A partir de hoy, el Estado Nacional se encuentra en condiciones de otorgar licencias para la producción industrial de cannabis. Por primera vez en la historia argentina, se podrá producir y consumir desde alimentos hasta medicamentos y cosméticos de manera legal. El Gobierno estima que en los primeros dos años se crearán unos 10 mil puestos de trabajo para una demanda prevista en seis millones de usuarios.

Luego de demorarse más de un año para su reglamentación y puesta en marcha, la “Ley Cannabis” ya es una realidad y Argentina da un paso gigante para el uso y la producción de una planta históricamente prohibida.

La normativa establece la cadena de producción y comercialización local o con fines de exportación de la planta, al igual que sus semillas y también sus productos derivados, ya sea para su uso medicinal, como científico e industrial.

También prevén el otorgamiento de al menos 80 licencias antes de fin de año a través de la Ventanilla Única de la Agencia Regulatoria de Cannabis (ARICCAME), institución creada a principios de años que se encontraba paralizada hasta entonces. ARRICAME será quien se encargue de tramitar las autorizaciones y licencias para las operaciones de cultivo, cosecha, almacenamiento, fraccionamiento, procesamiento, producción industrial, transporte y distribución, comercialización y cualquier otra actividad económica que integre la cadena productiva del cannabis.

El directorio de ARRICAME está conformado por los representantes asignados de los Ministerios de Salud, Ciencia y Tecnología, Seguridad y Economía, a través de sus representantes asignados. Los mismos están habilitados a partir de ahora para evaluar y aceptar las solicitudes de autorizaciones y licencias presentadas, con la prioridad para aquellas firmas cuya mayoría o totalidad del capital social provenga de fuentes de origen argentino.

En este sentido, la normativa establece que también se dará prioridad si el 50% o más de los roles de toma de decisiones (presidencia, administración, dirección y gerencias) están ocupados por mujeres o personas trans, y que la mitad o más de los puestos de trabajo del personal sean ocupados por mujeres u otras personas con identidades no binarias.

Además, se da lugar a la creación del Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, constituido por un representante de Nación y uno por cada provincia.

“Se pone en marcha una verdadera industria”

Daniel Landgren es Presidente de la Asociación Civil “Comunidad Cannábica de Córdoba”, organización que pelea por los derechos de lxs usuarixs de la planta de cannabis. En diálogo con Enfant, sostiene que con la nueva reglamentación “se pone en marcha una verdadera industria” ya que -con el tiempo- se le dará cabida a los más de 300 proyectos que esperaban este momento.

“Es alentador que el Estado haya tomado cartas en el asunto. Hay que ver cómo se sigue reglamentando a nivel financiamiento porque el artículo previsto para ello sigue sin fijarse, lo que quiere decir que por el momento el Estado no pondrá un peso, aunque seguramente más adelante se reglamente”, expresa Daniel.

Con respecto a la articulación del Estado Nacional con las organizaciones cannábicas, Daniel entiende que se han logrado importantes avances, como por ejemplo, el trabajo en conjunto que llevan a cabo junto al Ministerio de Salud con respecto a la Ley de Cannabis Medicinal 27.350 en lo que respecta al intercambio de conocimientos, información y opinión sobre las propiedades curativas de esta planta milenaria.

“Con el Gobierno Nacional la relación ha sido fluida, nos han escuchado. En esta nueva ley es muy importante que el Estado le da prioridad a las organizaciones del campo civil, a las cooperativas y otras que tengan estado de vulnerabilidad -por ejemplo- en la posibilidad de tener fondos para llevar adelante proyectos en determinadas zonas que tienen problemáticas puntuales: ambientales, climatológicas, o desarrollos pobres en el sentido de la agricultura familiar”.

Pero a su entender, en la Provincia de Córdoba, la situación es distinta: “peca de procastinadora. Si bien se han constituido muchas cooperativas y hay proyectos interesantes como el medicinal de Villa Ciudad Parque o el de cáñamo industrial en Traslasierra, no hay proyectos de gran envergadura. Y se debe a que el Gobierno Provincial tarda mucho en avanzar -por ejemplo- con el armado de la comisión evaluadora de proyectos, o con la constitución de una mesa de trabajo que deberíamos integrar las organizaciones de la sociedad civil”.

Argentina se posiciona como uno de los pocos países a nivel mundial con normativas a favor de la producción, comercialización y distribución de cannabis medicinal e industrial. Queda pendiente la legalización plena para uso recreativo, lo cual dependerá en gran parte de la gestión que gobierne el país desde el próximo 10 de diciembre.