Las y los mendocinos de diferentes latitudes de la provincia cuyana se movilizaron esta mañana, desde el kilómetro 0, hasta la Casa de Gobierno para pedir por la derogación de las leyes: 9.684 que aprueba la declaración de impacto ambiental en el cerro San Jorge (Uspallata) y la 9.685 que hace lo mismo con casi 30 proyectos en Malargüe.

Por voto afirmativo de las dos terceras partes, el 9 de diciembre, la legislatura aprobó la declaración de impacto ambiental para exploración y explotación minera de cobre, proyecto que va en contra de la Ley 7.222, en protección del ambiente y en detrimento de la cuenta hídrica que abastece al 75% de la población mendocina.

Veinte días ininterrumpidos de movilización, con el objetivo de que el gobierno de Alfredo Cornejo, alineado a Nación, revoque la moción que se dio puertas adentro, sin consulta popular. Votaron de espaldas al pueblo, como si no bebieran el agua de la zona que gobiernan.

En 2019 buscaron modificar la Ley 7.222 y dieron marcha atrás por fuerza de la mayoría, esta vez vallaron todo, usaron la legislatura como espacio de represión y el fiscal Fernando Giunta retuvo durante 20 días a los hermanos Facundo y Renzo Gollano.

Cada provincia está siendo una zona de impacto ambiental, de represión policial y de firmamentos que detrás de supuestas "inversiones" lo que queda es sequía, heridos y cuerpos agotados de reclamar justicia social.