Después de 10 meses de vigencia de la medida cautelar que trababa el inicio del proyecto, sorpresivamente los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez decidieron borrar con el codo lo escrito anteriormente por su par Santiago Martín, quien mediante una resolución emitida en octubre pasado, consideraba"insatisfechos" los requerimientos para el inicio de las actividades hidrocarburíferas y señalaba la “falta de participación de la Administración de Parques Nacionales” al tiempo que exigía “la presentación de un informe ambiental que atienda los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos”.

En un giro de los acontecimientos, la cámara de Apelaciones consideró que estos requerimientos ya fueron cumplidos por los últimos informes presentados por la petrolera Equinor, con el aval del Ministerio de Ambiente y Desarrollo.

Si la falta de un informe que contemple todo el desarrollo del proyecto y no sólo la etapa inicial –la exploración-, junto a la demostración de que la zona afectada se trata de un complejo ecosistema donde convive una diversidad de especies y contiene una alta importancia para la reproducción y alimentación de las mismas, continúan. ¿Qué cambió para que la justicia cambiara de opinión?

Todo indica a la influencia de factores externos y presiones. Del gobierno, sectores empresariales portuarios, de la CGT y las amenazas de Equinor de retirar sus inversiones en el país. No es casual que amanezca este lunes la resolución, luego de la negociación sostenida la semana pasada entre Flavia Royón –secretaria de Energía- y directivos de Equinor.

Tampoco es casualidad que dicho encuentro se diera en el marco de la aprobación de la tercera revisión del acuerdo entre el staff del Fondo y el equipo económico argentino, donde uno de los objetivos tiene que ver con aumentar las reservas y la obligación de desembolsos de pagos por más de USD 3500 millones entre capital e intereses para el 2023; el problema de la búsqueda desesperada de dólares mediante la profundización del extractivismo es a costa de qué y para beneficio de quién.

Desde las comunidades costeras sostienen que se trata de un “nuevo atropello” que sigue sin contar con la licencia social requerida para avanzar en el proyecto. Por lo que convocan a concentrarse mañana a partir de las 10 30 hs. en las puertas de la Cámara de Apelaciones para repudiar sus acciones y declaran que “seguirán firmes con acciones judiciales y profundizando la lucha en las calles”.