En abril del año pasado, el Estado Nacional, representado por su Ministro de Interior, Wado de Pedro, junto a autoridades del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y una comitiva de gobernadores (y una gobernadora) de diez provincias argentinas (Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Chubut) fueron invitados a Israel por los representantes de su empresa estatal de agua “Mekorot”, con el objetivo de conocer sus instalaciones, conocimientos y tecnología.
En aquella oportunidad, la empresa israelí, a través de su coordinador de Proyectos Especiales e Internacionales, el argentino Diego Berger, prometió soluciones idóneas para paliar los efectos de la sequía y enseñar -siguiendo el ejemplo de Israel- a centralizar el control del consumo agrícola, industrial y doméstico de los recursos hídricos argentinos, con el afán de delimitar prioridades e infraestructura adecuada a cada región. Esto sucedía, mientras el otoño todavía no dejaba ir a los sufridos calores de un verano que registró temperaturas sin precedentes, a la vez que profundizó la crisis hídrica en una docena de provincias argentinas ya afectadas por la sequía
De Pedro, quien tuvo que cancelar su viaje programado en 2020 por la pandemia del Covid-19, fue y es el principal articulador de los sucesivos convenios que la mega empresa fue firmando con el CFI, desde hace ya más de un año, con el aval de las provincias antes nombradas. Las primeras en firmarlos fueron San Juan y Mendoza quienes, en septiembre de 2022, decidieron contratar los servicios extranjeros con el supuesto objetivo de realizar “Planes Maestros de Conservación y Gestión del Agua” en ambas provincias. Finalmente, en febrero del corriente año, hicieron lo suyo las provincias restantes.
Desde el inicio, tanto el Gobierno Nacional como los diez gobiernos provinciales no dudaron en confiar e invertir en los servicios ofrecidos por la empresa israelí, que ya empezó a trabajar en el país, al igual que en otras latitudes latinoamericanas como Chile, Brasil, Colombia, Uruguay y República Dominicana.
Pero como no todo lo que brilla es agua, ¿qué no dice Mekorot? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Por qué su presencia encendió las alarmas en las asambleas de Derechos Humanos, ambientales y comunidades originarias de las provincias cuyos gobernantes pusieron la tinta en acuerdos donde no se conoce la “letra chica”?
Además del Ministerio del Interior, el organismo que encabezó las negociaciones con la sociedad fue -y es- el organismo interestatal autónomo CFI que, desde 1959, desarrolla “herramientas técnico-financieras que les permitan (a las provincias) desplegar y enriquecer potencial en productividad, comercio exterior, gestión de gobierno, innovación tecnológica, industrias culturales y empleos del futuro”, según señala su presentación oficial.
Sin embargo, desde la Campaña “Fuera Mekorot” (CFM en adelante) advierten que, ante los pedidos para acceder a la información de los acuerdos, como también a la exigencia de la apertura de instancias donde se habilite la participación popular, el CFI argumentó que su estatuto no es alcanzado por la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, por lo que no está obligado a brindar lo demandado.
Sobre este punto consultamos a Gisela Cardozo, secretaria general adjunta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino en la CFM, quien compartió a este medio: “Resulta que Israel va a tener acceso a los mapas de agua de nuestros suelos y subsuelos, pero a nosotros no nos dicen ni cuánta plata pública irá a una empresa estatal extranjera, acusada de violar derechos humanos de los palestinos, ni qué trabajos específicos harán sobre nuestros territorios”.
La posibilidad del desarrollo de megaobras que no habiliten la instancia de consultas populares sino, más bien, la construcción de infraestructura para el sostenimiento hídrico para el lobby agropecuario, megaminero o hidrocarburífero, encendió la preocupación de las organizaciones que ven en Mekorot un problema mayúsculo. Sobre esto, Cardozo acusa que:
“No es casualidad que las provincias firmantes sean en su mayoría territorios saqueados por la megaminería que consume millones de litros de agua. Para Argentina es todo pérdida, porque está entregando información de mucho valor a otro Estado en un contexto complejo como el presente, porque viene a mercantilizar un bien común que ya escasea en algunos territorios”.
La llegada oficial de Mekorot a Argentina, se da a más de una década de su primera y frustrada intención de hacer negocios en el país. En el año 2011, la compañía iba a ser contratada por la Provincia de Buenos Aires, gobernada en aquél entonces por el peronista Daniel Scioli, con el objetivo de construir una planta potabilizadora en la ciudad de La Plata.
