Ayer miércoles se llevó a cabo la primera audiencia pública en la Cámara de Diputados sobre la reforma de la Ley de Glaciares (26.639/2010), la cual pretende modificar la regulación sobre la exploración minera en los periglaciares al proponer que “cada provincia determine qué glaciares protege y en cuáles se pueden habilitar actividades extractivas, como la minería”. 

Esto no solo viola el Art.41 de la Constitución, donde se estipula “la potestad de generar leyes de presupuestos mínimos ambientales”, como se describe en la vigente Ley, sino que además pretende que la disposición de sí es apto o no para iniciar un cambio del uso del suelo, quede en manos de las concesiones mineras.

De los 100.000 inscriptos para la audiencia, Nación solo aceptó la participación de 360 expositores, repartidos entre el miércoles y jueves de manera presencial, virtual y asincrónicos. Ante esto, actores de la sociedad civil, Diputados de bloques opositores (UCR, FDT, C.C, etc) solicitaron una medida cautelar, rechazada por el juez Enrique Alonso Regueira.

Es necesario recordar, siempre que lo amerite la causa, que todo tratamiento en el cambio del uso de suelo está mediado por el mentado R.I.G.I, que en caso de aprobarse la reforma, todo acuerdo entre las provincias y las mineras, no podrá modificarse en 30 años.

“No pueden entregar el agua porque es para siempre”, comentó durante su audiencia el abogado ambientalista, Enrique Viale.

Fotografía por: Agustín Alejandro González