Presupuesto para Autovía y no para la ciudadanía

El Gobierno Nacional aprobó ayer el presupuesto de 75 millones de dólares para la continuidad de la Autovía de Montaña. Esta acción significa un desconocimiento al proceso de participación y reclamo en contra del proyecto que vecinxs, científicxs y asambleístas de Córdoba vienen realizando en la Audiencia Pública Digital, la cual recordemos aún ni si quiera ha terminado.

Ayer y mientras todavía sucede la audiencia pública digital, donde se vienen presentando una mayoría importante de argumentos contra el proyecto, el Gobierno Nacional a través de un decreto anunció la aprobación del Contrato de Garantía entre Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el financiamiento de la alternativa a la Ruta 38 por $75.000.000 (setenta y cinco millones) de dólares. También aprobó el Modelo de Contrato de Garantía entre Nación y el Gobierno Córdoba.

En diálogo con La Nueva Mañana de Córdoba, el biólogo Raúl Montenegro integrante de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) habló sobre la denuncia penal realizada a la Justicia federal para investigar el procedimiento que realizó la Provincia según las legislaciones vigentes y dar cuenta de la ilegalidad del accionar gubernamental. El biólogo expresó:

"La presentación penal que hemos presentado pretende mostrar que el Gobierno ha establecido un mecanismo que calificamos como ilegal, es decir, se establece la obra y se busca financiamiento y cuando tiene todo cerrado, busca que las normas se adapten a los caprichos del gobernador"

Según el objetivo general planteado, el Proyecto prevé "mejorar la capacidad de la infraestructura vial del departamento de Punilla" y específicamente pretende reducir tiempos de viaje, costos de operación vehicular y emisiones de CO2. Este ha sido el argumento principal del pequeño porcentaje de expositores que se han declarado "a favor" del trazado.

Con esto se ha ignorado la variedad de puntos expuestos por una mayoría en relación a los servicios deficientes en el Valle de Punilla: la falta de agua potable, deteriorada infraestructura en materia de salud y educación, así como la ausencia de inversiones para fortalecer la economía regional y el empleo local. Teniendo en cuenta que hablamos de 75 millones de dólares de gasto público, para una obra que amenaza la flora y fauna nativa, cuencas fluviales, reservas naturales, barrios residenciales y hasta restos paleontológicos y arqueológicos de pueblos originarios.

Esto refleja como expresó, Brenda Paponi una de las expositoras en la Audiencia:

"convocan a audiencias públicas que no son vinculantes, son meros trámites administrativos para convalidarlos".

Otros argumentos que giran en contra del proyecto son referentes Plan de IIRSA - COSIPLAN (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento) dentro del cual ingresa la Autovía como parte del “Eje Mercosur-Chile” con el Corredor Bioceánico Central. A partir de esta postura se busca develar que los objetivos de la Autovía incluso van más allá de favorecer a la ciudadanía de Punilla que pretende mejor conectividad vial con la ciudad de Córdoba.