Sin embargo, desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), nucleados en la naciente Asamblea Fuera Mekorot, lograron que el gobierno bonaerense suspenda la concesión tiempo después. En diálogo con Enfant, Cardozo recapituló aquel proceso:
“En ese momento lo que hizo Mekorot fue hacer públicas las propuestas que tenía, que fueron analizadas por ingenieros y científicos de la Asamblea. Y lo que se veía en esas propuestas, es que iba a hacer justamente lo que hará ahora en diez provincias: incrementar el precio del agua, generar que la gente que vivía en las afueras de la ciudad de La Plata tenga un agua de peor calidad y no potable; y que aquellos que estaban en el centro de La Plata (que iban a pagar más) tengan mejor calidad de agua”.
En ese entonces, las organizaciones sociales presentaron ante la Legislatura bonaerense un informe de 1000 folios -el cual consultó este medio-, donde expusieron información precisa y detallada sobre las consecuencias de la instalación de Mekorot. Allí, se explica que la empresa planificaba abandonar el agua que provee el Acuífero Puelches (con 300 billones de litros de agua dulce) lo que -según los científicos orgánicos a la Campaña- hubiera producido la elevación de la napa freática, contaminación bacteriológica, inundación de sótanos y deterioro de cimientos de casas. Además, la empresa advertía que tras su instalación con la planta potabilizadora, triplicaría las tarifas.
Otro problema identificado por la Campaña, radicaba en el modus operandi de la compañía al tercerizar expertos y profesionales especializados en el manejo y gestión del agua, para la implementación de sus trabajos. Desde el espacio socioambiental -y al contrario de lo que argumentan las autoridades nacionales-, entienden que el país tiene la suficiente soberanía técnica y científica para el desarrollo de tecnología e infraestructura para el manejo del agua, sin necesidad de contratar a una empresa extranjera.
Fundada 11 años antes que el propio Estado de Israel (1948), la compañía creció a medida de que la población israelí se fue apoderando de los históricos territorios de Palestina, hasta acaparar en la actualidad más de 3.000 plantas y 13.000 kilómetros de acueductos que garantizan el agua a la población, industrias y campos agrícolas de Israel.
La empresa, que se jacta de hacer “florecer agua del desierto”, es actualmente denunciada por la violación sistemática del derecho al agua del pueblo palestino; en este sentido, desde la CFM advierten que la compañía exporta un modelo que tiene como objetivo el “despojo, la mercantilización y el acaparamiento del agua”. Un dato importante es que, en los territorios ocupados por el régimen, los pobladores palestinos tienen prohibido por ley recolectar agua de lluvia o realizar perforaciones.
La semana pasada, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu expuso ante la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York, un mapa donde exhibió a Israel como el único estado soberano en la zona ancestralmente habitada por la población palestina. Lo más llamativo, es que al interior de esa geografía tienen lugar importantes ríos tales como el Ayalon, Habesor, Jordán y Lakhish, los cuáles son adjudicados como propios por el Estado ocupante.
Cabe remarcar que Mekorot es denunciada hace años por desviar el Río Jordán en Cisjordania y Jordania, con el objetivo de proveer agua a los colonos israelíes, llegando estas denuncias a través de dos informes elaborados por la ONU:
El consumo mediano en los territorios palestinos ocupados es de 30 litros menos que los 100 litros per cápita diarios, sugeridos por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el consumo por cabeza diario de un israelí supera los 300 litros. La empresa también es denunciada por negarse a abastecer de agua a los palestinos, pese a que el mismo Tribunal Superior de Israel les reconoció el derecho al agua.
¿Será Mekorot en Argentina una gota que rebalse el vaso? ¿Se vendrá con ella un arancelamiento de los servicios de agua? ¿Se mercantilizará el bien común natural y público en forma discriminatoria? ¿Sacarán mayor provecho el triple lobby minero, agroexportador y minero que las poblaciones que exigen el ejercicio del derecho humano al agua? A pesar de que Mekorot todavía no ejecuta sus planes, ya está adentro de Argentina. Una empresa que simboliza la institucionalización de la guerra por el agua será la encargada de llevar adelante una nueva era en la historia de este bien público en el país.
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