Perdidos en el fuego: entre leyes, presupuestos, intereses y negligencias
En la primera mitad del año, las partidas asignadas a este tema, tanto para el Manejo del Fuego como para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, fueron sometidas a una notable reducción en su ejecución. ¿Cómo llegamos hasta acá?
Durante el mes de Agosto comenzó el proceso incendiario que vivimos todos los años los cordobeses, pero esta vez, además de las cuestiones climáticas, se nos han sumado factores políticos y presupuestarios que hicieron que el fuego arrasara con un aproximado de 40.000 hectáreas en lo que va del año.
Ya son dos los detenidos en la causa que investiga el origen del fuego en Punilla Norte, sumado a la investigación interna que se inició a las Fuerzas Armadas por la situación originada entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre en La Calera, donde prácticas negligentes durante entrenamientos militares habrían ocasionado principio de fuego. Con respecto a los dos sujetos detenidos, el gobernador Martín Llaryora había anticipado el día viernes que la provincia pedirá ser querellante en la causa judicial que busca determinar el origen del fuego.
Mientras tanto, se masifica el pedido de que se declare “emergencia nacional”, sin embargo el Gobierno nacional hace oídos sordos y son otras provincias las que nos envían ayuda. Tal ha sido el caso en los últimos días del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof junto con su director de Defensa Civil, Fabián García, decidieron enviar dos helicópteros para mitigar la situación, sumándose a esfuerzos anteriores de la Provincia de Chubut que envió ambulancias, y de Santa Fe, que aportó recursos policiales.
Incendio en Capilla del Monte, Punilla Norte, Córdoba. Foto: gentileza de Nicolás González -Brigada Sacha San Marcos Sierras (ALIAS: BRIGADA.SACHA.SMS)
¿Cómo llegamos hasta acá?
Mediante el DNU N°70/2023, que fue el decreto de inició la desregulación del Estado que propone y lleva adelante el presidente Javier Milei, se comenzó a observar un desdén por el desarrollo y el cuidado ambiental. De aquel largo texto podemos destacar:
Derogación de la Ley de Tierras
• La norma, actualmente derogada, ponía límites al dominio extranjero sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales. Esto atenta contra los bosques nativos y humedales e incentiva su destrucción.
Energías renovables y minería
• Se desarmó el Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS) que otorgaba préstamos y estímulos a quienes incorporaran en sus residencias equipos de generación de energía para autoconsumo o para ser introducidas a la red.
• Se derogó la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera.
A su vez, en ese momento se planteó una incógnita sobre la Ley de Manejo del Fuego (LMF - Nº 26.815)que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en relación a incendios forestales y rurales. Milei había anunciado la modificación de esta ley, sin embargo, en el DNU publicado no figuró ningún artículo que modifique esa norma. Posteriormente, lo que sí sucedió es que mediante la Ley Bases, en el artículo 5 de su reglamentación, se eliminó el fideicomiso para la administración del Fondo Nacional de Manejo del Fuego, dejándonos sin recursos necesarios para prevenir y afrontar los incendios.
La LMF fue sancionada por el Congreso de la Nación a finales de 2012. Desempeña un papel fundamental en la definición de los presupuestos mínimos para la gestión de incendios forestales y rurales, enfocada en la preservación del medio ambiente. Sin embargo, en la primera mitad del año, las partidas asignadas a este tema, tanto para el Manejo del Fuego como para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, fueron sometidas a una notable reducción en su ejecución, alcanzando apenas el 26,7% de su presupuesto vigente.
Al comparar estos datos con los mismos períodos de años anteriores, se observa que este porcentaje se aleja considerablemente del 45%, 70% y 78% ejecutado en 2021, 2022 y 2023, respectivamente.
