Por El Resaltador y Enfant Terrible

Pasó un año desde la madrugada en que las fuerzas policiales reprimieron el acampe en Molinari contra el avance ilegal de la autovía de Punilla.

Este mediodía, se realizó una movilización en Cosquín, Punilla, para reclamar contra la criminalización de la protesta ambiental, y por el avance de la justicia en la denuncia realizada contra las fuerzas de seguridad que actuaron violentamente contra los defensores ambientales.

“Entraron, nos empezaron a empujar, nos arrastraron. Hay compañeros que no tienen ni su celular, ni su documento, están descalzos y sin abrigos. Estábamos en plena oscuridad, lo único que atinamos fue a garantizar nuestra vida y a encontrarnos para salir en conjunto”, expresó en ese entonces Eugenia Caraballo, de la Asamblea Socioambiental San Roque Despierta, parte del colectivo de las Asambleas de Punilla.

La justicia procedió a la imputación de algunos defensores ambientales, es decir, criminalizándoles en lugar de reconocerles como víctimas de la violencia del Estado. Posteriormente, desde las asambleas ambientales denunciaron a los efectivos policiales que participaron de la represión.

Conversamos con el abogado René Amsler quien señaló que no hubo avances en la justicia al respecto.

“La empresa y el gobierno actúan por la fuerza, con represión, con imputaciones y detenciones. Los defensores ambientales son las víctimas que fueron desalojadas por la fuerza en una actitud ilegal. Hubiera agradecido que las imputaran, que tuvieran un proceso penal. Pero las llevaron a la fuerza a la noche, en descampados, siendo la mayoría de mujeres, a los gritos, con linternas en la cara, cuando estaban descalzos. Hicieron un desastre con sus pertenencias, las orinaron, las patearon, las destruyeron a propósito para que no volvieran. Entonces, esto es un acto de terrorismo de Estado. Es toda la fuerza del estado actuando con violencia sin orden de ninguna naturaleza”.

Sobre la denuncia contra las fuerzas policiales, el abogado indicó que la Fiscalía, hasta el día de hoy, no ha investigado.

“Simplemente abrieron un sumario y lo dejaron ahí planchado. En este momento, se encuentra en Carlos Paz porque la fiscal Kelm de Cosquin se apartó del caso y lo mandaron a Carlos Paz a la fiscal Jorgelina Gómez que rápidamente dijo acá, no se ve que haya un delito acá. Este es un aspecto del actuar terrorista: utilizar los mecanismos del Estado para no investigar allí en donde se cometen los actos de terrorismo, es redondito. Es el cuadro de la criminalización de la protesta social” apuntó Amsler.

También dialogamos con Majo de la brigada territorial del Río Yuspe, quien recordó los acontecimientos del 10 de mayo pasado.

“El comisario departamental Bracamonte, que después de todo esto fue removido, estuvo diciendo 'chicos no se preocupen, no vamos a hacer nada. No se preocupen que no vamos a hacer nada que no sea dialogando con ustedes'. Y después vino la traición”.

“Hicieron el desalojo de esa manera para meternos miedo, por eso le decimos que es de las viejas metodologías terrorismo de estado, porque nos meten miedo. Entonces es la misma sociedad la que tiene miedo”, agregó la brigadista.

Por último, la defensora ambiental, señaló que la discusión no es autovía sí o no. “Es desde dónde nos paramos para dar nuestro mensaje, para que más adelante la próxima generación no haga una autovía, para que aprendamos a defender cómo queremos vivir”.

A un año de la implementación del terror para reprimir las movilizaciones ambientales en Punilla, y a casi cinco años de conflicto por las autovías de montaña en Córdoba, la no resolución del Poder Judicial local continúa demostrando la complicidad con el avance del extractivismo, en detrimento del escaso monte nativo.