El pasado martes un proveedor del proyecto minero Agua Rica (reactivado y nombrado recientemente como MARA: Minera Alumbrera - Agua Rica) atropelló a dos vecinxs que se manifestaban en un corte selectivo e informativo en la sección de El Potrero, localidad de Andalgalá, un camino que no está permitido transitar para la actividad minera desde el 2009, declarado así por el Ministerio de Minería de la Provincia.

Según el comunicado de la Asamblea El Algarrobo, momentos antes del hecho, un taxista llevaba a una persona con el uniforme de la minera Yamana Gold, motivo por el cual no se lo dejó pasar: "Inmediatamente después apareció otro vehículo particular Fiat Duna color gris patente AOP 025, manejado por una persona que en reiteradas oportunidades pasó pateando carteles e insultando". Esta persona "no respeta nunca el pedido de bajar la velocidad poniendo en riesgo la integridad de quienes sostenemos el bloqueo" denuncian.

A pesar de comunicarle de la medida de protesta y de buscar impedir que se desarrolle una actividad ilegal como el proyecto minero, el conductor del Fiat Duna insistió en pasar por ser proveedor de Agua Rica, incluso si eso implicaba atropellar a quienes lo impidieran, cosa que efectivamente hizo:  "Puso primera, aceleró a toda velocidad rompiendo el cono de seguridad que indicaba que la velocidad debía ser reducida, y salió raudamente embistiendo al grupo, en especial a dos compañerxs, arrastrando a uno de ellos 30 metros y dejando muy golpeada a la otra compañera. El compañero pasó por encima del capot, y como consecuencia de esta acción se rompe el parabrisas". Luego de la embestida, el chófer se bajó insultando y queriendo golpear al vecino atropellado, por lo que otro integrante de la asamblea se interpuso.

Rápidamente apareció un móvil de la policía y en lugar de pedir atención médica para las personas hace instantes atropelladas, pidieron refuerzos y luego responsabilizaron a lxs manifestantes por el hecho debido al corte, desconociendo el derecho a la protesta y toda la problemática que atraviesa al territorio. Luego de una discusión sobre estos puntos, "un efectivo policial se dirigió a uno de los compañeros de forma amenazante, argumentando que sabe que él no nació en Andalgalá y que por ese motivo, podría llegar a detenerlo para averiguar sus datos. Y al resto de lxs compañerxs les manifestó que sabe quiénes son y dónde viven".

Por este tipo de situaciones, desde la Asamblea habían presentado un habeas corpus preventivo que fue rechazado por el juez Rodolfo Cecenarro, el mismo que el 25 de febrero 2010 ordenó la brutal represión ejecutada por Infantería, grupos especiales y la policía local para levantar el corte de ruta que se oponía al mismo proyecto que hoy pretenden reactivar.

Si bien ya se realizaron las denuncias pertinentes en la Comisaria Departamental se espera que actúe la Fiscalía de la 2da Circunscripción para investigar al conductor del Fiat, ¿mientras tanto qué y quién garantiza que se respete el derecho a la protesta legítima? y sobre todo, ¿Qué y quién garantiza la integridad de las personas que lo ejercen?

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