Luego de que se hiciera público que Alberto Hensel sería el secretario de Minería dentro del gabinete de Alberto Fernández, distintas organizaciones ambientalistas de provincias arrasadas por la megaminería como Catamarca, San Juan, Santa Cruz y Chubut se pronunciaron contra el nombramiento. Tras la modificación de la ley 7722 en Mendoza preocupa la política gubernamental en relación al medio ambiente.
Por Lautaro Manuel para Enfant Terrible.
Alberto Hensel tiene un largo trayecto en relación al lobby extractivista. Es sanjuanino, abogado, y pertenece al riñón político del gobernador provincial Sergio Uñac. Su currículum no refleja eso que llaman “buenas prácticas” en materia minera. Los precedentes tienen que ver con nada más y nada menos que con la multinacional Barrick Gold, que opera en la provincia de San Juan, y cuyo río fue contaminado con miles de litros de vertidos tóxicos y metales pesados en cuatro derrames catastróficos, sucedidos a lo largo de los últimos dos años.
Mientras Hensel formaba parte de la secretaría de gobierno de Uñac,“la Barrick” reconoció haber derramado 1.070.000 litros de solución cianurada, convirtiéndose en el peor de los desastres en la historia de la minería del país. Según un informe de la Policía Federal, cinco ríos de Jáchal contienen niveles de cianuro. A las pruebas se suma un relevamiento de la Universidad de Cuyo en el cual se halla la presencia de metales pesados en dichos lugares.
Hensel es abogado y hoy flamante secretario de Minería, espacio dependiente de la cartera de Producción a cargo de Matías Kulfas. También fue durante ocho años intendente de la localidad de Sarmiento en su provincia natal hasta que el por entonces gobernador José Luis Gioja, hoy presidente del Partido Justicialista nacional, lo incorporó a su gobierno en 2005.
Numerosas organizaciones sociales y ambientalistas han hecho circular un mensaje en el que denuncian que Hesel defenestra los debates con ellas. Denuncian que impidió que Jáchal se expresara en consulta popular y que no mantiene ningún respeto por la Ley de Glaciares validada constitucionalmente por la Corte Suprema.
“Jáchal sigue pobre, su economía regional ha sido destruída. Hace quince años que la megaminería se clavó en el norte de San Juan y sólo generó contaminación y abuso de poder” denuncian más de 30 organizaciones.
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