El proyecto de ley que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que marcha para ser tratada en el Senado, se enmarca en un momento de agravamiento de la crisis ambiental y climática que afecta al mundo entero, pero que en el ámbito local se agudizó por los incendios forestales y los impactos producto de la megaminería. Al incluir la temática en la educación curricular se pretende concientizar a corto, mediano y largo plazo sobre el cuidado y la preservación del medioambiente desde distintas perspectivas: el respeto por la biodiversidad, un abordaje holístico, enfoque de género, participación y formación ciudadana, entre otras.

El diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, uno de los principales impulsores de la la ley, expresó en la sesión: "Esta es una oportunidad formidable para poder construir con el conjunto de nuestra sociedad un debate que nos permita consolidar un nuevo paradigma de desarrollo que sea sustentable, que sea ecológico, que nos permita pensarnos a nosotros y a nosotras, las personas, no como dueños del planeta sino como partes del planeta. El tiempo es ahora y estamos llegando tarde. Pongámonos a trabajar." Grosso propuso que la ley lleve el nombre de Fernando "Pino" Solanas, fallecido el año pasado por covid-19, en homenaje a su compromiso político con las cuestiones ambientales.

Por otro lado, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, se refirió a la ley:  "Se trata de un nuevo paradigma que llega para quedarse, para elevar la conciencia, el respeto y el amor que tenemos por nuestra casa común, para aportar perspectiva ecológica, gestar los instrumentos que hagan falta y potenciar el desarrollo sostenible, la preservación y el cuidado del ambiente." El proyecto fue enviado desde el Poder Ejecutivo, presentado por el ministro Cabandié en conjunto con Alberto Fernández, Presidente de la Nación, y Nicolás Trotta, Ministro de Educación.

Sin embargo, y más allá de la importancia de aplicar políticas públicas destinadas a concientizar, sensibilizar e informar sobre el cuidado del medioambiente, estas medidas resultan un tanto contradictorias con otras formas políticas que también adoptan los gobiernos nacionales y provinciales en materia ambiental. Hace unas semanas se desató un feroz incendio en la Patagonia argentina, que tuvo, y tendrá, severas consecuencias para el ecosistema, además de haber destrozado viviendas de los habitantes de la comarca andina. "Todo fuego es político" es la consigna con la que militantes, activistas y vecinxs denuncian los recurrentes incendios- la mayoría sospechados de ser intencionales- que está llevándose por delante la flora y la fauna argentina. En los primeros días del 2021, ya fueron quemadas 40.000 hectáreas, una situación alarmante. A esto se le suman las decisiones políticas de Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, apoyado por el gobierno nacional, para imponer la megaminería en la provincia. A pesar de la permanente organización y movilización civil en rechazo a estas medidas, la 'Mesa Nacional para el diseño del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino' quiere zonificar Chubut.

La aprobación de la Ley de Educación Ambiental seguramente tendrá importantes implicancias sociales, culturales y políticas, pero debe ser acompañada de decisiones que protejan el medioambiente y regulen la explotación ambiental y el extractivismo, ya que como bien señalan miles de activistas y militantes: no hay un planeta B.