El pasado lunes 23, luego de 8 años de lucha en las calles y a 3 años de la presentación del Amparo Ambiental ante la Justicia Federal, se dió a conocer el fallo tan esperado por lxs vecinxs de la zona sur de la Ciudad de Córdoba. El objeto del mismo hacía foco en el cese de la contaminación y erradicación de la empresa Porta Hnos. debido a la inhabilitación para la producción de bioetanol, estando la misma ubicada en medio de barrio San Antonio, poniendo en peligro la vida de cientos de familias. Sin embargo, a pesar de reconocer que dicha producción es de carácter ilegal, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja no toma cartas en el asunto en relación al cese de la producción y le pide a la empresa ponerse en regla en 90 días hábiles.

Por un lado, en un primer momento de la resolución se dictamina “rechazar la presente acción de amparo entablada en contra del Estado Nacional” quitándole así la responsabilidad a la Secretaría de Energía y Minería de la Nación, es decir, a la principal demandada. Es así que el foco se corre a un plano provincial, exigiendo a la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Córdoba que cumpla con su labor luego de haber estado 8 años en falta.

Por otro lado, en la sentencia el juez a cargo reconoce que la empresa produce bioetanol a pesar de que no posee la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como lo exigen las normativas de la Ley de Residuos Peligrosos Nro 24.051, ni tampoco cumple con las exigencias de la Ley Provincial de Uso de Suelo Nro 9.841. A pesar de ello, le exige a la empresa que en 90 días hábiles presente a la Secretaría de Ambiente una Evaluación de Impacto Ambiental según lo estipula la Ley Provincial de Políticas Públicas Ambientales 10.208. Esto llama particularmente la atención ya que dicho estudio debe realizarse de manera previa al inicio de cualquier tipo de actividad productiva. Sin embargo, la empresa produce bioetanol desde el año 2012, por ende, este pedido por parte del juez puede interpretarse como irresponsable y de falta de conocimiento de los fines o aplicaciones de dichos estudios, ya que no existe un San Antonio sin Porta en el cual se pueda comparar el impacto que han tenido estos años de contaminación ilegal.

No es un estudio, es la Vida

La lucha en las calles contra el monstruo Porta lleva ya 8 años; en consonancia con ello la semana pasada en las veredas de Tribunales Federales, vecinas de la zona sur junto a organizaciones sociales y políticas llevaron adelante un acampe de 4 días en el que se exigía a Vaca Narvaja un respuesta favorable luego de 3 años de pelea judicial. Pero la cuestión va más allá, ya que lo que se viene buscando visibilizar y problematizar no tiene que ver meramente con una cuestión judicial o papeleos de habilitación, sino también con la veintena de problemas de salud y padecimientos (como cánceres de piel, dermatitis, conjuntivitis crónica, cefaleas, abortos espontáneos, asma y hasta muertes de niñxs) que se sufren en la zona sur de la Ciudad de Córdoba desde que se produce allí bioetanol.

A pesar de que en el fallo de 89 hojas se citan diversos tratados internacionales de Derechos Humanos y de que se reconoce la importancia de vivir en un ambiente sano y seguro que garantice las condiciones dignas de vida según lo dicta el Artículo 41 de la Constitución Nacional, la resolución emitida en solamente una carilla no provee las medidas necesarias en consonancia con estos planteos, desconociendo que mientras la empresa produzca de manera ilegal, las vidas cercanas a ella permanecen en riesgo las 24 horas del día.

¿Cómo se sigue en los pasillos de la justicia federal?

Hoy jueves en horarios de la mañana, una de las partes de las vecinas que lleva adelante la causa representadas por el abogado Ramiro Fresneda junto a organizaciones sociales y políticas, elevaron una apelación hacía la Cámara Federal de Justicia. La misma hace hincapié en que, si bien en la resolución el juez reconoce que la empresa no tiene habilitación, es justamente por ello que su producción debe cesar de manera inmediata. Silvia Cruz expresó que “en lo que resta de estos meses de apelación vamos a tener que seguir padeciendo los olores, la contaminación que significa enfermedad y muerte” ya que, si bien se realizó la presentación, llega la feria judicial en la que los jueces no revisarán los expedientes hasta el mes de febrero.