Por Victoria Marconetto para Enfant Terrible
“Lo que sucede en Córdoba no debe cubrirse con un manto de fuego posterior”
Joaquín Deon
Una vez más el fuego en Córdoba avanzó y ocupó la agenda pública en temporadas de alto riesgo. Algunos días después, los reflectores ya se alejaron. Sin embargo, es mucho lo que deja atrás y aún más a lo que le abre paso. ¿Qué pasa después? Esa pregunta nos llevó a Joaquín Deon, licenciado en Geografía y doctor en Estudios Sociales Agrarios.
En 2017 el Instituto Gulich (CONICET-CONAE) presentó un informe en el cual detalló que, entre 1999 y 2017, se había quemado una superficie equivalente a doce veces la capital cordobesa. ¿Qué pasa hoy?
El fuego como mecanismo sostenido en el tiempo abre distintos interrogantes. El primero que encontramos es: ¿Cómo llegamos hasta acá?. Ante esto, Deon propone pensar al incendio como "un conjunto de territorialidades en disputa”. Desde allí establece dos ejes de responsabilidad: públicas y privadas.
“Por un lado está la sostenida política de no realizar educación para la prevención de los incendios. El Plan Provincial para el Manejo del Fuego y el Sistema Federal tenían una serie de cartillas y currículas de enseñanza importante en ámbitos educativos locales. Se dejó de utilizar”.
Y continúa: “En el año 2023, el gobernador Schiaretti decidió dejar de implementar el sistema de monitoreo y alerta temprana de incendios mediante los puestos vigía de Bomberos Voluntarios”.
Junto con esto, detalla cómo en el presente, por decisión del gobierno de Javier Milei y la canciller Diana Mondino, hubo un cese del giro de fondos provenientes de los programas de Naciones Unidas, propios del cumplimiento de los protocolos de París y Kioto, para la prevención del cambio climático, sin que fueran suplantados por ningún otro.
Hacer historia del fuego en Córdoba, es también trazar un mapa sobre los mecanismos de negociados que se estructuran en la región. Al momento de narrar estos procesos, se propone como elemento central la necesidad de disminuir el riesgo de la utilización del fuego para el cambio del uso de la tierra, ¿por qué?
“Son cambios que están prohibidos en la Ley 9.814 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, pero que han generado en el ultimo tiempo un conjunto de pruebas muy importantes en trabajos de investigación de los que he participado con múltiples estrategias para modificarlos”, afirma Deon.
Los “usos del suelo” son las distintas categorías con las que se clasifica el territorio en
ordenamientos territoriales y códigos urbanos.
En la Ley 9.814, también conocida como Ley de Bosques, se establece que hay partes del territorio que tienen características que deben ser preservadas para la vida, y por ende, no pueden estar sujetas a su explotación comercial, turística o financiera. Hay tres categorías: "Zona Roja", de alto nivel de conservación); "Amarilla", de mediana conservación); y "Verde", para referirse a la tierra que puede ser transformada parcial o totalmente.
“Si queremos tener una estimación en las superficies incendiadas en los últimos 10 años, la mayor parte se concentró en la pandemia. Entre el año 2021 y 2022 se quemaron aproximadamente 410 mil hectáreas en la provincia de Córdoba. Esos bosques nativos que se incendiaron tuvieron una serie de cambios en el uso de la tierra que tenemos que considerarlos espacialmente, pero también nombrando a sus agentes”, señala Deón.
En el Norte y Centro del Valle de Calamuchita, en la porción serrana de Yacanto, El Durazno, Amboy, Villa Amancay, suenan los nombres de Evi Desarrollos, Grupo Sicer e inmobiliarias y hoteleras provenientes del sector agropecuario, con capitales entre los que destaca Agroempresa Colón. Así mismo, en Villa Allende la empresa minera El gran Ombú tiene un lugar destacado en los mecanismos para modificar el uso de la tierra.
“Han desarrollado una estrategia muy aceitada. Tras los incendios solicitan autorización para realizar carreras o circuitos de enduro, cuatriciclo o motocross. Esto se repite en Sierras Chicas. Esas carreras no cuentan con los estudios de impacto, ni avisos de proyecto como establece el Artículo 2, Inciso 3, de la Ley 9.814. A partir de allí y con la aprobación de la Secretaría de Deportes, generan excusas para las dos estrategias más utilizadas en los últimos años”, advierte el geólogo.
La primera, es la declaración de obras de interés público: «En estos 10 años hubo crecidas que damnificaron a las localidades cercanas como son los casos de Sierras Chicas, Santa Rosa, Villa Berna, Inti Yaco. Se ofrecen a realizar estas obras contenidas en el artículo 14, y ejecutan grandes movimientos de suelo haciendo 'obras de retención de excedentes hídricos'".
Allí no termina: “Mientras las ejecutan, solicitan permisos en los municipios próximos para generar loteos, fraccionamiento territorial o complejos de chacras o cabañas donde se utilizan estos circuitos, para llegar a los cursos de agua para la pesca de trucha”.
En las zonas en las que no se encuentran estos ríos, estas prácticas encontraron métodos alternativos a través del artículo 37 de la Ley de Bosques: “El mismo permite minería en las zonas rojas, resultando regresivo con respecto a la Ley Nacional 26.331. Podemos destacar como zonas de avance minero en Candonga, Villa Allende o La Calera”.