Incendio en Capilla del Monte, Punilla Norte, Córdoba. Foto: gentileza de Nicolás González -Brigada Sacha (ALIAS: BRIGADA.SACHA.SMS)
Por otro lado, otra ley que se ve azotada por las decisiones del gobierno nacional es la Ley Nacional de Bosques Nativos (N°26.331), sancionada en 2007, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. Lo dice específicamente el Art. 40: “En los casos de bosques nativos que hayan sido afectados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos que los hubieren degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de tareas para su recuperación y restauración, manteniendo la categoría de clasificación que se hubiere definido en el ordenamiento territorial”.
La Ley de Bosques proporciona fondos a las provincias para la protección, conservación, manejo sustentable de los bosques y control de desmontes ilegales. Si las provincias reciben menos presupuesto, habrá menos capacidad para controlar estos desmontes, lo que probablemente aumentará el desmonte ilegal, pero el gobierno socava este objetivo mediante medidas presupuestarias. Lo más reciente se presentó en el texto del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2025; aquí el Poder Ejecutivo asigna $9.090.909.091 (nueve mil noventa millones novecientos nueve mil noventa y uno pesos) al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, y $909.090.909 (novecientos nueve millones noventa mil novecientos nueve pesos) al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos.
Sin embargo, estos montos representan solo el 2,5% de lo que realmente debería destinarse a la protección de los bosques si se cumpliera la ley.
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley de Bosques, el fondo debería recibir al menos el 0,3% del presupuesto nacional, lo que para 2025 debería ser de $352.664.245.606 (trescientos cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y cuatro millones doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos seis pesos), una cifra muy superior a la que se propone. Además, el fondo también debería contar con el 2% de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas, ganaderos y forestales del año anterior. Mientras tanto, durante este año el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos recibió 18 veces menos de lo que debería por ley.
El recorte presupuestario de la cartera ambiental de Nación va en línea con la desjerarquización que sufrió esta área con el actual gobierno, pero a esa línea nacional se le suma el antecedente provincial: Mediante el Decreto 1157/17, a partir del 1 de agosto de 2017 el gobernador Schiaretti dio de baja al Fondo Especial que recibía el Plan de Manejo del Fuego. Ese fondo se conformaba con la recaudación de aportes a través de la factura de EPEC, se recaudaban 98 millones en 2017 para atender el plan que tenía un destino específico, que se encontraba especificado en el mismo texto de la ley: comprar aviones hidrantes en pos de prevención y educación ambiental.
Al no acatar la Ley Nacional de Manejo del Fuego, lo que perdemos es la posibilidad de tener un sistema de alarma temprana que permita tener cuerpos de bomberos en vigía desde lugares estratégicos, y esto deja ver sus resultados en la cantidad de hectáreas destruidas. Con el plan activo en 2010, hubo 210 incendios que provocó la pérdida de 10.200 hectáreas, mientras que, en 2024, en un solo incendio se perdieron 12.000 hectáreas.
Gran parte de la superficie quemada corresponde a áreas protegidas, dejando en evidencia el abandono y la falta de políticas públicas eficaces, así mismo la gran mayoría de los incendios se ocasionan por actividad humana, sea intencional, accidental o negligente. La experiencia repetida con incendios deja en evidencia que los principales propósitos provienen de intereses vinculados al agronegocio y a megaproyectos inmobiliarios, que responden a una lógica migratoria, que se da desde las grandes urbes y a un desplazamiento constante a zonas que ya han sido quemadas en otros años.
Al momento, la desesperación en la ciudadanía cordobesa tiene un solo resguardo: la entrega y trabajo de brigadistas y bomberos que desde hace días no tienen descanso. Mientras se exige la Emergencia Nacional, lo único real es la gestión popular y la solidaridad interprovincial.
¿Hasta dónde las élites revolucionarias estuvieron dispuestas, exigidas por las circunstancias, a modificar las jerarquías sociales y plasmar un igualitarismo difundido a partir de la retórica revolucionaria?
¿Qué se discute cuando se habla de una EPEC como posible Sociedad Anónima? ¿En dónde se pone el foco del tema energético frente a la actual coyuntura? ¿Qué nos dicen la historia y la experiencia de otras SA?