La Asamblea "El Algarrobo" de Andalgalá impulsó junto a otras organizaciones sociales, territoriales, políticas, medios autogestivos y vecinos de la zona, la Caminata por el Agua y por la Vida número 650 el pasado sábado. En el Dia Mundial contra la Megaminería, las comunidades siguen exigiendo "que bajen las máquinas del cerro"

Tras varias semanas de agitación por la represión desatada por la Policía de Catamarca la semana pasada, en la que fuera golpeado brutalmente un adulto mayor, las organizaciones continúan denunciando que la empresa Minera Alambrera-Agua Rica (MARA) "carece de permiso" para desarrollar la exploración del yacimiento que habría en la zona, ademas de no tener licencia social ni haber presentado estudios de impacto ambiental.

En 2016 la Corte Suprema validó un decreto que declaraba inconstitucional la megaminería. Este decreto fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, de menor rango. Desde entonces la batalla legal está trabada

A pesar de su flagrante ilegalidad, la minera cuenta con el respaldo político del gobernador Raúl Jalil y sino con el permiso al menos con la anuencia del Estado Nacional. En 2021 las máquinas de la empresa lograron subir al territorio donde se ubicaría el yacimiento aduciendo ser una "actividad esencial" mientras regía el Aislamiento Preventivo por la pandemia de Covid-19.

Desde entonces, los vecinos de la localidad de Choya, en Andalgalá impulsaron un acampe a más de 3000 msnm para intentar evitar que las excavadoras y el personal de la minera pueda destruir el territorio. ". “Hay chicos desde los 13 años que están en el cerro defendiendo nuestra agua” contaron los vecinos en diálogo con Agencia Tierra Viva.

Como respuesta, la minera desplegó una estrategia de persecución política y judicial contra los vecinos que incluyó varias represiones policiales y parapoliciales, 86 causas judiciales armadas, intimidaciones y amenazas, entre otras prácticas mafiosas.

En el marco del Día Mundial contra la Megaminería, resulta crucial evaluar si el modelo de estabilización económica que busca impulsar activa o pasivamente el actual gobierno, está necesaria y únicamente asociado a impulsar proyectos extractivistas que destruyen los recursos y los territorios, enferman a las comunidades y, demostrado está, no dejan regalía alguna que pague la magnitud del ecocidio.