“Estos procesos implican el permiso para la explotación minera, por lo que se interviene la zona con esta actividad y después con vista al cráter realizar proyectos inmobiliarios”.
Con características similares y procesos de resistencia a su avance, podés retomar el caso de El Gran Ombú, Villa Allende: https://enfantterrible.com.ar/ambientalismo/el-lobby-minero amenaza-la-reserva-natural-villa-allende/
En este punto incorpora, las transformaciones producidas en La Calera. La Deseada es un complejo de 5 barrios cerrados que se están ejecutando en zona roja y amarilla en los mapas de la Ley de Bosques, con permiso de las autoridades locales.
Cabe aclarar que por lo establecido en esa norma, las “Zonas Amarillas”, de mediana conservación, solo pueden pasar a ser “Zona Roja” de alta conservación, y no en el sentido inverso para cualquier otro tipo de actividad.
“En los territorios incendiarios en Zona Norte de Sierras Chicas, Villa Cerro Azul, El Manzano y Salsipuedes, los avances mineros se ejecutan escudados en los avisos de proyecto que incorporan que el bosque se ha deteriorado”, explica el geógrafo.
Continuando con su relato, es preciso darle un lugar especial a lo que sucede en el Norte de Córdoba, donde la firma agrícola "Oro Verde" del legislador provincial oficialista Gustavo Eslava, ha generado cambios en el uso del suelo: "Despojando a las familias e introduciendo agrotóxicos en esos territorios, dañando las cuencas hídricas. La propia empresa llama a este proceso como 'sojizacion' de la zona".
Sobre las consecuencias inmediatas del fuego, el investigador pone el acento en dos realidades, convocando a construir alertas y programas para la recuperación de lo arrasado.
Luego del incendio ante las precipitaciones, estos territorios se transforman en “toboganes”. “Cuencas que arrastran cenizas, animales muertos, contaminan los causes hídricos. Contaminan y mueren animales producto de la alimentación con materia orgánica muerta o contaminada”, explica.
Advierte también que se pueden incluir otras formas de apropiación a las ya mencionadas, con consecuencias que afectan centralmente a familias y comunidades locales: “Se da un proceso de desvalorización, en el que se presiona a las familias para su relocalización y venta barata de la tierra”.
En su tesis doctoral, Deon presentó un estudio sobre 2.000 (dos mil) inmuebles en el que se constata esta metodología: “Fraccionan la tierra sin ninguna presentación ante el Estado de los nuevos planos de loteo de viviendas, cabañas, Airbnb o complejos residenciales de élite. Sin modificar formalmente el cambio en el uso de la tierra, lo cual genera conflictos territoriales y sociales de todo tipo.”.
Los últimos incendios ocuparon la agenda pública, desplegándose incluso como una crisis nacional para los distintos Estados. Un lugar especial merecerían las brigadas autoconvocadas que construyeron un sistema de respuesta en todo el territorio, y con eso un mapa de la urgencia y solidaridad desplegada ante los focos activos.
¿Cuál es el momento para sostener la alerta? ¿Qué implicaría una política integral de respuesta y abordaje de estas transformaciones?
Sobre esto, Joaquín transmite: “Recientemente el gobierno provincial a través de la Dirección de Ordenamiento territorial de Bosques Nativos, su ministra de Ambiente (Victoria Flores) o la Vice Gobernadora Prunotto, se han manifestado por la actualización de los Mapas contenidos en la ley”.
Pone en relieve una pregunta central: “¿Por qué se está hablando de actualizar el mapa de la Ley Provincial 9.814 y no su texto que también es regresivo? El Estado provincial no quiere que se toque el artículo 14, que es mediante el cual se efectivizaron estas obras y las autovías de Punilla o Paravachasca sobre campos incendiados”.
“Si incluimos la ampliación del Segundo Anillo de Circunvalación, estamos hablando de un territorio de 156 mil hectáreas en esta zona”, especifica. ¿Por qué no actualizar la ley con las consecuencias evidentes de los artículos 14 y 37?
Para cerrar, Joaquín destaca que “donde hubo monte el bosque vuelve”, e introduce la necesidad de evitar, luego del incendio, la ganadería a escala industrial en esos territorios o cualquier uso perjudicial para su recuperación. Junto con esto, planes de trabajo para la restitución del monte, sus capas y otras formas de vida presentes en estos ecosistemas, evitando su caza y captura.
"Ante suelos destruidos es necesaria la revegetación incluyendo 'fajas de retención' de materia organiza muerta, con el objetivo de que el agua no baje a las laderas produciendo mayores niveles de contaminación", concluye.
Entre fuego y fuego, avanzan procesos de transformación permanente. Apagarlo es urgente, pero solo una parte de lo que debería ser una política de recuperación de la tierra arrasada y sus consecuencias ante el riesgo de que estos territorios se sostengan como rutas de negocios que, todos los años, queman.
Fuentes:
Deon, J. (2022) Luchas por la tierra y el agua en Sierras Chicas, Córdoba 1990-2020. Planeamiento regional de cuencas y conflictos sociales. https://drive.google.com/file/d/1CPYThM9__BmqHoW4p-f7TbCrw00H59SX/view
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