Si bien en marzo del año pasado el Ministerio de Ambiente de la Nación creó el Programa de Humedales a través de la Resolución 80/21, el proyecto de ley que unifica otros 12 proyectos para la protección de los humedales, pierde estado parlamentario tras no ser ingresado por el Ejecutivo Nacional en las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso Nacional.
El proyecto ya había sido aprobado por la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara Baja, sin embargo ahora deberá hacer todo el recorrido de nuevo, pasando por comisiones y ambas cámaras del Congreso, lo cual se repite por tercera vez en ocho años. En ocasiones anteriores (2013 y 2016) se trataron proyectos similares que lograron media sanción del Senado, pero no pasaron de la Cámara de Diputados por demoras en su tratamiento.
Esta normativa es resistida por el 'triple lobby', según lo categorizan las organizaciones ambientales: el minero, que disputa recursos estratégicos como el litio en humedales de altura, el inmobiliario, que avanza con construcciones para barrios cerrados, y del agronegocio, que implanta el modelo del monocultivo de transgénicos (soja, maíz, trigo) y agrotóxicos. Los incendios de los humedales como el Delta del Paraná, son acciones concretas para el expansionismo de estos sectores.
El contrapunto de los negocios concentrados, es la diversificada riqueza natural de los humedales, única a nivel mundial por su flora y fauna. Además, estos ecosistemas ocupan 600.000 km2 (el 21,5% del país) y también son fundamentales para actividades locales y regionales, económicas y sociales, son proveedores de agua dulce y previenen inundaciones.
El contrapunto que se suma al Gobierno Nacional es doble, en el sentido que contradice los objetivos para la 'descarbonización' de la economía en un mundo cada vez más caliente, y por otro lado, mientras se cajonea la Ley de Humedales, ingresa a extraordinarias la Ley de Hidrocarburos, que busca estimular la producción y las exportaciones de gas y de petróleo en un horizonte a 20 años mediante una serie de beneficios, que incluyen el acceso parcial a divisas y la rebaja de impuestos.
Un conflicto vigente en este sentido, es la disputa que mantiene el Gobierno con sectores de la sociedad civil en la costa bonaerense, donde el Atlanticazo dio pie a las medidas cautelares de la Fiscalía Federal Nº1 de Mar del Plata para frenar las exploraciones sísmicas.
Ante el panorama general, organizaciones ambientales, políticas, sindicales y comunitarias, critican la prioridad del gobierno para la acumulación de divisas en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la postergación de la preservación de áreas naturales claves.
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