Argentina se ha sumado a las recientes y simultáneas aprobaciones de productos transgénicos en distintos países, haciendo oficial la producción y comercialización del trigo HB4 (trigo IND-ØØ412-7), el segundo transgénico HB4 de marca nacional (el primero es la papa HB4), a través de la resolución 27/2022 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, mediante la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional que preside Luis Contigiani.

Según advirtió el periodista Patricio Eleisegui, el producto venía expandiéndose desde el año pasado en Argentina, "silencioso y masivo".

La investigación del organismo modificado genéticamente (omg) se estaba llevando a cabo por la empresa argentina de biotecnología agropecuaria Bioceres, en conjunto con el CONICET. Además hace ya una semana habían autorizado el producto en los mercados de Australia y Nueva Zelanda.

A su vez, en la resolución se visualiza la coordinación con China, cuando afirma: “la REPÚBLICA POPULAR CHINA ha autorizado la tecnología HB4 en otro cultivo”, en referencia a la soja HB4 aprobada por el gigante asiático el pasado 29 de abril de 2022.

La firma Indear, sociedad entre Conicet y Bioceres (esta última financiada por magnates como Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman, con cotización en Nueva York), es la autorizada para comercializar el omg, sus productos y subproductos derivados como la harina de trigo, y toda la progenie derivada de los cruzamientos de este material con cualquier trigo no modificado genéticamente.

Por otro lado, la comercialización con “Brasil, el principal comprador internacional de trigo argentino” del producto, pone en alerta a otros productores de la cadena triguera, ya que advierten que el nuevo HB4 podría derivar en la pérdida de mercados para el cereal argentino, cuyas exportaciones tienen como principal destino justamente Brasil.

Cuestionado por todos lados

A las cámaras empresariales argentinas productoras de trigo les preocupa el trigo HB4 por los riesgos que trae una nueva competencia, en términos de pérdidas y ganancias. Aunque el Gobierno Nacional, cuestionado por los grandes productores por "unilateral", también ha ignorado las advertencias sobre el uso de un producto que requiere más agrotóxicos como el glufosinato de amonio, herbicida más potente que el cancerígeno glifosato. Es decir, la intensificación del material transgénico resistente a la sequía viene a profundizar un modelo altamente dependiente de los químicos del agro.

Según la organización GRAIN, “en Argentina ya se usan más de 525 millones de litros de agrotóxicos por año”, por lo que esta nueva autorización implica aumentar la utilización de estos compuestos nocivos para la salud ambiental.

A los cuestionamientos se suman con dureza las organizaciones populares campesinas y organismos como la UTT (Unión de Trabajadorxs de la Tierra) universitarios y científicos -incluyendo más de 1.000 científicxs del propio CONICET- debido a las aparejadas consecuencias de desmonte y pérdida de biodiversidad, que afectan de forma directa a la producción campesina y las poblaciones rurales.

Debido a estos frentes de señalamientos, amparado en el Art. constitucional 41 y el Acuerdo de Escazú firmado por Argentina, el juez federal Santiago Carrillo había ordenado implementar un procedimiento de participación ciudadana que permita a toda persona interesada hacer denuncias, proveer información o hacer presentaciones de cualquier tipo. Sin embargo, la aprobación del trigo HB4 si realizó sin implementar estos mecanismos.

En este marco, la resolución ha sido judicializada por productoras agroecológicos de la provincia de Buenos Aires, que habían presentado con anterioridad un recurso de amparo para suspender el trigo transgénico y adelantaron que volverán a presentar medidas tanto en la justicia provincial como federal. Según Agencia Tierra Viva, el abogado de la organización Naturaleza de Derechos, que representa a los productores, Fernando Cabaleiro, sostuvo: “Vamos a insistir nuevamente con la cautelar de suspensión del trigoHB4 en la provincia y pedir un dictamen de la Dirección Nacional de Agroecología”.

La ausencia de consulta previa, el descontento generalizado de distintos sectores productivos del país, la participación de China junto a las otras potencias extranjeras, así como de los poderosos laboratorios de biotecnología, evidencian que esta articulación transnacional-transgénica tiene como último fin la intensificación de un modelo productivo de exportación y acumulación de riquezas para las firmas, en un rotundo acto de pérdida de soberanía.

La misma implementación del modelo agrotóxico, ha intensificado el calentamiento global a partir del desmonte, deteriorando las precipitaciones y generando crisis hídricas cada vez más concurrentes que, aunque se creen más productos HB4, afectan a la vida en su conjunto.