"¿Es posible gozar de salud mental en un contexto de precariedad?¿Cómo hacer para obtener un mínimo grado de estabilidad psíquica cuando los derechos son vulnerados?". Son algunas preguntas que La Garganta Poderosa se realiza al publicar lo que parece un fragmento del Informe Villero sobre salud mental, un nuevo trabajo del Observatorio Villero de la organización.
Las preguntas surgen desde el trabajo de monitoreo en barrios populares de todo el país,"signados por la violencia en zonas liberadas por Fuerzas de Seguridad, por el hacinamiento y el trabajo informal". Preguntas que no son respondidas, sino que sirven como disparadoras y nos dicen una vez más, que no es posible hablar de salud mental sin situarla.
Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) -la cual estima que se necesitan más de 23 profesionales de atención por cada 10.000 habitantes para una cobertura adecuada de atención primaria-, el informe revela algunos datos que dan cuenta de la precariedad y vaciamiento que traviesan los servicios de atención en salud mental de los barrios populares.
"En el barrio Yapeyú, Córdoba, tenemos una sola psicóloga para 10 mil habitantes; en la Villa 21-24, CABA, sólo contamos con 12 profesionales para más de 70 personas; en el barrio Madres a la Lucha, Río Gallegos, no tenemos ni psicólogos ni psiquiatras".
Otra preocupación gira en torno a que "el consumo problemático no para de aumentar" y los espacios vacíos que deja el Estado para su cobertura. Por eso, desde La Poderosa recurren a la autogestión: "La cooperativa de panificación Timy del barrio Gaucho Rivero, en Paraná, se sostiene entre seis jóvenes que estuvieron en situación de consumo. Sin embargo, la violencia está inmersa en la raíz, ya que uno de ellos tuvo un recaída y terminó baleado por otro pibe del barrio, que también consume".
"Nuestras pibas y pibes tienen derecho a proyectos de vida".
Otro punto atendido por el informe son los suicidios, "otra cara de la misma moneda" explican en relación a la ineficaz implementación de la Ley Nacional de prevención del Suicidio Nº 27.130: "en el barrio Constitución, San Rafael, Mendoza, cuatro adolescentes se suicidaron en una semana; en el barrio Bosco II, Santiago del Estero, en 2020 se quitaron la vida seis adolescentes y hubo 30 intentos de suicido".
Ante este complejo escenario, desde La Poderosa reflexionan acerca de la relación entre los derechos humanos y sociales y la concreción políticas de salud mental:
"Necesitamos políticas públicas que reconozcan la situación de vulnerabilidad que representa vivir en una villa, con medidas que contemplen la salud mental de forma integral para mejorar la calidad de vida y el trabajo".
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