de VIH y hepatitis virales; 28.800 personas recibieron un diagnóstico de VIH y 12.600 de hepatitis virales; y se registraron 65.000 nuevos diagnósticos de tuberculosis.

Bajo la consigna "No hay más tiempo", fue la población organizada la que logró presionar para que diputadxs y senadorxs tomen cartas en el asunto y dejen de posponer una ley que es de carácter urgente.

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